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Este miércoles 4 de febrero, la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación en contra del senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, tras una compulsa de copias remitida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La indagación está relacionada con declaraciones que el excongresista Álvaro Ashton le entregó a la justicia transicional sobre presuntos vínculos entre políticos y paramilitares en Atlántico y Magdalena.
Según la información que se conoce hasta el momento, la JEP le remitió al alto tribunal el 28 de octubre de 2025 seis CD con declaraciones en audio que Ashton entregó ante esa instancia creada con el Acuerdo de Paz de 2016. El contenido de esos archivos, según la Corte Suprema de Justicia, daría cuenta de “la presunta vinculación de varias personas con supuestas actividades ilegales”.
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Con esa compulsa de copias, el alto tribunal abrió dos procesos. Uno de ellos contra el senador conservador, que llegó al despacho del magistrado Francisco Farfán, quien abrió una indagación previa y ordenó escuchar a Álvaro Ashton en ampliación de su denuncia, así como a Efraín Cepeda en versión libre. La diligencia para escuchar las declaraciones del expresidente del Senado se realizará el próximo 18 de febrero.
El segundo radicado que abrió la Corte Suprema de Justicia está relacionado con el ministro del Interior, Armando Benedetti, y llegó a manos del magistrado César Reyes, quien analiza el caso para determinar si los hechos corresponden a otra investigación que ya exista contra el jefe de cartera o si, en efecto, es necesario abrir una indagación en contra del alto funcionario del gobierno de Gustavo Petro.
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Álvaro Ashton, en versión voluntaria ante la JEP entregada en 2025, se refirió a las presuntas alianzas entre dirigentes políticos, empresarios, miembros de la fuerza pública y estructuras paramilitares del Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Una estructura que estuvo al mando de Édgar Ignacio Fierro, conocido en el mundo del crimen como alias “Don Antonio”, y de Carlos Mario García Ávila, alias “El Médico” o “Gonzalo”, identificado como jefe político de esa estructura ilegal.
El excongresista explicó ante la JEP cómo dichos pactos económicos, políticos y electorales habrían facilitado la cooptación de instituciones públicas, la manipulación de elecciones y el control político en la región Caribe. Asimismo, indicó que el senador Cepeda habría tenido acuerdos electorales indirectos “con sectores apoyados por paramilitares, especialmente en el marco de alianzas departamentales y de redistribución de votos en Barranquilla y Soledad (Atlántico)”.
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Ashton también mencionó ante la JEP que, además de Cepeda, los senadores Mario Enrique Varón Olarte, Jaime Cervantes Varela, David Char Navas, Jorge Alberto Gerlein Echeverría y él mismo “apoyaron la aprobación de las partidas en el presupuesto nacional para financiar proyectos específicos que realizaba el Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las AUC con la Alcaldía de Barranquilla”. Aunque aún no ha sido imputado por la JEP, el proceso de acogimiento a la justicia transicional sigue abierto y ahora se abre un nuevo capítulo contra otras personas, pero en la Corte Suprema de Justicia.
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