Este viernes 28 de noviembre se conoció que la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá fijó el 1 de diciembre de 2025, a las 9:00 a. m., como fecha para la realización de las audiencias de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento contra Luis Fernando Velasco Chaves y Ricardo Bonilla González, exministro del Interior y exministro de Hacienda, respectivamente.
Los exfuncionarios son señalados como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, en el marco de la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo (Ungrd).
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“En consecuencia, se dispone que, por intermedio de la secretaría de la sala, se cite a Luis Fernando Velasco Chávez, Ricardo Bonilla González, a sus respectivos defensores, a la fiscalía, a los apoderados de las víctimas y al delegado del Ministerio Público”, se lee en la misiva, indicando, además, que el proceso se realizará de forma mixta.
El pasado 26 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación radicó ante el Tribunal Superior de Bogotá una solicitud de audiencias de imputación y medida de aseguramiento contra los exministros.
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Por su presunta participación en el escándalo, la Fiscalía ya imputó cargos a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI); a Sandra Ortiz Nova, exalta consejera presidencial para las regiones; y a César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública.
Según documentos y testimonios que reposan en poder del ente investigador y la Corte Suprema de Justicia, el exministro Velasco sería uno de los protagonistas de presuntos acuerdos ilícitos que el Gobierno habría tramitado con varios congresistas. No obstante, ha insistido en que no tuvo participación en dicho entramado.
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En concreto, la Corte Suprema cuenta con elementos que indicarían que Velasco habría dado la orden de entregar contratos a seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), a cambio de votos a favor de créditos internacionales en 2023.
Por su parte, Ricardo Bonilla ha sido mencionado dentro del escándalo por varios de sus protagonistas, entre ellos Olmedo López. El exdirector de la Ungrd aseguró ante la Fiscalía que el exministro pactó con él que los convenios, que sumaban cerca de COP 92.000 millones y nunca se firmaron, salieran de la entidad destinada a atender desastres y fueran dirigidos a congresistas cuyos votos eran clave para aprobar créditos urgentes.
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Los congresistas señalados son Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y el exrepresentante Juan Diego Muñoz. Según la investigación, los proyectos se ubicarían en Bolívar, Arauca y Córdoba.
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