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La violencia desatada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias “Calarcá” de las Farc ha generado una crisis humanitaria en el Catatumbo, con enfrentamientos en municipios como Teorama, Convención, La Gabarra y Tibú. La disputa por el control de rutas de narcotráfico en esta región fronteriza con Venezuela ha dejado un saldo de desplazamientos masivos, amenazas a la población civil y el asesinato de firmantes del Acuerdo de Paz.
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El ministro de Defensa, Iván Velásquez, calificó los ataques como “típicamente sicariales” y destacó que la prioridad es proteger las vidas en riesgo. Explicó que en primera instancia, se busca salvaguardar a las personas perseguidas, mientras que, posteriormente, el despliegue de tropas y el control de las áreas afectadas permitirá asegurar el retorno seguro de las comunidades desplazadas. Según informes de las autoridades, más de 320 personas, incluyendo civiles y firmantes del acuerdo de paz que han sido amenazados por el ELN, han sido evacuadas en helicópteros del Ejército Nacional y trasladadas a ciudades como Cúcuta para garantizar su seguridad.
“Todos tenemos la necesidad de que la población desplazada pueda volver a su entorno natural, y es la responsabilidad de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional hacer que esas condiciones sean efectivamente propicias”, declaró Velásquez. Asimismo, hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que expresen su voluntad de paz a través de la desmovilización.
En respuesta, más de 5.000 uniformados de la Fuerza de Tarea Vulcano y la Brigada 30 han sido desplegados en la región. Las operaciones se concentran actualmente en la extracción y reubicación de personas amenazadas hacia refugios habilitados por las autoridades, estaciones de policía y unidades militares. Paralelamente, se han habilitado corredores humanitarios para asegurar el abastecimiento de bienes esenciales y facilitar el desplazamiento de los pobladores del Catatumbo que desean abandonar las zonas de riesgo.
La Fuerza Aérea Colombiana trasladó 17 toneladas de suministros a Cúcuta utilizando dos aeronaves, en un esfuerzo coordinado con la Unidad para las Víctimas, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Estos recursos están destinados a las aproximadamente 19.800 personas desplazadas que han buscado refugio en albergues habilitados por las alcaldías y la Gobernación de Norte de Santander, una cifra en constante aumento según el mayor general Erik Rodríguez, jefe de Estado Mayor de Operaciones del Ejército Nacional.
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Los municipios de Cúcuta, Ocaña y Tibú son los principales receptores de la población desplazada, consecuencia de la violencia que ha dejado entre 80 y 90 personas fallecidas, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo. Ante esta crisis humanitaria, el Gobierno Nacional anunció esta mañana la declaratoria de emergencia económica y el estado de conmoción.
Aunque la medida aún no ha sido formalizada, el presidente Gustavo Petro adelantó el anuncio a través de su cuenta en X, indicando que con esta decisión podrá emitir decretos con fuerza de ley enfocados en mitigar la grave situación en la región.
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