La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó una solicitud de la defensa del exministro del Interior Luis Fernando Velasco, con la que buscaba modificar los efectos de una decisión relacionada con el conteo de los términos que podrían incidir en una eventual petición de libertad por vencimiento de términos.
La controversia se originó en un auto del 19 de junio, mediante el cual la Sala concedió a la defensa un plazo entre el 30 de junio y el 12 de agosto de 2026 para culminar la revisión de las pruebas entregadas por la Fiscalía sobre el presunto papel de Velasco en el escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
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Sin embargo, ese mismo periodo fue descontado del cómputo de los términos que podrían dar lugar a una eventual libertad del exministro. Frente a esa decisión, sus abogados presentaron un recurso de reposición.
Para sustentar la petición, la defensa argumentó que, después de expedido el auto, la Fiscalía y su equipo jurídico suscribieron varias actas relacionadas con la verificación y la resolución de observaciones al descubrimiento probatorio.
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Con base en esos documentos, sostuvo que quedaba demostrado que las falencias advertidas eran reales y que el material probatorio entregado por el ente investigador seguía siendo “materialmente incompleto” por razones ajenas a la defensa, por lo que, a su juicio, era necesario revisar la decisión.
Al resolver el recurso, la Corte concluyó que no había lugar a modificar lo decidido. El alto tribunal explicó que el descuento de ese lapso no constituye una determinación autónoma susceptible de ser controvertida de manera independiente, sino una consecuencia jurídica derivada del auto que concedió la prórroga solicitada por la propia defensa.
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Con ese argumento, la Sala ratificó en su totalidad lo dispuesto en la decisión del 19 de junio y dio por cerrado el debate planteado por los apoderados de Velasco.
Los magistrados agregaron que este criterio no representa una carga injusta para el procesado, sino una consecuencia lógica del ejercicio del derecho de defensa al solicitar un plazo adicional para preparar el caso. “Quien obtiene un término adicional para preparar su defensa asume, correlativamente, que ese lapso no corra en su favor para efectos del cómputo de los términos de libertad”, señaló la Corte.
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Velasco, quien se desempeñó como ministro del Interior durante el gobierno de Gustavo Petro, es investigado por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Ungrd. Según la Fiscalía, habría sido uno de los principales articuladores de una red destinada a impulsar proyectos en el Congreso a cambio de promesas de contratos financiados por la Unidad del Riesgo.
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