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Mallama es un municipio del departamento de Nariño con 9.492 habitantes. Entre los años 2024 y 2025, no registró ni una muerte violenta, así lo repetía el alcalde Giovanny Muñoz en los encuentros de la mesa de negociación entre el gobierno de Gustavo Petro y el Frente Comuneros del Sur (FCS). La resolución ejecutiva 365 de 2026 del presidente Abelardo de la Espriella anunció la terminación de la mesa de diálogos de paz “entre los representantes autorizados del Gobierno nacional y los miembros representantes del Grupo Armado Organizado al margen de la ley autodenominado Frente Guerrillero Comuneros del Sur”.
Así mismo, el gobierno actual derogó las resoluciones que soportaban el plan activo de paz.
¿Cuáles avances se pierden tras el cierre de esta mesa de diálogo, sometida a mecanismos de verificación? ¿Qué implica el incumplimiento de lo pactado entre las partes y la reactivación de las órdenes de captura con fines de extradición de Gabriel Yepes, alias “HH”, jefe del Frente Comuneros del Sur (FCS)?
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El FCS es un grupo armado que opera desde 1992, se independizó del Eln en un contexto de tensión interna entre el Comando Central y Gabriel Yepes, quien, desde 2022, había solicitado participación directa en la mesa nacional de diálogo con el gobierno del entonces presidente Gustavo Petro. En agosto de 2023, el FCS planteó una propuesta de desminado humanitario y búsqueda de personas dadas por desaparecidas en Nariño, donde se concentra su presencia. Con el nombramiento de Otty Patiño como Consejero Comisionado de Paz y la elección popular de Luis Alfonso Escobar a la gobernación, comenzó a materializarse la idea de convertir a ese departamento en Región de Paz en el marco de la Ley de Paz Total. Carlos Erazo, excomandante del M-19, fue el jefe de la delegación por parte del gobierno y Yepes la contraparte, en representación de entre 400 y 450 combatientes.
“La base social del grupo con sus milicianos es mucho más grande. La forma como se expresa el poder territorial del FCS es muy “elena”: un sector social muy amplio profesa su ideología “camilista” (del sacerdote Camilo Torre), no forma parte de la estructura militar”, afirma Andrei Gómez Suárez, académico, investigador y exnegociador del gobierno Petro. Sobre las perspectivas seguridad que significa la clausura de la mesa de diálogo, El Espectador habló con Gómez Suárez.
¿Cuál es el dominio territorial del FCS?
El centro de operaciones había sido Samaniego (Nariño), siempre buscaron construir corredores que los llevaran hacia el Pacífico y la frontera con Ecuador. De los diez municipios donde han operado —Samaniego, Los Andes Sotomayor, La Llanada, Providencia, Santacruz de Guachavés, Cumbal, Guachucal, Ricaurte, Mallama y Barbacoas—, algunos son compartidos: en Barbacoas y Ricaurte hay presencia de las disidencias de Farc. Mallama, Samaniego, La Llanada y Santacruz de Guachavés son su corazón histórico. La inteligencia ecuatoriana menciona presencia más allá de la frontera.
¿Qué tipo de acciones caracterizan al FCS?
Ha tenido una imagen negativa por su campaña en contra de alcaldes (…) son reconocidos en el departamento por su impacto en la economía, por ejemplo, en la zona de Guachucal hicieron mucha extorsión en el sector lechero. Quizás la acción más recordada es la masacre (de ocho jóvenes) ocurrida el 15 de agosto de 2020. El gobierno de Iván Duque los acusó de haberla realizado. Más allá de eso, en las comunidades hay un reconocimiento del FCS, un 80% de sus miembros son indígenas (etnia pastos).
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¿Cómo se financia el FCS?
FCS logró establecer unos corredores de movilidad hacia el Pacífico, eso les permitió tener muchos ingresos gracias a las economías del narcotráfico. Ellos dicen que cobran “impuestos revolucionarios”, pero la información de fuentes de inteligencia es que tienen laboratorios. El FCS lo niega. Han recibido ingresos por alianzas con narcotraficantes o porque colaboran en los laboratorios de cocaína. Por otro lado, la minería ilegal ha empezado a crecer. Los Andes Sotomayor es un municipio de mucha minería de oro. Mallama y Samaniego también tienen oro. Hay una relación muy ambigua con la minería ilegal porque muchas de las personas que son pudientes en estos municipios participan informalmente en la minería ilegal. Son políticos, gente de la sociedad de muchos de estos municipios que terminan siendo concejales, alcaldes. En un municipio como Los Andes Sotomayor la gente vive de la minería artesanal, ahora le están metiendo dragas, maquinaria amarilla: esa es la complicación. El FCS ha logrado regular esa vaina y les ha permitido tener un reconocimiento.
