La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a un exintegrante del Ejército Nacional y compareciente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Según el documento, de 12 páginas, el hombre ha recibido múltiples amenazas relacionadas con su participación en el Macrocaso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate.
El compareciente hace parte del Subcaso Costa Caribe, en el que reconoció su responsabilidad por 37 homicidios presentados como falsos positivos. Según relató el exmilitar, sus aportes a la verdad habrían involucrado a varios altos mandos militares, entre ellos tres generales y cinco coroneles, además de otros oficiales y suboficiales del Ejército.
De acuerdo con el documento de la CIDH, el exuniformado comenzó a recibir amenazas en 2023, después de iniciar su proceso ante la justicia transicional. Según señaló, recibió mensajes intimidatorios a través de WhatsApp y una llamada de una persona que se identificó como “Pedro”, quien lo habría amenazado y le habría preguntado dónde se encontraba.
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Asimismo, señaló que las amenazas aumentaron después de que sus declaraciones se hicieran públicas. Ante la situación de riesgo, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP calificó el nivel de riesgo del compareciente como extraordinario. Como medidas de protección, se dispuso la entrega de un medio de comunicación, un chaleco blindado y apoyo económico para la reubicación del beneficiario y su núcleo familiar, por un periodo de 12 meses o hasta que se realizara una nueva evaluación de riesgo.
También se estableció que la reubicación debía hacerse fuera de Sucre y no podía ser en la región Caribe, Santander ni Antioquia. Tras una reevaluación realizada el 26 de diciembre de 2024, fueron retiradas las medidas de protección, decisión que posteriormente fue confirmada.
El hombre tuvo que regresar a Sincelejo, pese a que este municipio había sido identificado previamente como una zona de riesgo. Luego de su regreso, señaló que continuó recibiendo mensajes intimidatorios y amenazas. Tan solo entre el 20 de diciembre de 2024 y el 21 de abril de 2025 se registraron, al menos, tres eventos de intimidación contra el hombre y su familia.
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Las amenazas continuaron y, según la documentación, posteriormente se produjeron hechos de mayor gravedad. El 7 de noviembre de 2025, el exmilitar fue víctima de un atentado. De acuerdo con la CIDH, mientras se desplazaba hacia su residencia, varios hombres habrían disparado contra el vehículo en el que se movilizaba.
De forma paralela, mediante Auto del 11 de marzo de 2026, la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz concedió la medida provisional y ordenó a la UIA, en coordinación con la Unidad Nacional de Protección (UNP), asignarle un esquema de protección individual “acorde a las circunstancias que ha expuesto”, mientras se resolvía de fondo la acción. Asimismo, el 19 de marzo de 2026, el compareciente recurrió a instancias internacionales y presentó una solicitud ante la CIDH. En el recurso, el exmilitar pidió la adopción de las medidas necesarias para proteger sus derechos a la vida y a la integridad personal.
Otro hecho que fue denunciado ante la Fiscalía ocurrió el 21 de marzo de 2026, hacia las 6:40 de la mañana, cuando el compareciente se dirigía hacia un predio ubicado en zona rural. Según el hombre encargado de su protección, al llegar a la entrada del lugar escuchó varias detonaciones, cuyo origen no pudo establecer.
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Ante esta situación, el hombre de seguridad reaccionó efectuando tres disparos con su arma de dotación y posteriormente evacuó al exmilitar. La Fiscalía inicialmente registró el caso como homicidio en grado de tentativa, pero, tras analizar las pruebas, determinó que no había elementos para configurar ese delito ni lesiones personales y reclasificó la investigación como amenazas.
El 26 de marzo de 2026, la Sección de Revisión de la JEP amparó transitoriamente los derechos a la seguridad personal, a la vida y a la integridad personal del compareciente. En ese sentido, ordenó a la UIA realizar, dentro de un plazo de 20 días, un nuevo estudio de nivel de riesgo y mantener el esquema de protección otorgado en cumplimiento de la medida provisional hasta que se adoptara y notificara una decisión definitiva.
Dicha orden se cumplió el 15 de abril de 2026 y la entrevista fue ampliada el 20 de abril del mismo año. Sin embargo, 10 días después recibió nuevos mensajes intimidatorios en los que se lee: "No vales lo que vale un cartucho de nueve, perro. Pero esa es la decisión, es de matarte".
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Además, el exmilitar denunció que existiría una orden de matarlo antes de un encuentro con víctimas previsto para los días 27, 28 y 29 de mayo de 2026. Las nuevas amenazas llevaron a que, el 27 de mayo, la UIA emitiera una nueva resolución en la que reconoció su riesgo como extraordinario, pero ratificó solamente un escolta a pie durante seis meses.
El 14 de julio de 2026, una persona entregó en la residencia del compareciente un sobre dirigido a él, que contenía un panfleto amenazante y dos cartuchos de munición. El mensaje hacía referencia a la JEP y le exigía no mencionar a otras personas, “dejar las cosas como están” y “no hablar de más”. Además, advertía que en una ocasión anterior le habían perdonado la vida, pero que esto no volvería a ocurrir.
Asimismo, el 28 de julio de 2026, mientras participaba en una audiencia pública de la JEP en Valledupar, el compareciente recibió por WhatsApp un nuevo mensaje amenazante. El texto le exigía no mencionar a otras personas y advertía que si volvía a nombrar a alguien, “esta vez no te salva es nadie”.
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Frente a la situación de riesgo, el Estado señaló que varias entidades habían adelantado actuaciones en favor del compareciente, entre ellas la Defensoría del Pueblo, la UIA y la Sala de Reconocimiento de la JEP, la UNP, la Policía Nacional, la Fiscalía y la Secretaría de Gobierno de Sincelejo. En particular, la Defensoría Regional de Sucre remitió información a la Fiscalía, solicitó medidas preventivas a la Policía, pidió a la UNP una evaluación de riesgo y ofició a la Secretaría de Gobierno de Sincelejo.
En cuanto a las medidas de protección, el Estado indicó que, en cumplimiento de una orden de la Sección de Revisión de la JEP del 11 de marzo de 2026, la UIA activó un trámite de emergencia e implementó un esquema compuesto por un hombre de protección y un chaleco blindado. Posteriormente, mediante una resolución del 27 de mayo, calificó el riesgo como extraordinario y ratificó un hombre de protección a pie, un chaleco blindado y un medio de comunicación.
Respecto del hecho ocurrido el 14 de julio de 2026, el Estado informó que la UIA ordenó una nueva evaluación para determinar la incidencia de este episodio en las condiciones de riesgo del compareciente. Según explicó, este procedimiento tendría una duración estimada de entre 25 y 45 días hábiles y, al 11 de agosto, todavía no se había adoptado una decisión definitiva.
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Por su parte, la Fiscalía informó que mantiene en indagación dos investigaciones por las amenazas recibidas el 30 de abril y por el panfleto con dos cartuchos entregado el 14 de julio de 2026. Las autoridades avanzaban en el análisis de las pruebas para definir las actuaciones correspondientes.
Las constantes amenazas y la situación de riesgo llevaron a la CIDH a ordenar medidas cautelares y solicitar al Gobierno de Colombia que, dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la resolución, informara sobre las acciones adoptadas para cumplirlas. Además, el Estado deberá actualizar periódicamente esa información ante la Comisión.
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