Caso Uribe: la prueba que llevará el representante Álvaro Prada para defenderse

Álvaro Hernán Prada, representante por el Huila del Centro Democrático. / Archivo particular

Un informe enviado por la Fiscalía el 19 de abril del año pasado a la Corte Suprema de Justicia, en el que se revelan los resultados de las interceptaciones al representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada, sería el as bajo la manga de este congresista en el proceso que adelanta el alto tribunal en su contra por manipulación de testigos. El documento, conocido por El Espectador, asegura que no se hicieron hallazgos relevantes en las conversaciones del congresista, monitoreadas entre el 4 y el 17 de abril del año pasado. Con él, Prada busca desvirtuar la versión de que influyó en varios testigos para que cambiaran su versión sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En el reporte, entregado por la investigadora del CTI Carolina Vargas Villamil, se dan los resultados de 3.694 registros de ubicación, llamadas y mensajes de texto entrantes y salientes del teléfono del representante del Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada. De acuerdo con las conclusiones de los investigadores, por las charlas que se pudieron obtener es claro que el teléfono celular interceptado pertenece al congresista y que la mayoría de sus conversaciones son personales o laborales, relacionadas con su labor como político.

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“No se evidencia relación telefónica con los abonados y/o personas que se encuentran monitoreadas por el mismo caso”, se lee en el informe del CTI. Posteriormente, en el escrito se hace una descripción de las tres llamadas que para los investigadores resultaron relevantes y quisieron poner en conocimiento de los magistrados. La primera de ellas es del 12 de abril, hacia las 6:43 a.m., entre Prada y una voz masculina identificada como Rigoberto. “La comunicación es relevante porque muestra el giro ordinario de la labor que desempeña como político. En esta comunicación llama a agradecer por la colaboración que recibió en la campaña política y para iniciar la campaña de Iván Duque”.

Las otras dos anotaciones que hace el CTI de la Fiscalía están relacionadas con la identificación del portador del número celular al cual se le están haciendo las escuchas. Una es un mensaje de voz de una asesora de una entidad bancaria que identifica al congresista Prada como el portador de ese número telefónico. La otra comunicación tiene que ver con una conversación entre Prada y un periodista de una emisora radial del departamento del Huila en donde se identifica al congresista del Centro Democrático. Esta información fue entregada a los magistrado de la Corte en un DVD respectivamente rotulado y en cadena de custodia.

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“Se verificó que el abonado N.º 30021XXXX no ha arrojado información relevante para la investigación, por lo que sugiero de forma respetuosa al señor magistrado y si así lo considera pertinente cancelar las actividades sobre este abonado”, concluye el documento que la defensa de Prada ante la Corte considera hoy pieza clave. Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación confirmaron a este diario que, al parecer, Prada usó otros números telefónicos de familiares cercanos en sus conversaciones, los cuales también fueron interceptados y cuyas conversaciones estarían en poder de los magistrados que lo investigan.

Otro de los elementos que serán usados en la defensa de Prada es un llamado a versión libre ordenado por el magistrado José Luis Barceló el 23 de abril del año pasado y que, al parecer, nunca se practicó por parte del alto tribunal. Para la defensa del congresista era necesario que antes de hacerle el llamado a indagatoria se escuchara a Prada en versión libre. En pocas palabras, para los defensores del representante, el llamado a indagatoria es ilegal. En ese mismo oficio también se ordenó escuchar a Carlos López, alias Caliche, y a Enrique Pardo Hasche, dos de los testigos que salpicaron a Prada.

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El próximo 9 de octubre, la Corte escuchará en indagatoria al representante Prada, a raíz del proceso en su contra por presunta manipulación de testigos, específicamente de Juan Guillermo Monsalve, hijo del administrador de la hacienda Las Guacharacas, perteneciente a la familia de Uribe. Monsalve, además, es un exparamilitar condenado y recluido en La Picota. Se trata, nada más y nada menos, de uno de los testigos claves en este proceso, quien ha asegurado tener información sobre nexos entre el expresidente Uribe y paramilitares en Antioquia. Uribe, por su parte, insiste en que los testigos en su contra hacen parte de una puesta en escena.

El documento de la Corte Suprema en el que ésta negó las nulidades que presentaron los abogados de los congresistas Uribe y Prada sobre el expediente guarda también elementos que serán discutidos. Por ejemplo, que el propio abogado de Prada reconoció que su “poderdante había sido mencionado por el testigo Monsalve con anterioridad a la orden de interceptación”, aunque él reclama que “no existía pieza procesal alguna que permitiera conocer el abonado celular que usaba” Prada. La Corte, por su parte, observó que “no solo se trató de una simple mención (sobre Prada hecha por el testigo Monsalve), sino como interlocutor en llamadas que habría sostenido (Caliche) con él”.

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En manos de la Corte Suprema se encuentra este caso, en el que todo detalle cuenta. Es, a fin de cuentas, el proceso judicial más importante que tiene ese alto tribunal, cuyas ramificaciones, inevitablemente, van al campo político también.