¿Qué le exigió el gobierno Petro a FCS? ¿Qué ofrecía ese grupo armado?
Ellos ofrecen un cese al fuego unilateral, un protocolo de desminado humanitario para que un operador internacional certificado haga el desminado. Esa comisión empieza a visitar el territorio, con múltiples actores como el Ministerio de Defensa, Acción Integral contra Minas, miembros del FCS, alcaldes, gente que nos decía nos sentimos encerrados, queremos recuperar nuestros territorios. En julio del año 2024 entré yo y se generó un primer encuentro con participación de las comunidades. Surge la idea de trabajar en tres líneas: Desescalamiento urgente de las violencias que vaya en línea de hacer realidad el desminado humanitario; las transformaciones territoriales e inversión del Estado y el tránsito de comuneros hacia la ciudadanía plena.
¿Quién verificaba el cumplimiento de los compromisos?
Los acompañantes de esta mesa eran la Iglesia católica, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA) y la Embajada del Reino de los Países Bajos. Nosotros montamos los grupos de trabajo.
¿Cómo se hizo seguimiento?
Una secretaría técnica con informes mensuales, relatorías y asistencia a todas las reuniones. Esto lo termina haciendo Rodeemos el Diálogo, una organización de la sociedad civil creada en 2012 que hizo un monitoreo en tiempo real. En el eje de transformaciones territoriales se hace seguimiento a proyectos productivos, a las inversiones en el territorio. Se invirtieron más de medio billón de pesos en el transcurso de los dos años. Terminamos de construir carreteras que estaban inconclusas, placas huella, acueductos, se mejoraron escuelas y se montó una sucursal de la Universidad de Nariño en Barbacoas. La gerencia de proyectos permitió de alguna manera articular esa sincronización entre los ministerios, la Gobernación de Nariño y a veces la cooperación internacional y ciertos fondos para hacer realidad algunos proyectos.
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¿Estos compromisos eran de gobierno o de Estado?
Nosotros como delegados de gobierno nacional representamos a un presidente, representante del Estado colombiano. La Ley de Paz Total reconoce que la paz debe ser una política de Estado y que las instituciones están obligadas a implementar los acuerdos parciales que se iban logrando. Para nosotros son acuerdos de Estado en el sentido de que este es el que asume la responsabilidad. En esa mesa logramos firmar 12 acuerdos parciales. Once empezaron a implementarse; uno, no. El que no se implementó fue el acuerdo sobre cese al fuego bilateral, porque quedó condicionado a que el FCS empezara su tránsito hacia la Zona de Ubicación Temporal (ZUT). Como eso no ocurrió, durante dos años tuvimos un profundo desescalamiento de las violencias por una acción de cese al fuego unilateral por parte de FCS: no atacó a la fuerza pública y adoptó una postura defensiva.
Explique más en detalle el papel del Estado en el territorio…
No era una presencia negociada con el actor armado, era una responsabilidad del Estado llegar y hacer presencia institucional. Si el actor armado había impedido durante muchos años el ingreso de la institucionalidad, lo mínimo era que, para ver las transformaciones territoriales, el Estado pudiera entrar. Para asegurar esas inversiones reunimos a los diez secretarios de planeación de los municipios priorizados, nos mostraron sus planes de desarrollo, las obras estratégicas que iban a permitir que la paz arrancara en el territorio.
¿Qué exigieron ustedes para el abandono de financiación ilícita?
En el tema de la coca firmamos un acuerdo en el cual creamos una subcomisión técnica con la Dirección Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, adscrita a la Presidencia. Firmamos un acuerdo en el que nos propusimos sustituir cinco mil hectáreas de coca, priorizando en particular Samaniego, que tenía 700 hectáreas, y Ricaurte. Antes de que se acabara el gobierno del presidente Petro, aseguramos la sustitución de mil hectáreas.
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El presidente De la Espriella prometió reiniciar la fumigación aérea.
