
Han pasado casi diez años desde la histórica firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc. Pero la solución al problema de drogas ilícitas, uno de los pilares para darle fin a décadas de conflicto armado, todavía está en el aire. Esa negociación, que tambaleó varias veces por el debate sobre la coca y el narcotráfico, logró un consenso para crear una estrategia de sustitución de cultivos. El plan dejó de tener como eje central la fumigación y la erradicación forzada y quedó condensado en el punto número cuatro. Sin embargo, hoy por hoy, los fantasmas de la aspersión aérea y de una ruta poco clara para el reemplazo de las 261.000 hectáreas de coca vuelven a aparecer en un escenario que, además, carga con un rezago de gobiernos anteriores y de estrategias mal ejecutadas.
Entre noviembre de 2013 y mayo de 2014, la mesa de negociación entre la delegación del gobierno Santos y la cúpula de las Farc le puso la lupa a lo que consideraban uno de los factores dinamizadores del conflicto en el país: la coca. En esos encuentros, las partes creían que eliminar los cultivos de uso ilícito era la puerta de entrada para contener el narcotráfico. El asunto estaba en cómo hacerlo. La guerrilla, una de las más antiguas del continente, tenía presencia en los principales enclaves cocaleros de Colombia, por lo que conocían de primera mano las dinámicas de ese mercado cada vez más atractivo para grupos armados, bandas y capos. Sin embargo, fue ese protagonismo lo que generó dudas dentro del proceso de paz y se cuestionó qué tan dispuestos estaban a dejar una renta ilegal millonaria.
El tema generó tensiones, al punto de que se consideró levantar la mesa de negociación. Una de las razones de las Farc para no discutirlo era su insistencia en que no fueran tratados como narcotraficantes. Luego de casi un año de conversaciones, el gobierno de Santos y la guerrilla aclararon el asunto y decidieron trazar una sola ruta: sustituir cultivos como salida al conflicto y al narcotráfico. En el punto cuatro se incorporó la problemática de las drogas ligada a la pobreza rural y la debilidad institucional. En respuesta a estos fenómenos, se pensó en una estrategia de sustitución voluntaria y desarrollo de los territorios. Para ello, se creó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), un plan al que, según expertos, le faltó estrategia y voluntad política para ponerlo a andar.
Lea también: Corte Constitucional dio órdenes a De la Espriella para proteger niñez en La Guajira
Estefanía Ciro, investigadora de AlaOrillaDelRío, explicó en un reciente artículo para el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) cómo, durante los primeros años, la estrategia parecía funcionar. Entre 2017 y 2022 se erradicaron de forma “voluntaria” y asistida 46.008 hectáreas, de las cuales casi 38.000 habían sido verificadas por UNODC. Esta entidad había calculado 98 % de éxito y solo 5 % de resiembra, y había ingresado a casi 100.000 familias en 14 departamentos, principalmente Putumayo, Nariño, Caquetá y Antioquia. Sin embargo, las dificultades comenzaron casi a la par, debido a la poca capacidad institucional para cumplir los objetivos. A eso se le suma que el Estado tampoco logró llegar a tiempo para ocupar el vacío que dejaron las Farc en los territorios.
“Fue caldo de cultivo de la reconfiguración del conflicto armado, como ha sido evidente en Putumayo, Nariño, Cauca y Catatumbo. La vida cotidiana de los pobladores de estos territorios giró entre firmar los acuerdos de sustitución, convencer a las comunidades para confiar en que se iba a cumplir, ser tildados de traidores, soportar las erradicaciones, enfrentar el incumplimiento y demandar por ser firmantes o no del programa PNIS. Se asentaron las bases para la aparición de nuevos grupos armados en los territorios, que, en gran medida, recogieron estas inconformidades, se justificaron en ellas y mantuvieron la dinámica de la economía cocalera, en el contexto de un incumplimiento abierto del Estado a los campesinos del programa”, explicó la investigadora Ciro.
Para André Celis, politólogo de la Universidad del Rosario e investigador del crimen organizado y conflicto armado, coincide con Ciro y resalta que no solo las Farc controlaban los cultivos. “Si bien las Farc controlaban ciertos enclaves, en regiones como el Gran Urabá chocoano, antioqueño y cordobés, el control lo ejercía el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), anteriormente conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Faltó una presencia oportuna del Estado para recuperar esos territorios tras la desmovilización, una constante histórica que ya se había presentado en procesos anteriores como el del EPL en 1991”, dijo Celis.
