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El coronel en retiro Juan Carlos Figueroa, quien estuvo al frente del Batallón de Infantería La Popa en Valledupar (Cesar) entre enero de 2004 y julio de 2005, ya no irá a juicio adversarial ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El exmilitar aceptó su responsabilidad en los 38 casos de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos por los cuales había sido imputado como máximo responsable por parte de la justicia transicional.
El expediente de Figueroa hace parte del caso 03 de la JEP, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados como bajas en combate por agentes del Estado. Está puntualmente dentro del subcaso Costa Caribe, que indaga por los graves crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por militares del Batallón La Popa, en alianza con estructuras paramilitares en departamentos como Cesar y La Guajira.
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El coronel (r) Figueroa fue citado para la audiencia preparatoria al juicio este 27 de enero de 2026. La diligencia era la antesala a la instalación del juicio adversarial en su contra, que se haría en marzo en Valledupar (Cesar). De ser hallado responsable de los 24 hechos criminales por los que fue acusado por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), también conocida como la fiscalía de la JEP, podría ser condenado hasta a 20 años de cárcel.
Sin embargo, la decisión de aceptar su responsabilidad de forma tardía plantea ahora un panorama distinto para el exmilitar. Ahora tendrá que reconocer su rol dentro de la política criminal de las ejecuciones extrajudiciales, en una diligencia que quedó programada para el próximo 24 de marzo, a las 9:00 de la mañana. Luego, la JEP emitirá una sentencia alternativa en contra de Figueroa, de entre cinco y ocho años de cárcel.
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La investigación adelantada por la UIA señala que entre 2004 y 2005, cuando Figueroa sucedió al también condenado coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez, el exmilitar habría tenido responsabilidad en 24 hechos en los que 38 personas fueron asesinadas; nueve de ellas sufrieron torturas y otras 11 fueron desaparecidas forzosamente. En 2021, cuando el exmilitar fue imputado como máximo responsable, no aceptó los delitos endilgados.
El expediente pasó a la UIA, que el 23 de noviembre de 2023 lo acusó formalmente por su presunta responsabilidad en asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados ilegítimamente como bajas en combate. La tesis que defendía la acusación señala que el coronel (r) Figueroa guardó silencio frente a la política criminal de torturas, asesinatos y desapariciones forzadas adelantada por algunos militares del Batallón La Popa.
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“Existen elementos que indican que Figueroa Suárez conocía lo que estaba ocurriendo y no ejerció el control debido sobre sus subordinados, quienes habrían cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad”, señaló la JEP sobre el caso del exmilitar. Y él mismo lo reconoció durante la audiencia de este martes. “Acepto la responsabilidad de no saber que mis subalternos estaban asesinando a civiles”, indicó el exmilitar durante la diligencia.
También lo había expresado mediante una carta con fecha del pasado 19 de enero, que la abogada que representa al coronel (r) Figueroa, María Paulina Gómez Pérez, le envió al despacho del magistrado Raúl Sánchez, quien estaría al frente del juicio contra el exmilitar y preside la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP. Una misiva con la que anticipó el interés del oficial de reconocer tardíamente su responsabilidad.
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“De manera previa a la audiencia preparatoria programada para el día 27 de enero de la presente anualidad, el compareciente manifiesta expresamente su interés en aceptar la responsabilidad que le corresponde conforme al escrito de acusación presentado por la fiscalía, reiterando que su voluntad ha sido y continúa siendo colaborar de forma plena, detallada y transparente con la reconstrucción de la verdad, conforme a los requisitos establecidos por el régimen de justicia transicional”, dice la carta.
Aunque el coronel (r) Figueroa no recibirá una sanción de tipo restaurativo como la que recibieron los otros 12 exmilitares del Batallón La Popa que aceptaron su responsabilidad y fueron sancionados el 18 de septiembre de 2025, tampoco pasará hasta 20 años en prisión. El monto de entre cinco y ocho años de cárcel para él quedará definido en su sanción alternativa que, según indicó el magistrado Suárez, podría conocerse en un plazo de tres meses.
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