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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tienen en su poder 724 casos en los cuales, víctimas del conflicto armado, exigen que Colombia responda por graves vulneraciones de derechos humanos. Entre ellas magnicidios, violencia sexual y de género, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. Y recientemente, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) pidió a la CIDH, en un documento reservado, devolver 218 de esos expedientes pues tendrían espacio en la Jurisdicción Especial para la Paz (Jep). Organizaciones defensoras de víctimas se oponen a la petición.
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Juan Carlos Gutiérrez, defensor en el plano internacional de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (Fevcol), explicó, en principio, que la CIDH y la JEP son organismos distintos. Entre las diferencias está, grosso modo, que la jurisdicción naciente del Acuerdo de Paz entre las Farc y el Estado está en camino de determinar responsabilidades penales, lo cual podría resultar en sanciones individuales. La Comisión tiene la función de declarar la responsabilidad del Estado por violaciones de derechos, a víctimas de diferentes crímenes.
“En la CIDH pueden darse supuestos como la falta de voluntad de las autoridades de investigación para no dar con la verdad, lo relativo al incumplimiento de las indemnizaciones y la falta de restitución de los derechos de las víctimas”, explicó Gutiérrez. En el momento, el abogado tramita una solicitud de medidas cautelares ante la CIDH, pues las medidas de protección dictadas por las autoridades colombianas para los directivos de Fevcol no serían suficientes. La Federación reúne, según dijo, a más de 200.000 víctimas de la extinta guerrilla.
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De los casos sobre Colombia que cursan en la CIDH, al menos la mitad corresponden a eventos relacionados con el conflicto armado. “De estas, 218 tienen vocación para entrar a la JEP, dado que los presuntos responsables son miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y de la Fuerza Pública”, dice un documento que dio a conocer el diario El Tiempo. De esos 218 casos, 82 tendrían alguna relación con los macrocasos que la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP ha abierto hasta ahora. Entre ellos, los más avanzados: secuestro de las Farc y falsos positivos. Como ahora la justicia especial hace parte de la rama judicial en Colombia, a juicio de la entidad no se han agotado todas las instancias internas, un requisito esencial para poder acudir al Sistema Interamericano.
La petición de la Andje, representada por Camilo Gómez, generó malestar en el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), el cual acompaña 60 casos de violaciones de derechos humanos en la CIDH. Entre ellos, cinco expedientes relacionados con falsos positivos, como le dijo a este diario la defensora Jomary Ortegón, coordinadora del equipo de litigio internacional del Cajar. La abogada hizo énfasis en que los casos que llegan a la CIDH son el resultado de la ausencia de investigación y sanción efectiva en el país.
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“Como colectivo de abogados tenemos casos de los años ochenta y noventa que no tuvieron una resolución judicial en Colombia. Es decir, que están en sustancial impunidad. La propuesta de la Andje implica quitarles a las víctimas la posibilidad de que su caso sea resuelto por la CIDH, que actualmente es su única esperanza de justicia. Han esperado por décadas que el Estado colombiano dé satisfacción a sus derechos. Es una propuesta que podría limitar el acceso a la justicia de las víctimas”, explicó Ortegón.
La abogada del Cajar añadió que, en todo caso, la JEP solo ha tomado decisiones en los macrocasos de secuestro de las Farc y falsos positivos, que ni siquiera corresponden a establecimiento de responsabilidades. Se refiere a la imputación del exsecretariado de la antigua guerrilla por secuestro, sumada a la reciente declaratoria del delito de esclavitud como de lesa humanidad, contemplando los trabajos forzados a los que fueron obligadas las víctimas. También a la imputación para antiguos altos mandos del Batallón La Popa (en Cesar) y la Brigada 30 del Ejército (en Norte de Santander), por falsos positivos.
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Sumado a eso, Ortegón asegura que en la CIDH los denunciantes encuentran mayores garantías: “A nivel internacional existen derechos adicionales que tienen las víctimas. Por ejemplo, una decisión definitiva del Sistema Interamericano podría ordenar medidas de reparación que incluyen medidas de satisfacción, indemnización o rehabilitación. Un elemento fundamental de las decisiones del sistema interamericano son las garantías de no repetición. Más allá de que creo que la solicitud estatal es fuera de las posibilidades jurídicas, las víctimas tienen más posibilidades de reparación”.
Uno de los últimos casos en resolverse en el Sistema Interamericano fue el de la periodista y activista Jineth Bedoya, cuyo expediente de tortura y violencia sexual terminó en una condena de la Corte IDH al Estado colombiano, notificada el pasado 18 de octubre. Bedoya recibirá apoyo para su programa No Es Hora de Callar, una indemnización económica y verá en pie un centro estatal de memoria y dignificación de todas las mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto. Según información de la CIDH, desde 2006 se han enviado 22 expedientes igual de crudos a la Corte IDH para que verifique posibles sanciones contra Colombia.
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Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), considera que la petición de la Agencia de Defensa del Estado es “equívoca, pero no desconcertante”. Se refiere a que, en sus palabras, los distintos gobiernos han intentado mermar la capacidad del Sistema Interamericano sobre el país. Justamente recordó las audiencias del caso de Jineth Bedoya en la Corte IDH, cuando el pasado 15 de marzo Camilo Gómez se retiró de la diligencia. El representante del Estado colombiano, además, intentó apartar los jueces —vía recusación— del caso.
“El Gobierno está intentando lesionar la capacidad de la CIDH para actuar sobre Colombia. Ha intentado otras vías en el pasado, el director de la Agencia ha criticado a la CIDH. Continuamente se refiere a la cantidad de tiempo que toma para resolver los casos, lo cual es cierto, pero en parte se debe a la falta de apoyo de los Estados en relación con su funcionamiento. Y eso no es razón para atacarla como lo hace el Estado. Recordemos el caso de Jineth Bedoya, cuando el representante del Estado recusó a varios jueces y se retiró de la audiencia en un gesto grosero y descortés”, señaló Gallón.
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Para Gallón, el Gobierno intenta devolver unos casos formulados previamente contra el Estado, para que lleguen a la JEP a pesar de “no simpatizar con ella”. Así lo explicó: “El Gobierno obstaculizó el funcionamiento de la JEP con unas objeciones a la ley estatutaria, sin embargo, en la exterior saca pecho diciendo que es un mecanismo de justicia. Por consiguiente, dice que la CIDH no tiene por qué conocer casos relacionados”. Adhiere al argumento de que los casos evaluados por la Agencia llevan años sin resultados en la justicia penal colombiana.
Gallón se refirió a los 42 casos que la Comisión Colombiana de Juristas tiene en la CIDH. Del total, 21 ya están en etapa de fondo y cinco en seguimiento de cumplimiento a las recomendaciones. La mayoría representan desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. “Si llega a prosperar la solicitud de la Andje sería muy negativo. Colombia es uno de los principales países violadores de derechos humanos en el mundo y las víctimas piden una actitud muy distinta”, concluyó. Según cifras de la Comisión, desde 2006 el organismo ha recibido 6.289 solicitudes sobre Colombia.
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