Y agregó: “En la actualidad, las dinámicas del narcotráfico están marcadas por una multiplicidad de actores. Existen al menos cuatro grandes grupos armados: las dos disidencias de las FARC, la insurgencia del ELN y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), este último constituido como la mayor estructura irregular del país. El EGC domina los principales puertos y opera bajo un modelo de outsourcing, contratando filiales y redes en Córdoba, Urabá, el Darién, el Chocó y el sur del país, donde gestiona laboratorios y conexiones para la salida de droga”.
A ese panorama se sumó la falta de voluntad política. El reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz, Cerrar los compromisos de la sustitución gobernando el territorio, señala que la deuda de la implementación del punto cuatro del acuerdo atraviesa los dos gobiernos posteriores a la firma. En 2022, al finalizar el gobierno de Iván Duque, apenas el 3,5 % de las familias vinculadas había culminado el Plan de Atención Inmediata, que tenía como objetivo garantizar condiciones básicas de subsistencia e ingreso rápido a abandonar voluntariamente los cultivos de uso ilícito sin una crisis económica. Durante el gobierno Petro se avanzó en un 40 % en el cumplimiento de los compromisos que el Estado aún tiene pendientes con las cerca de 100.000 familias que se vincularon al PNIS.
Le puede interesar: Mindefensa asegura que Gobierno Petro frenó compra de inhibidores para Escudo Antidrones
Aunque las familias cumplieron con la erradicación de cultivos, no recibieron los beneficios prometidos. “Hay una falta de voluntad política muy clara del primer gobierno después de la firma del Acuerdo. Y esto no mejoró en el segundo gobierno con Gustavo Petro, porque si bien es cierto que aumentó la ejecución, ni siquiera en esos cuatro años siguientes se logró terminar la implementación de los componentes familiares del programa. A casi diez años de lo negociado, hay hogares que firmaron los acuerdos de sustitución, erradicaron sus cultivos y todavía no han recibido los beneficios y los compromisos que el Estado adquirió de manera integral”, detalló Lucas Marín, investigador del Centro de Estudios de Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes.
El informe de la FIP recoge información de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito que señala que, con corte a julio de 2026, de las 79.518 familias que permanecían activas en el programa, 46.689 habían culminado el Plan de Atención Inmediata. Diez años después de la firma del Acuerdo de Paz, más del 41 % de las familias vinculadas al programa aún no ha culminado ese proceso. A esos escenarios de incumplimiento se suma uno más: el grave deterioro de la seguridad que provocó el asesinato de líderes sociales y firmantes de paz que apostaron por la sustitución de cultivos en sus territorios. Según Marín, la puesta en marcha del PNIS incrementó en 481 % la tasa de asesinatos de líderes sociales y en 122 % la probabilidad mensual de su ocurrencia en municipios con presencia de grupos armados.
Celis agrega que el compromiso asumido en el papel de dialogar con las comunidades cocaleras no se tradujo en la práctica, minimizando la capacidad de implementación del acuerdo. La política pública formulada desde 2023 para destrabar los niveles de incumplimiento terminó agregando más burocracia, quedando en el papel y no en ejecuciones reales. A esto se le suma la desfinanciación. “Los recortes presupuestales tanto al Acuerdo de Paz como a sus instituciones privaron de recursos a los territorios, impidiendo una acción efectiva y oportuna por parte de las entidades encargadas. En síntesis, se identifican tres factores trascendentales: la conflictividad armada en los territorios, la desfinanciación y la falta de celeridad por parte del Gobierno en el cumplimiento”, dijo.
Elizabeth Dickinson, analista de Crisis Group, resalta la tardanza del Gobierno para llenar los vacíos en los territorios. “Cuando se retiraron las Farc, el Estado no fue capaz de llegar suficientemente rápido y no pudieron llenar el vacío en la economía ilícita. Las personas involucradas en el mercado del narcotráfico, para garantizar la posibilidad de seguir con el mercado y tener productos, incentivaron el cultivo. Llegaron a las fincas e incentivaron con semillas, fertilizantes y con pagos anticipados. Dado que las condiciones de la sustitución en muchos casos no eran sostenibles, esa oferta lastimosamente engañó a mucha gente que volvió a transformar sus tierras hacia los cultivos ilícitos”. Para la FIP, estos resultados muestran los límites de una estrategia que no consiguió articular los apoyos con las demás transformaciones rurales necesarias para sostener la sustitución.
