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La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria en contra del exministro de Minas y Energía, Edwin Palma Vega; el exsuperintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Elmer Felipe Durán, y dos exagentes especiales que estuvieron al frente de la intervención de Air-e, la empresa encargada del servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
La apertura del proceso se dio a partir de un informe preventivo elaborado por la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero-Energéticos y Agrarios, en el que se advierten presuntas irregularidades y omisiones que habrían contribuido al deterioro financiero y operativo de la compañía durante los distintos períodos de intervención estatal.
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El exministro Edwin Palma Vega, quien también actuó como agente especial durante la intervención, deberá responder por presuntos incumplimientos relacionados con el traslado de recursos destinados al alumbrado público, así como por retrasos en reportes obligatorios ante el Sistema Único de Información (SUI), XM y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). La Procuraduría también le cuestiona no haber corregido prácticas de facturación consideradas irregulares, arrastradas desde administraciones anteriores.
Uno de los hallazgos que más preocupó al ente de control tiene que ver con el comportamiento de las obligaciones financieras de Air-e frente a las empresas generadoras de energía. Según el informe, la deuda pasó de COP 833.000 millones en febrero de 2025 a COP 2,23 billones en diciembre del mismo año, un incremento superior a COP 1,3 billones durante el proceso de intervención.
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A esto se suma el deterioro de otros indicadores clave: las pérdidas técnicas y no técnicas de energía pasaron de 29,37% a 31,20%, mientras que la empresa pasó de registrar un patrimonio neto positivo a presentar cifras negativas bajo administración estatal. Para la Procuraduría, este panorama justifica establecer si hubo conductas disciplinariamente reprochables por parte de los funcionarios investigados.
El informe también menciona presuntos casos de fraude por parte de contratistas sin evidencia de correctivos, pasivos ambientales pendientes de legalización en doce líneas de alta tensión, y el reporte ante la CREG de activos por cerca de COP 21.000 millones que, según la revisión del ente de control, no corresponderían a la realidad operativa de la empresa.
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En el caso de Elmer Felipe Durán, la investigación se enfoca en la manera como dirigió y supervisó el proceso de intervención. De acuerdo con el expediente, el exsuperintendente de Servicios Públicos Domiciliarios deberá responder por la presunta ausencia de un plan estructurado para la recuperación empresarial de Air-e, así como por eventuales fallas en el manejo de la creciente deuda con las generadoras y en el suministro de información a los organismos de control.
Diana María Bustamante Rueda, otra de las ex interventoras, enfrenta señalamientos relacionados con la ejecución de inversiones y el cumplimiento regulatorio, entre ellos presuntas fallas en reportes obligatorios, problemas con permisos ambientales y baja ejecución de los planes previstos para fortalecer la red eléctrica. Según el informe, 68 de los 70 proyectos contemplados en el Programa de Normalización de Redes Eléctricas (PRONE) 2021 habrían quedado abandonados durante su gestión.
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Por su parte, Nelson Javier Vásquez Torres deberá responder por una ejecución del plan de inversiones que apenas habría alcanzado el 5,4%. La Procuraduría advierte que durante su administración se mantuvo el deterioro del índice de pérdidas, lo que podría derivar en una eventual devolución cercana a COP 467.000 millones a los usuarios de Air-e.
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