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Se sigue moviendo el expediente judicial de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, quien enfrenta un proceso penal por su presunta responsabilidad en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Ante el despacho del juez 14 de control de garantías de Barranquilla (Atlántico), la Fiscalía General de la Nación adelantó una diligencia de adición de tres nuevos cargos: interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y tráfico de influencias.
Desde el pasado 1 de octubre estaba pendiente el desarrollo de la diligencia, que había sido aplazada por solicitud de la defensa del hijo mayor del presidente Gustavo Petro. La fiscal Lucy Laborde, quien desde hace un año tiene en sus manos la investigación, radicó el pasado 6 de septiembre una solicitud de imputación de nuevos cargos relacionados con la presunta asignación de contratos amañados a la Fundación Conciencia Social.
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Según las pesquisas del ente investigador, entre 2021 y 2022, Petro Burgos y su expareja, Daysyuris Vásquez, hicieron parte de una red criminal con la que lograron desviar COP 111 millones de la Gobernación del Atlántico, a sus bolsillos. Los dineros habrían sido girados a la Fundación Conciencia Social mediante contrataciones directas, pero el hijo mayor del expresidente, dijo la Fiscalía, se habría aprovechado de su influnecia política y social para beneficiarse ilegalmente de esos recursos públicos.
Ambos contratos, dijo la Fiscalía, tenían por objetivo “aunar esfuerzos en la implementación de la modalidad de centros de vida móviles para la atención de adultos mayores mediante acciones de orientación psicosocial”, entre el Departamento de Atlántico y la Fundación Conciencia Social. La fiscal Laborde argumentó que Petro Burgos habría hecho el puente para que su expareja se contactara con funcionarios de la Gobernación del Atlántico y la organización, acelerara la asignación de los contratos e inflara algunas de las cifras.
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La funcionaria del ente investigador aseguró que en el primer contrato, el hijo del presidente Gustavo Petro se habría quedado con COP 72 millones que habrían salido del pago de anticipos. En el segundo contrato, señaló, los recursos desviados sumarían los COP 39 millones y provendrían de la contratación de personas con salarios “inflados”. El exdente habría ido a parar a los bolsillos del entonces diputado del Atlántico, por medio de cheques y pagos en efectivo.
Desde el inicio de la audiencia, la fiscal Laborde señaló que haría la imputación en dos bloques. Sin embargo, se le quedó en el tintero el segundo bloque y la imputación de tres delitos: falsedad en documento público, falsedad en documento privado y falso testimonio. ¿La razón? Para el juez Ortiz Ángel la imputacion fue poco clara y ordenó suspender la diligencia hasta el próximo miércoles, 12 de noviembre, a partir de las 2:00 de la tarde, con el objetivo de que la investigadora estructure mejor su imputación.
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También la defensa de Petro Burgos y el delegado de la Procuraduría criticaron la imputación hecha por la fiscal. Coincidieron con el juez en que faltó claridad en su estructuración y señalaron que no hay elementos suficientes para determinar que el hijo mayor del presidente Petro interfirió en las contrataciones hechas entre la Gobernación del Atlántico y la Fundacion Conciencia Social. Alejandro Carranza, quien representa a Petro Burgos, señaló que “no hay prueba material” que sustente los señalamientos.
La funcionaria, por su parte, argumentó que el rol como diputado de Petro Burgos es suficiente para inferir que habría tenido un papel importante en la asignación de los contratos. “Ejerció su influencia política y social para la obtención de contratos que los favorecieran a usted, a su esposa Daysuris Vásquez y a otros terceros como Pedro Name y Gustavo de la Ossa”, dijo la fiscal Laborde. Sobre estas dos últimas personas, la Fiscalía aún no ha señalado si hará imputación de cargos por los mismos delitos y se espera que quede más claro en la diligencia del próximo miércoles.
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Reviva la audiencia:
Los nuevos delitos contra Petro Burgos
Al proceso que se adelanta desde 2023 contra Nicolás Petro Burgos por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, la fiscal Lucy Laborde agregó los cargos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y tráfico de influencia. ¿La razón? El hijo mayor del presidente habría hecho parte de un esquema criminal mediante el cual habría desviado COP 111 millones de recursos de la Gobernación del Atlántico a sus bolsillos y los de su expareja, Daysuris Vásquez.
En ese desvío de recursos, señaló la Fiscalía, Petro Burgos habría participado como interviniente, pues habría hecho las gestiones necesarias para que, aprovechando su rol y poder social, su expareja hiciera el puente entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social, para los supuestos contratos amañados.
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Los supuestos contratos amañados
La fiscal Lucy Laborde expuso durante la diligencia que entre Nicolás Petro Burgos y su expareja, Daysuris Vásquez, presuntamente se fraguó un plan para desviar dineros de la Gobernación del Atlántico a sus bolsillos, a través de la Fundación Conciencia Social, cuando el hijo mayor del presidente Gustavo Petro era diputado de ese departamento. Para las movidas ilícitas, argumentó el ente investigador, Petro Burgos se habría aprovechado de su rol como servidor público.
Petro Burgos Vásquez habrían “utilizado” la fundación en 2022 para desviar millonarios contratos para atención psicosocial de adultos mayores. Al parecer, el dinero habría ido a parar en cheques cobrados por terceros y dinero en efectivo entregado a Petro Burgos y a Vásquez. El dinero, dijo la fiscal Laborde, se habría desviado mediante dos mecanismos: primero, mediante el pago de anticipos; y segundo, mediante contrataciones de personas con salarios “inflados” en la fundación, cuya diferencia habría ido a parar a los bolsillos del mayor del presidente Gustavo Petro.
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Juez niega aplazamiento de la audiencia
El juez Jorge Alberto Ortiz Ángel le dio luz verde a la audiencia de imputación de cargos, después de que el pasado 1 de octubre se aplazara la diligencia por solicitud de Nicolás Petro y de su representante, el abogado Alejandro Carranza. Una vez más, la defensa del hijo mayor del presidente Gustavo Petro solicitó que se aplazara la audiencia, argumentando que no fueron previamente informados sobre los detalles de la imputación y que sobre la fiscal del caso, Lucy Marcela Laborde, pesa una recusación por el caso.
El togado argumentó que no es posible aplazar una vez más la diligencia con motivo de la recusación a la fiscal Laborde, pues la misma fue negada el pasado 30 de octubre, cuando la Fiscalía General de la Nación señaló que “no se demuestra la existencia de un interés personal de la fiscal en la actuación”, por lo que no hay razón para retirar a la funcionaria del caso.
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