Él dice que lo hará con productos que son inocuos, que no tienen mayor daño a la salud. La gente en Nariño tiene gran preocupación con la fumigación aérea por la experiencia del pasado que tuvo un impacto en la salud de mucha gente y lo primero que hacen es decirte no. Desde antes de que llegara De la Espriella, la gente estaba muy jugada con hacer sustitución de cultivos. Ha habido una crisis de la coca y es una cosa paradójica: se han expandido los cultivos, porque la coca ya no deja la plata que dejaba antes, entonces la gente trata de cultivar más para recibir más ingresos. El precio de la coca estaba por el piso. Gran parte de la negociación partía de la petición de dar un par de años a la gente para sobrevivir y pasarse al cacao o al café. Se quieren salir de esa vaina. Yo creo, por un lado, que se van a oponer mucho a la política del gobierno y esto puede tener la perspectiva contraria: nos van a empezar a fumigar, ahora vamos y sembramos en otra parte para poder sobrevivir. Realmente se ha avanzado mucho en que la gente haga sustitución de cultivos. En esos diez municipios llegamos a mil hectáreas.
¿Y sobre minería de oro?
No firmamos acuerdo. La aproximación fue distinta, pues considerábamos que lo teníamos que resolver vía la creación del distrito minero, que era una política del gobierno nacional. Entonces se combinan dos cosas: el ministerio de Minas define que se van a hacer tres distritos mineros, dos de ellos en los diez municipios priorizados; y el proceso de concertación, porque no todo el mundo quiere la minería y muchos prefieren que esté ilegal. Buscábamos una delimitación de los distritos mineros, que se creara una comisión intersectorial que tuviera que definir el plan de acción y se debía aprobar con consulta previa. La idea era que, una vez quedara formalizado el distrito minero, esto quedara en manos de las comunidades. El distrito minero quedó formalizado y delimitado. Se estaba trabajando en el plan de acción que no se ha ejecutado.
¿Qué pasará con los mecanismos de verificación?
Recordemos que la MAPP-OEA se crea en el proceso con los paramilitares, desde ahí ha estado haciendo monitoreo de la situación en territorio. Álvaro Uribe la crea, Juan Manuel Santos e Iván Duque la sostuvieron. Petro hizo lo mismo con el acompañamiento de varias de las mesas. En eso llega Abelardo de la Espriella. ¿Qué va a pasar? Creo que queda abierta la pregunta, pero durante el gobierno del presidente Petro y los dos años que estuvo Donald Trump, la MAPP-OEA jugó un rol muy importante porque ellos tienen presencia territorial, conocen los diez municipios porque los transitaban cada ocho días en misiones, tiene un reconocimiento de las comunidades, los grupos armados los respetan y los dejan entrar a zonas vedadas para muchos actores institucionales. Su rol le sirve al Estado. Yo esperaría que durante este gobierno se pueda mantener.
¿Quedaron vigencias o dineros comprometidos?
Quedaron dineros comprometidos por parte de los ministerios para las transformaciones territoriales y hay donantes internacionales que tienen comprometidos recursos para que siga avanzando el desminado humanitario. El donante era de Estados Unidos, cuando llegó Donald Trump se congelaron los fondos y nos tocó salir a buscar donante internacional. Alemania empezó a apoyar, pero a la vuelta de un tiempo Estados Unidos descongeló los recursos. Tenemos hasta el año 2027 de vigencias para seguir haciendo desminado humanitario.
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Pero si el presidente reanudó los bombardeos…
¿Qué tanto de acción integral contra minas puedes hacer? Si empiezas a hacer bombardeos en un territorio, ningún operador entra donde el terreno está en disputa y hay confrontación directa. Nosotros, en promedio, dejamos un 50 % sin presunción de artefactos. Nos faltó el resto, pero es que era a dos años. Un municipio entero quedó declarado libre de minas. Ahí hay una tarea que es muy importante, que se tiene que continuar. Para eso están asegurados los recursos, pero se necesita que un gobierno diga sí seguimos.
¿Qué pasará con la búsqueda de personas dadas por desaparecidas?
Nosotros recuperamos 43 cuerpos en el lapso de dos años. Esos cuerpos están en manos de Medicina Legal para su identificación. La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) tiene un presupuesto autónomo. En un contexto de confrontación armada, muy difícilmente el FCS va a seguir entregando información. Creamos un protocolo de acceso humanitario que le permitió a Reencuentros (organización de búsqueda formada por las exFarc) entrar a zonas y recuperar cuerpos. Reencuentros con la UBPD recuperaron diez cuerpos y tenían una proyección para cumplir con el mandato y también con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el macrocaso para Nariño. En un contexto de confrontación no se va a poder seguir dando.
¿Y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes?
Establecimos la subcomisión de niños, niñas y adolescentes que le entregó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la responsabilidad de hacer una caracterización en los diez municipios. Logramos avanzar en esa subcomisión. El FCS entregó un listado de 11 menores que fueron desvinculados de sus filas. A cinco de esos menores, el ICBF les generó una ruta de protección y empezó a trabajar con ellos. Eso se le tiene que entregar al país y toca saber qué va a pasar en clave de esa ruta de protección. Si el gobierno acaba este proceso de paz, ¿qué va a pasar con esa ruta de protección?
