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16 Mar 2022 - 10:00 p. m.

Consejo de Estado no deberá revisar sanciones de la Contraloría: Corte

La Corte Constitucional tumbó dos artículos de la ley 2080 del año pasado que reformaba el Código de Procedimiento Administrativo en cuanto al análisis de las sanciones que impusiera la Contraloría a funcionarios públicos elegidos por voto popular o miembros de alguna entidad estatal.
Corte Constitucional - Sala Plena
Corte Constitucional - Sala Plena
Foto: Mauricio Alvarado / El... - Mauricio Alvarado

Por considerar que había vulneración al debido proceso, la Sala Plena de la Corte Constitucional, con una votación de 5 contra 2 y dos magistrados impedidos, tumbó dos artículos de la ley 2080 de 2021, que daban vía libre a que el Consejo de Estado revisara de forma automática las sanciones que la Contraloría imponía a funcionarios públicos y a quienes fueron elegidos por voto popular.

La decisión que estuvo en manos de la magistrada Cristina Pardo obedece a una demanda en contra de la norma, que llegó al alto tribunal en el que advertían que el control automático e integral de los fallos con responsabilidad fiscal tenía un beneficio “injustificado” debido a que eximía de cargas propias los actos administrativos que se imponían.

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En ese orden, la Sala Plena constató que “el mecanismo priva al responsable fiscal de varias garantías procesales propias del derecho de acción y del debido proceso. Tal es el caso de los derechos a formular la demanda, a pedir y controvertir pruebas, a solicitar la suspensión del acto, a presentar alegatos de conclusión y a solicitar la reparación del daño”.

Para la Sala es claro que la revisión automática por parte del Consejo de Estado vulneraba a todas luces el derecho al debido proceso de quienes eran responsables fiscalmente. De ahí que considerara pertinente tumbar los dos artículos y otorgar efectos retroactivos. “El control judicial de los procesos de responsabilidad fiscal que se fallen a partir de la publicación de esta sentencia deberá regirse por las disposiciones vigentes antes de la promulgación de la Ley 2080 de 2021″, es una de las directrices de la Sala.

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Además, los procesos de control automático de fallos con responsabilidad fiscal que se encuentren en curso deberán ser declarados nulos de oficio y devueltos a la autoridad fiscal que profirió la decisión. Una vez recibido el expediente, se deberá notificar nuevamente el fallo para que su posible control judicial se lleve a cabo bajo las normas previas a las que empezaron a regir el año pasado.

“En los procesos de control judicial automático e integral de fallos con responsabilidad fiscal que cuenten con sentencia ejecutoriada, los interesados podrán acudir a la autoridad judicial dentro de los cuatro meses siguientes para solicitar la nulidad del fallo y la devolución del expediente a la autoridad fiscal”, es otra de las directrices del alto tribunal.

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Entre tanto, con ese revés de la Corte sobre esa norma, la Contraloría también deberá divulgar la decisión del alto tribunal con el fin de que quienes se encuentran en procesos fiscales tengan conocimiento de las nuevas directrices. Al Congreso, por su parte, la Sala Plena exhortó que analice y desarrolle nuevamente el artículo 267 de la Constitución que habla sobre el control fiscal como una función pública que debe ejercer la Contraloría. La directriz, en ese caso, es que se acoja a las nuevas directrices que estipuló la Corte este miércoles.

La decisión en este caso es controversial debido a que la Contraloría debía remitir los expedientes de sanción fiscal como el de Hidroituango al Consejo de Estado para su revisión, y este, una vez lo dejara en firme debía devolverlo al ente de control para que quedara en firme. Aunque con la hidroeléctrica no se alcanzó a efectuar esa situación el caso que puso un precedente sobre ese mecanismo fue la sanción que la Contraloría le puso en su momento al candidato presidencial Gustavo Petro cuando fue investigado por supuesto detrimento por la reducción de los pasajes de Transmilenio durante su administración.

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El líder de Pacto Histórico llevó el caso a instancias internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estudió su destitución que estuvo en manos del entonces procurador Alejandro Ordóñez. Allí le dieron la razón. En ese entonces, la Corteidh le ordenó al Estado cambiar la normatividad interna para que, en el futuro, una entidad administrativa, como el Ministerio Público o la Contraloría, no pudieran destituir a personas elegidas por voto popular.

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