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La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud presentada por la congresista Karen Manrique Olarte, quien buscaba autorización para ser trasladada bajo custodia del Inpec hasta las instalaciones del Congreso de la República el próximo 20 de julio, con el fin de tomar posesión de su curul para el periodo legislativo 2026-2030. La funcionaria es investigada por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La defensa de la actual congresista, elegida como representante a la Cámara por el departamento de Arauca a través de la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (Citrep), sustentó su petición en varios argumentos. En primer lugar, alegó que, al no existir una sentencia condenatoria en su contra, Manrique conserva plenamente sus derechos políticos y calificó el permiso solicitado como un trámite meramente logístico y administrativo.
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Adicionalmente, se conoció que Manrique había elevado ante la Mesa Directiva de la Cámara una solicitud paralela para posesionarse de manera no presencial, mediante videollamada, trámite que continuaba en curso y sobre el cual no existía una respuesta definitiva al momento de presentarse la petición ante la Corte.
El alto tribunal señaló, en primer lugar, que la medida de aseguramiento que pesa sobre Manrique fue impuesta precisamente porque su libertad representa un grave peligro para la comunidad, así como por el riesgo de que persista en la actividad delictiva que se le atribuye dentro del escándalo de corrupción de la Ungrd.
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La Corte Suprema también concluyó que la solicitud no se ajusta a ninguna de las excepciones contempladas en la Ley 65 de 1993 para autorizar la salida de una persona privada de la libertad, las cuales se limitan a citaciones judiciales, emergencias de salud o el fallecimiento de familiares cercanos.
Esta decisión se suma a otra adoptada el pasado 26 de mayo, cuando la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se reunió en sesión extraordinaria para resolver una petición previa de Manrique, quien buscaba obtener el beneficio de la prisión domiciliaria mientras avanza el proceso en su contra por el caso de la Ungrd.
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En esa oportunidad, el alto tribunal también dejó en firme el llamado a juicio contra cinco congresistas y un excongresista que estarían involucrados en el caso de corrupción. Los llamados a juicio, por el delito de cohecho impropio, son los congresistas Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez y Karen Astrith Manrique Olarte, así como el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera.
El proceso pasará ahora a conocimiento de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, que iniciará formalmente el juicio contra los seis políticos. En el centro de la investigación está determinar si estos congresistas, integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), aceptaron dádivas a cambio de comprometer su función y avalar créditos para el Gobierno.
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La Corte Suprema contaría con documentos, grabaciones y testimonios, entre otras pruebas, que apuntarían a la presunta responsabilidad de los seis procesados. Según la investigación, dichos ofrecimientos habrían llegado a los congresistas por instrucciones de los entonces ministros del Interior y de Hacienda, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, respectivamente, quienes ya fueron imputados por este mismo caso desde diciembre del año pasado.
Las pesquisas han permitido establecer que los proyectos ofrecidos por el Gobierno a cambio del respaldo de los congresistas en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) sumaban cerca de COP 92.000 millones, recursos que estarían destinados a municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar).
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