El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), hoy a cargo de D´Mar Córdoba Salamanca —contradictor de los procesos de paz—, tiene un compromiso con esta mesa de diálogo…
El acuerdo número seis estableció que el CNMH tenía que hacer un informe para entender los impactos del conflicto armado con el FCS, y ofrecer unas recomendaciones al Estado y la sociedad para una reconciliación sostenible en el largo plazo. El CNMH ya hizo la recolección, redactó el informe, pero no entregó el informe. En el CNMH está la partida presupuestal para que la impresión y el lanzamiento oficial de ese informe sea en octubre de este año. Ese informe lo están esperando las víctimas de los diez municipios que entregaron testimonios. Comuneros del Sur también ofreció versiones voluntarias. El FCS nunca firmó un acuerdo final, pero empezó a dar pasos muy claros de compromiso, desescalando las violencias y contribuyendo a la verdad. Ese informe recoge las versiones voluntarias del FCS, los testimonios de las víctimas y un diagnóstico de lo que pasó en ese departamento durante los últimos 30 años. El FCS reconoció responsabilidades de daños que le habían causado a la comunidad, ayudó con información para empezar a hacer lo que uno podría llamar reparaciones tempranas.
¿Qué hablaron sobre la seguridad jurídica de los líderes y combatientes, teniendo en cuenta de que hay al menos dos órdenes de extradición?
Tuvimos dos temas en los que fue muy difícil avanzar: la seguridad jurídica del FCS y la seguridad del territorio. Las órdenes de captura estaban levantadas por el gobierno Petro, pero están escondidos y hay dos órdenes de extradición: una contra
Gabriel Yepes Mejía y la otra contra Oliverio Porfirio Pai Rodríguez. La Corte Suprema de Justicia había autorizado la extradición de Yepes cuando el gobierno de Estados Unidos hizo la solicitud. En medio de la negociación, el presidente Petro suspendió la extradición por su voluntad de paz. La participación directa de Gabriel Yepes en las negociaciones fue fundamental para avanzar en el desescalamiento de las violencias, sustitución de cultivos, destrucción de una tonelada de material de guerra. Eso fue el cumplimiento del acuerdo número cuatro de la mesa y el material fue destruido por el Ejército de Colombia. Si uno quería ponerle una bomba a la mesa de negociación con Comuneros del Sur, era extraditar a Gabriel Yepes.
¿Qué le faltaba a la mesa para concretarse?
Nosotros firmamos el acuerdo número ocho para crear una Zona de Ubicación Temporal en Mallama, para poder activar también el cese al fuego bilateral y cerrar esta negociación. Debíamos firmar tres protocolos técnicos: cómo se iba a mover el FCS hacia la zona, cómo iba a funcionar y qué iba a pasar con las armas durante el tiempo que iban a estar allí. Adicionalmente, se estableció que había que hacer una consulta previa porque era la primera zona de este tipo que se iba a hacer en un resguardo indígena. La hicimos entre septiembre y diciembre de 2025, con seis asambleas en diferentes sectores del resguardo en las que participaron más de mil personas. Así protocolizamos la consulta previa y se definieron partidas presupuestales por parte de la Gobernación de Nariño y del Gobierno para hacer inversiones en el territorio.
¿Para usted qué es lo peor de clausurar esta mesa de diálogo?
En medio de esta negociación surgía un proceso de justicia restaurativa relacional. Si tumbas la mesa, lo que va a terminar ocurriendo es que se va a estigmatizar a mucha de la gente que ha participado. Están llenos de temor. Nosotros dejamos en la mesa de negociación la Red de Mujeres Hilando Poderes, jugadas en los diez municipios por defender la paz territorial. Cuando no cierras una negociación, la violencia vuelve. Entonces, 2026 en Mallama arrancó muy complejo. Entre febrero y abril de este año asesinaron a más de siete personas, generando incertidumbre. En el municipio de Mallama, antes de la posesión del presidente, la fuerza pública dio de baja a Jaime Eduardo Álvarez Riascos, alias “Lalo” o “El Gringo”, que había sido negociador del FCS.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
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ART(16144)•Hace 7 minutosAndrei padece de amnesia. Se acuerdan de “en 3 meses… “ de Petro, hace 4 años
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Antonio(88872)•Hace 3 horasCon el estafador De La espriella, gánster, defensor de narcos, paramilitares y criminales como el testaferro de Maduro, la violencia y la guerra seguirá y en aumento!!!