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Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), pasó de ser alfil del presidente Gustavo Petro y de tener una oficina contigua a la del jefe de Estado en la Casa de Nariño, a estar prófugo en Nicaragua mientras en Colombia es investigado por presunta corrupción. La Fiscalía ya tiene listo el escrito de acusación contra el exfuncionario, con el que espera llevarlo a juicio el próximo 29 de enero.
González es uno de los exfuncionarios del gobierno Petro salpicados por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Según las investigaciones de la Fiscalía, desde la oficina del exdirector del Dapre, quien será acusado en ausencia por estar prófugo en Nicaragua, habría salido la orden de intentar comprar congresistas con contratos y pagos, para destrabar los proyectos del Ejecutivo.
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El exjefe del Dapre está imputado por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, relacionados con el desfalco a la entidad encargada de atender desastres y emergencias en el país. Pese a estar fuera del país, el próximo jueves se adelantará la audiencia de acusación en su contra. El Espectador conoció el escrito que ya tiene listo la Fiscalía.
El documento de 60 páginas detalla cuál habría sido el rol del exdirector dentro del que es considerado el mayor escándalo de corrupción del gobierno. Según el escrito de acusación, que ya está en manos de la Corte Suprema de Justicia, González le habría ordenado a Olmedo López, exdirector de la Ungrd, el pago de al menos COP 60.000 millones a los entonces presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle.
Con esos pagos se buscaría destrabar iniciativas claves, como las reformas pensional y a la salud. “Se defraudaron las expectativas que la sociedad depositó en Carlos Ramón González Merchán como representante y líder de una colectividad política, en el desempeño de uno de los cargos más importantes del país, a tal punto de ser considerado por la opinión pública como la mano derecha del Presidente de la República”, reza el documento.
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Los detalles de la acusación contra Carlos Ramón González
Sobre el delito de cohecho por dar u ofrecer, uno de los tres por los cuales González es investigado, la Fiscalía señaló que la orden del exdirector del Dapre a Olmedo López para que comprara congresista con coimas y millonarios contratos habría sido dada a mediados de septiembre de 2023. Un entramado en el que habrían participado Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd, y la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz.
En cuanto al delito de peculado por apropiación, la acusación de la Fiscalía detalla que Olmedo López ordenó la compra de 40 carrotanques para el departamento de La Guajira por COP 46.800 millones, después de haber recibido la indicación de González de que había que pagarle COP 3.000 millones al senador Name y COP 1.000 millones al representante Calle, para que le dieran luz verde a los proyectos del gobierno en el Congreso.
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“El monto del peculado por el cual se le acusa a usted, señor Carlos Ramón González Merchán, determinado a favor de terceros, concretamente de Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas, asciende a COP 4.000 millones”, se lee en el escrito. Finalmente, el documento aborda el delito de lavado de activos y señala que el exdirector del Dapre habría acordado en un almuerzo con el senador Name y la consejera Ortiz que ella mediaría el negocio ilegal.
Además, hace referencia a uno de los sonados “cónclaves” que habrían ocurrido en el marco del desfalco a la Ungrd, el 21 de septiembre de 2023, del cual estaría probada la intervención de Ortiz en la orden de González para comprar al senador Name con dineros desviados de la Ungrd. “El origen mediato del dinero ilícito entregado a Name Vásquez tuvo su origen en la comisión de delitos contra la administración pública”, señala el documento.
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La acusación además es explícita al detallar que, aunque la oferta inicial para los congresistas Name y Calle superaba los COP 60.000 millones, con el visto bueno de González se habría logrado negociar una rebaja a COP 3.000 millones y COP 1.000 millones para los presidentes del Senado y de la Cámara, respectivamente, con el objetivo de agilizar el pago del soborno y, por ende, ponerle acelerador a la discusión de proyectos en el Congreso.
“Debido a la premura con que los parlamentarios mencionados exigían los recursos lícitos, durante el mes de septiembre, Carlos Ramón González Merchán le ordenó a Olmedo de Jesús López Martínez variar la oferta dirigida a Name Vásquez a una suma de COP 3.000 millones y a Calle Aguas por una de COP 1.000 millones, que serían entregados en efectivo a los legisladores, recursos provenientes de la contratación de la Ungrd”, reza la acusación.
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El documento concluye señalando además que el importante rol que tenía González dentro de la política hace que los delitos presuntamente cometidos por él sean aún más “reprochables” y graves. “Carlos Ramón González tiene una importante solvencia económica; por más de 30 años ha construido un significativo poder político y experiencia en el sector público, a tal punto de ser considerado uno de los cofundadores del Partido Alianza Verde”, dice.
Sobre su partido político, agrega que es un “movimiento posicionado como uno de los más influyentes del país, que lo llevó a desempeñar uno de los cargos más importantes de la Rama Ejecutiva del Poder Público: Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, entre el 26 de abril de 2023 hasta el 23 de febrero de 2024″. Un cargo desde el cual habría ordenado presuntas movidas corruptas que ahora lo tienen a un paso de ser llamado a juicio.
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