Caso Ungrd: Tribunal consideró que la prisión domiciliaria no es suficiente contra Bonilla y Velasco

Este jueves 18 de diciembre se reanudó la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en contra de los exministros de Hacienda e Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. Ambos, imputados por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, dentro del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Velasco y Bonilla son señalados por la Fiscalía de presuntamente haber hecho parte de una “organización criminal” que en el año 2023 habría comprometido más de COP 612.000 millones en contratos a congresistas, con el objetivo de amarrar sus votos a favor de las iniciativas del Ejecutivo en el Congreso de la República. Entre esos proyectos, la reforma pensional y a la salud, que han sido parte de las banderas del presidente Gustavo Petro.

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Según el ente investigador, los exfuncionarios habrían puesto en juego millonarios recursos del erario público, a través del intento de direccionamiento de 174 proyectos del Instituto Nacional de Vías (Invías), por COP 571.000, y cinco proyectos más en la Ungrd, por más de COP 40.000 millones. Por esa razón, tras la imputación, la Fiscalía pidió la detención domiciliaria preventiva para los exministros.

Durante las dos jornadas que se han adelantado hasta ahora en esa diligencia, han intervenido la Procuraduría y los abogados de los exfuncionarios. El Ministerio Público acompañó la solicitud de la Fiscalía; pero la defensa de los exministros ha sido insistente en que no adelantaron actividades por fuera de sus funciones y que Olmedo López, exdirector de la Ungrd, ha intentado ganar beneficios a través de señalamientos falsos.

Este jueves, la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero, de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá, escuchará a los voceros de las víctimas acreditadas por el desfalco a la entidad pública. Además, resolverá la solicitud de medida de aseguramiento en contra de los otrora alfiles del presidente Gustavo Petro en dos de las carteras claves del gobierno, hoy investigados por presunta corrupción.

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Siga minuto a minuto la audiencia:

Luego de la presentación de las partes y de una breve intervención de todas ellas para aclarar que sí recibieron nuevas pruebas, la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero arrancó la lectura de su decisión. Primero, explicó que la Fiscalía, aunque argumentó de manera correcta la solicitud de una medida de aseguramiento en prisión domiciliaria, tuvo vacíos en por qué considera que esa debe ser la medida.

Para Rosero, el ente investigador no desarrolló ese asunto, sino que el asunto se centró simplemente en los argumentos de por qué deben estar privados de la libertad. En pocas palabras, que no explicó por qué Velasco y Bonilla deben ir a prisión domiciliaria y no a la cárcel. Por eso, explicó la magistrada, ella misma va a corregir ese error.

La magistrada Rosero explicó que, según los argumentos de la Fiscalía y las pruebas presentadas en el caso, hay suficientes pruebas como para acreditar que ambos ministros ejercían un rol jerárquico, no solo en temas de política, sino también en asuntos de organización y liderazgo en los ministerios de Hacienda y del Interior. Esto es relevante, explicó la togada, porque permite entender que Bonilla y Velasco fueron funcionarios que tenían cómo tomar decisiones y actuaciones ilícitas sostenidas en el tiempo.

La togada, además de mencionar informes de policía judicial, dio credibilidad a los testimonios que entregaron el exdirector de la Ungrd, Olmedo López, y la entonces asesora de Bonilla, María Alejandra Benavides. Todas esas pruebas, agregó la magistrada, son pruebas que le permiten advertir que sí “la existencia de una división funcional de tareas” para tomar decisiones ilegales desde ambos ministerios.

¿Cómo se hizo? A través del direccionamiento de contratos que, además, habrían tenido intermediación de Bonilla y Velasco. Esta práctica política, que las partes presentaron como un asunto normal de esas instancias del Estado, no lo es. “Es criminal”, aclaró la magistrada Rosero.

Aunque Bonilla y Velasco han negado el conocimiento de la entrega de cupos indicativos, el Tribunal Superior de Bogotá dejó claro que, en este momento del proceso, hay suficientes pruebas para demostrar que existieron y que eran de conocimiento de los más altos funcionarios del gobierno. Esos cupos, agregó la magistrada, se materializaron en la entrega de contratos de la Ungrd y del Invías.

Esa lógica de presión política se justificó entre los participantes del entramado criminal, agregó el Tribunal, bajo la necesidad de consolidar una gobernabilidad para el proyecto político de la Casa de Nariño. La magistrada agregó que ninguno de los investigados habría actuado de manera aislada, sino que se trató de una actuación criminal sistemática y reiterada en contra del Estado.

