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La subregión del San Juan (Chocó) atraviesa una nueva emergencia humanitaria a raíz de los enfrentamientos armados entre el Clan del Golfo y el ELN, que han provocado desplazamientos masivos y confinamientos en los municipios de Sipí y Nóvita.
La situación se suma a la crisis generada por el terremoto de magnitud 7,3, con epicentro en San José del Palmar, y agrava el riesgo para la población étnica del Consejo Comunitario ACADESAN y del pueblo indígena Emberá.
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De acuerdo con un informe de la Defensoría del Pueblo, en agosto se registró la presencia de presuntos integrantes del Clan del Golfo en la comunidad de San Agustín, municipio de Sipí, donde permanecieron durante tres días e impidieron a los habitantes desarrollar sus actividades agropecuarias, pesqueras y sus prácticas ancestrales.
Durante un recorrido realizado el pasado 19 de agosto, la Defensoría constató el riesgo de desplazamiento forzado y confinamiento derivado de los combates. La situación afecta a seis comunidades étnicas de Nóvita y Sipí, con cerca de 405 familias, unas 1.366 personas, que debieron ser evacuadas hacia la comunidad de Barranco y el municipio de Istmina.
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Ataque con explosivos deja tres civiles heridos
Por su parte, el pasado 23 de agosto se registró un nuevo hecho de violencia: un dron cargado con explosivos improvisados fue accionado y dejó como resultado tres civiles heridos, dos hombres y una mujer. Como consecuencia de este ataque, otras 90 familias, 118 personas, tuvieron que desplazarse hacia las poblaciones vecinas de Barranco, Charco Largo y Charco Hondo.
Estas comunidades permanecen, además, en confinamiento por las restricciones a la movilidad impuestas por la presencia de grupos armados organizados en la zona. En total, la crisis humanitaria afecta a 384 familias y 1.339 personas, quienes temen también por una eventual contaminación de su territorio con minas, ante el reciente uso de drones en los enfrentamientos.
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Ante esta situación, la Defensoría hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que respeten las normas del Derecho Internacional Humanitario. La entidad también exhortó a las autoridades municipales, departamentales y nacionales a garantizar condiciones seguras para la población desplazada, activar de inmediato las rutas de atención humanitaria y mantener un monitoreo permanente ante el riesgo de nuevos desplazamientos o confinamientos.
La entidad insistió en la necesidad de activar con urgencia la respuesta humanitaria para las comunidades confinadas y desplazadas, adoptar medidas de protección diferencial para niños, niñas, personas mayores y población étnica, y gestionar una misión interinstitucional para evaluar las necesidades en la zona.
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La Defensoría del Pueblo recordó que los riesgos para la población civil de Sipí ya habían sido advertidos mediante la Alerta Temprana 012 de 2022, cuyas amenazas se estarían materializando ahora en medio de la disputa por el control territorial entre los grupos armados ilegales. Las comunidades afrocolombianas de ACADESAN, ya golpeadas por los efectos del sismo del 10 de agosto, enfrentan además restricciones para recibir ayudas humanitarias debido al accionar de los grupos en disputa.
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