18 Oct 2019 - 5:48 p. m.

Confirman medidas cautelares a favor de víctimas de Hidroituango

El juzgado confirmó que existía la inferencia de comisión de los delitos de daño en recursos naturales, contaminación ambiental y fraude procesal. Por lo tanto, confirmó que las medidas para la protección de la población afectada por la hidroeléctrica siguen en pie.

Redacción Judicial

Las medidas cautelares a favor de las personas afectadas del proyecto Hidroituango quedaron en firme en la tarde de este viernes, luego de que un juez penal del circuito de Bogotá confirmara que no hubo una extralimitación judicial para conceder dichas medidas y que los argumentos dados por la Fiscalía eran más que suficientes para inferir el delito de daño en recursos naturales. De esta forma, medidas como la mesa técnica y otras obligaciones a EPM y demás implicados en el proyecto siguen en pie para preservar los derechos de los afectados por el proyecto hidroeléctrico. 

Dichas medidas cautelares, otorgadas en junio de este año, fueron objetadas tanto por EPM como Hidroituango, que aseguraron que las órdenes emitidas por el juez de primera instancia afectaron su derecho a la defensa. Sin embargo, para el juez que estudió el recurso presentado por los responsables del proyecto hidroélectrico, las acciones pedidas por el ente acusador en esencia “guardan correspondencia con el fin de asegurar, salvaguardar y proteger los derechos de las víctimas”.

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Asimismo, el togado agregó que las medidas cautelares no tienen un fin sancionatorio sino de proteger, por lo que “para el despacho no resulta desmedido el rango de la población que cobija la medida”. Además, están justificadas las acciones de precaución, de acuerdo con el juez, debido a la falta de “información real del proyecto y sus eventuales contingencias”.

El juez no solo dejó en firme las medidas cautelares, sino que negó el pedido de prorrogar el tiempo fijado por el juez del caso para entregar los informes de rendición de cuentas. EPM, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres (DAPARD), y Corantioquia ya hicieron llegar los informes sobre los conceptos técnicos de estabilidad el macizo rocoso.  

(En contexto: Responsabilidades y dudas que deja la crisis de Hidroituango)

Con la decisión quedan en firme las medidas cautelares expedidas en julio, entre ellas la de implementar de manera urgente e inmediata un plan de choque para la recolección del buchón de agua o las macrofitas presentes sobre el cauce del Río Cauca. Según la Fiscalía, sobre el río Cauca, a la altura de Sabanalarga (Antioquia), los investigadores constataron la invasión acelerada de buchón, una planta acuática que crece en zonas en las que el agua se empoza y un manto que bloquea los rayos del sol.

También se confirmó el cierre técnico de la planta de asfalto ubicada en la vía que de Toledo conduce a Puerto Valdivia en Antioquia, sobre la ronda del río San Andrés, uno de los afluentes que nutre al Río Cauca. De igual manera, quedó en pie la orden la recolección y la disposición inmediata y técnica de los residuos material carburado del petróleo y otros elementos peligrosos dispersos indiscriminadamente, provenientes de los trabajos de obra civil para la hidroeléctrica.

El tercer punto confirmado en la decisión del juez fue la estabilización urgente e inmediata de taludes y manejos de aguas superficies en la escombrera de El Higuerón, ubicado entre Puerto Valdivia y la hidroeléctrica. Así como el cumplimiento de las normas técnicas de cierre y abandono establecidas por la autoridad ambiental. En este punto quedó incluida la recolección de todos los residuos de la construcción de la represa por el bien de la salud de los habitantes de las poblaciones de Buriticá y Sabanalarga, ya que en 2010 había cero casos de leishmaniasis y en el 2018 fueron reportados 85. 

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El último de los puntos decretados, y que fue confirmado, es que EPM debe suministrar a la población afectada “información real, actual, técnica y acertada sobre el estado de la estructura interna de la presa, estado real de la obra y sobre el riesgo que pueden estar sufriendo las poblaciones aguas abajo del mismo proyecto”. Además, de permitir la pesca a los pobladores, o por lo menos explicar las razones para la prohibición en la zona del embalse.

Mientras que EPM e Hidroituango habían recurrido la decisión de las medidas cautelares, la Procuraduría, Ríos Vivos y la Asociación de Pescadores y Pequeños Mineros de Puerto Valdivia pidieron que se confirmara las medidas cautelares dadas en primera instancia ya que eran “ajustadas a derecho” puesto que ponían en primer lugar la protección de las víctimas.

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