Sobre esa falta de voluntad política, Andrés Aponte, analista senior del Observatorio Andino de GI-TOC, explicó que ese vaivén de posturas a lo largo de los años impidió consolidar una estrategia consistente en los programas de sustitución y generó una serie de incumplimientos que provocaron que las comunidades se desvincularan y dejaran de creer en la propuesta de implementación. “Ante los incumplimientos del Estado y el empuje de organizaciones criminales, se creó un suelo propicio para impulsar el auge cocalero, obligando a muchos sectores campesinos a reincidir en el cultivo. Este fenómeno se vio reforzado por deficiencias en los proyectos productivos alternativos, los cuales no lograron desactivar la coca como mecanismo básico de subsistencia, desaprovechando la coyuntura de la crisis cocalera para consolidar un papel regulador por parte del Estado”.
Este es el penúltimo periodo presidencial para cumplir el Acuerdo de Paz y para echar a andar la sustitución de cultivos sin más rezagos. Aunque la lucha contra las drogas fue el centro de campaña de Abelardo de la Espriella, como mandatario esa no ha sido principalmente su gestión. Dentro de sus anuncios estuvo el regreso de la aspersión con glufosinato de amonio en Putumayo, pero el plan piloto quedó suspendido por más de 10 tutelas, y la estrategia está frenada. Por otro lado, los programas de sustitución no tienen una ruta clara y, según datos de la FIP, las incautaciones se redujeron 6 % frente a 2025. El riesgo es que exista una parálisis para enfrentar las más de 261.000 hectáreas de coca, según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, que corresponde a 2024.
“El mensaje de Abelardo de la Espriella es concreto: más aspersión e interdicción. Sin embargo, la aspersión estará condicionada por las acciones de las Cortes. Y respecto a la movilización campesina, puede tener presiones de los grupos criminales como manera de blindar y limitar las campañas de erradicación. Esto pondrá a prueba la capacidad de diálogo e interlocución del Estado. Dependiendo de la respuesta, se refrendará una imagen que puede ser la que tradicionalmente se desplegaba, en donde lo comunitario que contemplaba el Acuerdo como mecanismo para sustituir seguramente no va a ser tan prevalente”, explicó el investigador Aponte.
Y agregó: “Es indispensable superar la visión aislada del cultivo de coca. En la geografía actual, la economía cocalera se encuentra profundamente articulada a otros motores delictivos que configuran verdaderos ecosistemas criminales. Según la región, la coca converge con la minería ilegal, la deforestación, la ganadería expansiva, la extorsión y el tráfico de personas. Esta interconexión exige que las respuestas estatales y las estrategias de intervención sean de carácter integral y multidimensional”.
Para el investigador Andrés Celis, el panorama es preocupante, principalmente por los planes de aspersión y las investigaciones por terrorismo a quienes se opongan. “Esta orientación implica un retorno a la persecución directa del eslabón más débil de la cadena: los campesinos cocaleros y los raspachines, pobladores para quienes la hoja de coca ha constituido el sustento económico durante más de cuatro o cinco décadas. Al asimilar de manera homogénea a las comunidades indígenas y campesinas con las estructuras del crimen organizado o insurgente, se proyecta una parálisis en el cumplimiento del acuerdo y un escalamiento de la presión represiva sobre los territorios rurales”, advirtió.
En su informe, la FIP advierte que este Gobierno deberá completar la sustitución de cultivos de uso ilícito, así como la atención de las familias campesinas que se mantienen en el programa. “La reducción sostenible de los cultivos de uso ilícito requiere transformar las estructuras económicas de los territorios donde estos persisten. Esta transformación solo puede lograrse mediante una intervención sostenida en el tiempo”. El próximo 26 de noviembre, el Acuerdo de Paz cumplirá una década y el penúltimo Gobierno al que le corresponde su implementación tiene una línea clara para su guerra contra el narcotráfico. Pero, según expertos, no es del todo precisa en cuanto al cumplimiento de uno de los puntos más importantes de lo pactado en La Habana: una solución integral al problema de drogas.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.