25 Mar 2021 - 9:11 p. m.

Cepeda le ganó tutela a la Fiscalía con la que pedía la entrega de testimonios del caso Uribe

El Tribunal Superior de Bogotá señaló que el ente investigador le vulneró a Cepeda los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la información y de acceso a la administración de justicia. El organismo encabezado por Francisco Barbosa, dice el tribunal, se abstuvo a responder. Los testimonios ya fueron entregados al congresista.

A 12 días de que la Fiscalía General pida ante un juez que el proceso contra Álvaro Uribe por supuesta manipulación de testigos precluya, el Tribunal Superior de Bogotá se acaba de pronunciar sobre ese trascendental caso. La Sala Penal de ese organismo, en un fallo de tutela, acaba de darle la razón al senador Iván Cepeda, quien es reconocido como víctima en el caso. El 11 de marzo pasado, el congresista presentó una tutela para que le entreguen las declaraciones que ha tomado la Fiscalía en los seis meses que lleva estudiando el caso del expresidente. En ese momento, habían pasado seis días desde que el ente investigador anunció que iba pedir ante un juez la preclusión del caso Uribe, es decir, que le solicitará -con base a esas declaraciones y otras pruebas- archivar el proceso ante un juez de la república.

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Los magistrados de la Sala determinaron que “en ese contexto, se advierte la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la información y de acceso a la administración de justicia de Cepeda Castro como víctima, toda vez que pese a que en virtud de esa reconocida calidad dentro del proceso, solicitó de la Fiscalía copias del expediente, en especial de las entrevistas efectuadas por ese despacho, luego de que recibiera el proceso procedente de la Corte Suprema de Justicia, este se abstuvo de pronunciarse”.

Y determinó que se debe amparar los derechos fundamentales del debido proceso, al acceso a la información y de acceso a la administración de justicia de Cepeda en su calidad de víctima en el expediente. “Ordenar al fiscal sexto delegado ante la Corte Suprema de Justicia, que si aún no lo ha hecho, dentro del término de 48 horas contadas a partir de la notificación de la presente decisión”, dice el fallo de tutela de nueve páginas conocido por este diario. Fuentes cercanas a este diario señalaron que esa información ya fue entregada a la defensa del congresista Cepeda.

El Tribunal Superior de Bogotá agregó que: “En punto del derecho a la información, como garantía procesal, el máximo órgano de la jurisdicción constitucional precisó que este tiene un alcance autónomo, y les permite a las víctimas recibir información y acceder a ella, lo que constituye una de las manifestaciones medulares de su posibilidad de intervención en la actuación penal. Su ejercicio implica, por ejemplo, la posibilidad de ser informado del tipo de organizaciones a las que puede acudir o el trámite dado a su denuncia, pero también acceder por su cuenta al contenido de la actuación, con el único propósito de corroborar o precisar el contenido de la información que previamente poseía”.

El expresidente Álvaro Uribe tiene una investigación formal por los delitos de fraude procesal y cohecho en actuación penal. Puntualmente, en su momento la Corte Suprema señaló al expresidente como determinador de un plan para intentar manipular el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, un hombre condenado por sus nexos en el bajo mundo que aseguró que el expresidente fue promotor de un grupo paramilitar en Antioquia. El Espectador y Blu Radio recientemente tuvieron acceso a ese extenso expediente y a las declaraciones: Conozca alguna de ellas.

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El origen del caso contra Uribe

A comienzos de 2012, durante un debate de control político sobre la génesis y auge del paramilitarismo en Antioquia, el entonces representante a la Cámara Iván Cepeda presentó graves denuncias relacionadas con la hacienda Guacharacas, que fue propiedad de los Uribe, ubicada entre los municipios antioqueños de San Roque y Yolombó. Cepeda reveló que, según testimonios de Juan Guillermo Monsalve, extrabajador de esa finca -testigo estrella en este caso-, y de un paramilitar conocido como Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, excomandante del Bloque Cacique Pipintá de las Auc, la finca había sido sede del Bloque Metro de los paramilitares.

“Los fundadores y creadores de lo que se terminó llamando el Bloque Metro son el señor expresidente Ávaro Uribe Vélez, Santiago Uribe su hermano, Santiago Gallón, Luis Villegas y Juan Guillermo Villegas”, reveló alias Alberto Guerrero al congresista Cepeda en agosto de 2011. En el curso del debate de 2012, lo presentó como una prueba de sus denuncias. Álvaro Uribe negó los señalamientos, reiteró que desde 1983 había dejado de ir a la hacienda, y para demostrar su desacuerdo con Cepeda, el mismo día del debate acudió a la Corte Suprema para denunciar al congresista del Polo por la presunta manipulación de las versiones de los exparamilitares.

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En septiembre de 2014, cuando ya Uribe ejercía como senador, Cepeda promovió un nuevo debate en el Congreso sobre paramilitarismo en Antioquia, y volvió a chocar con el expresidente. Uribe radicó en la Corte Suprema un memorial para que se tuvieran en cuenta varias entrevistas realizadas por un investigador privado a los exparamilitares Ramiro de Jesús Henao, alias Simón y Gabriel Muñoz Ramírez, alias Castañeda, que señalaron a Cepeda de hacer ofrecimientos a cambio de declarar contra Uribe. El expresidente y exsenador, por su parte, ha reiterado hasta el cansancio que nunca ha cometido delitos. “La libertad es un bien inapreciable, pero para mí la honorabilidad es lo prioritario, por eso el énfasis en las pruebas”, ha dicho el exmandatario.

La Corte Suprema se tomó seis años -desde la primera denuncia- para adoptar una decisión, y en febrero de 2018, se inhibió de seguir investigando a Cepeda, señalando para avanzar en la indagación se requerían más evidencias de las existentes. Asimismo, ordenó que quien debía ser investigado por presunta manipulación de testigos y soborno era el expresidente Álvaro Uribe. Seis días después, el alto tribunal recibió información de la defensa de Iván Cepeda sobre supuestas presiones a Juan Guillermo Monsalve para cambiar su testimonio, razón por la cual la Corte Suprema lo llamó a indagatoria, junto al representante a la Cámara por el Huila, Álvaro Hernán Prada, quien también habría participado en las presiones.

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