Por todo eso, y otras pruebas que reposan en el expediente, añadió la magistrada Rosero, se puede acreditar que las conductas de Bonilla y Velasco sí afectaron “la seguridad pública y la tranquilidad colectiva” y que son suficientes para inferir la existencia del delito de concierto para delinquir. Además, la togada le dio toda la credibilidad, no solo a los testimonios de López y Benavides, sino también al del exdirector de la Ungrd, Sneyder Pinilla.

Luego de estudiar las pruebas sobre el delito de concierto para delinquir, el punto siguiente fue el análisis sobre el delito de cohecho. Para el Tribunal, esta es una actuación penal que no necesariamente debe concretarse para reprocharse. Es decir, solo basta con hacer un ofrecimiento para que haya un cohecho.

En el caso puntual, explicó la magistrada, hay suficientes pruebas para inferir que sí hubo ofrecimientos indebidos por parte de los exministros. Aunque no hay pruebas directas de que Bonilla y Velasco hubieran dado órdenes directas, sí hay evidencias de que ocurrieron y que, precisamente, procuraron no dejar el rastro de sus decisiones ilegales.

Para el Tribunal, los exministros “ofrecieron una utilidad indebida a los servidores públicos (congresistas)” a cambio de su apoyo en proyectos de ley y créditos públicos claves para el gobierno. En esa vía, el Tribunal puntualizó que el beneficio que ofrecieron no solo fue el contrato, sino también en la obtención de “aliados políticos y complacencia legislativa que garantizara la viabilidad de la agenda gubernamental”.

Sobre el delito de interés indebido en la celebración de contratos, la magistrada Rosero fue clara: aunque las dádivas no se hubieran materializado, es decir, que no se hubieran ejecutado los contratos ofrecidos, es suficiente con el interés que demostraron los investigados en su celebración.

Y aclaró que hay pruebas suficientes para inferir que, en un grado de probabilidad serio y objetivo, Bonilla y Velasco “influyeron de manera decisiva y determinante en la voluntad y actuación de los servidores que tenían a cargo los proyectos contractuales”.

Además, que existió un desprecio de parte de ambos por principios de transparencia, selección objetiva y planeación" en esos contratos que habrían ordenado entregar a cambio de consolidar la gobernabilidad de la Casa de Nariño.

En concreto, la Fiscalía sostuvo durante la imputación de cargos que los contratos ofrecidos estaban en el Invías y en la Ungrd. Además, que el senador Julio Elías Chagui habría pedido varios proyectos para Lorica (Córdoba) y que varios parlamentarios de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) también habrían exigido contratos a cambio de sus votos para aprobar millonarios créditos para la Nación.

La magistrada decretó un receso y la audiencia se retomará a las 11:45.

Luego de un breve receso, la magistrada Rosero continuó la lectura de su decisión, con el análisis sobre la necesidad de imponer una medida de aseguramiento en contra de los exministros. En este punto, la togada ya ha dado pistas de que hay pruebas suficientes para aceptar la petición de la Fiscalía y enviar a prisión domiciliaria a Bonilla y Velasco.

En este punto, Rosero explicó que uno de los requisitos para imponer una medida como esa es que se compruebe que hay un peligro para la comunidad si los investigados mantienen su libertad. En ese sentido, explicó que ese peligro no solo tiene que ver con hechos de violencia o seguridad, sino también cuando se identifica un riesgo para el interés público.

Para Rosero, ese peligro existe en este caso, pues la Fiscalía presentó suficientes pruebas como para determinar que se puso en riesgo un bien democrático. Lo anterior, porque los exministros habrían utilizado “la capacidad institucionalidad del Estado, particularmente su poder de gestión contractual y presupuestal, para incidir indebidamente en la actuación de miembros del Congreso, desnaturalizando el proceso deliberativo y subordinado, con intereses ajenos al general”.

Por ese riesgo a la institucionalidad, la magistrada considera que sí es idónea una medida restrictiva de la libertad para ambos ministros. En ese mismo sentido, explicó que el peligro es tan alto que ninguna otra medida es suficiente, como la obligación de presentarse periódicamente ante un juez. Por eso, explicó que la medida debe imponerse de inmediato para evitar que se vuelvan a cometer crímenes.

Para la magistrada la prisión domiciliaria no es suficiente. La gravedad de los hechos y la posición que tuvieron los exministros en el entramado criminal es lo suficientemente grave como para imponer otro tipo de medida mucho más severa. Para Rosero, una medida como la prisión domiciliaria corre el “riesgo de que sea solo una medida formal”.

En ese orden de ideas, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó una medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Bonilla y Velasco y pidió la captura inmediata de ambos exfuncionarios. La Procuraduría apelaron la decisión, así como la defensa de los exministros.

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