Lo que sucedió en el Comando Específico del Ejército en Cauca es una paradoja judicial. El brigadier general Federico Alberto Mejía Torres, excomandante de esa unidad militar, pasó de liderar una de las operaciones más importantes de los últimos años contra las disidencias de las Farc y los cultivos de uso ilícito en el suroccidente del país, a estar investigado por la Fiscalía porque, al parecer, habría beneficiado con órdenes (fuera de sus competencias) a una persona que estaría relacionada con el narcotráfico. El ente investigador imputó este 16 de septiembre al oficial por su presunta responsabilidad en los delitos de prevaricato por acción agravado, favorecimiento agravado, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.
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La audiencia se realizó ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que cumple la función de juez de control de garantías en este caso, pues el general Federico Mejía tiene fuero especial por su rango militar. A cargo de la imputación estuvo Claudia Maritza Vega Merchán, fiscal séptima delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien narró a detalle la forma en la que, según la investigación, el oficial habría ordenado dejar libre a una persona que había sido capturada en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia (Cauca), cuando transportaba poco más de cuatro kilogramos de pasta base de coca. Para la Fiscalía, el excomandante del Ejército en Cauca “obstruyó la justicia” con esa orden.
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Según la información recopilada por los funcionarios del búnker, el 31 de enero de 2024 el general Mejía ordenó la realización de monitoreos y controles del Ejército en el corregimiento de El Plateado. Se trata de la misma población en la que en octubre de ese año se desarrolló la Operación Perseo, que tenía por objetivo retomar el control estatal sobre el Cañón del Micay, tomado durante años por las disidencias de las Farc, y que estuvo a cargo del militar que hoy comparece ante la justicia. En cumplimiento de esa orden, señaló la Fiscalía, el coronel Iván Darío Castillo, quien estaba al frente de uno de los batallones de operaciones terrestres, ordenó la instalación de un puesto de control militar en la vereda El Diamante.
En el lugar del retén, sobre las 8:30 de la mañana, el soldado Jonathan Caicedo Gómez le hizo la señal de pare a un hombre que se movilizaba en una motocicleta. La fiscal del caso señaló que esta persona fue identificada como Milciades Guaca Armero, quien portaba un maletín de color negro en el que transportaba una sustancia de color café. Al parecer, se trataba de poco más de cuatro kilos de pasta base de coca. De inmediato, el uniformado dio aviso a sus compañeros y superiores, incluido el coronel Iván Darío Castillo, quienes activaron el protocolo para la captura y judicialización de esta persona por el presunto tráfico de estupefacientes. El sargento de inteligencia José David Díaz también le contó lo sucedido al agente Fernando Mera, del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía.
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La indicación era trasladar a Guaca Armero hacia la ciudad de Popayán, para que la Fiscalía avanzara en su judicialización. Sin embargo, según la investigación, el general Federico Mejía “manifestó que no disponía de horas de vuelo para trasladar al capturado”. Con apoyo de la Brigada de Aviación 33 del Ejército y la gestión del coronel Asdrúbal Herrera Cepeda, el hombre fue trasladado a la capital de Cauca sobre las 12:30 del día. Llegó al Cantón Militar José Hilario López, donde fue puesto bajo custodia militar. Fue en ese momento cuando, según la fiscal del caso, el general Mejía habría dado la orden, sin mayor explicación, de que devolvieran de inmediato al capturado hacia El Plateado y que le entregaran la droga incautada.
Según la fiscal Claudia Vega, el traslado del hombre desde El Plateado hacia Popayán “se realizó de manera exitosa” y no había ninguna razón para que el general Mejía ordenara revertir la captura y la incautación de la pasta base de coca. Para la funcionaria del búnker, el oficial “en su condición de comandante, impartió de manera directa y vía telefónica una orden verbal ilegítima”. Pese al desacuerdo de los otros oficiales que hacían parte de la escala de mando del Ejército en Cauca, incluido el coronel Asdrubal Herrera, que comandaba la Brigada contra el Narcotráfico Número Tres, dijo la Fiscalía, el general Federico Mejía “mantuvo la instrucción previamente impartida consistente en suspender el procedimiento en curso”.
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Además, según el ente investigador, habría dispuesto de dos aeronaves que realizaban una operación de abastecimiento y viajaban desde Cali hacia Salvajina (Cauca), para que trasladaran a Guaca Armero de nuevo hacia El Plateado, “imponiendo su cumplimiento dentro de la cadena de mando”. La fiscal del caso agregó que, para justificar su orden, después el general Federico Mejía habría redactado al menos dos documentos con “información espuria” en los que, al parecer, consignó información falsa sobre un intento de asonada contra los uniformados, por parte de los habitantes de El Plateado e integrantes de la estructura Carlos Partiño, de las disidencias de las Farc, si no dejaban libre a la persona capturada.
Incluso, señaló la fiscal, uno de esos informes habría sido enviado el 19 de octubre de 2025 al general Luis Emilio Cardozo Santamaría, entonces comandante del Ejército, para justificar su acción, después de que la presunta liberación ilegal de esta persona que viajaba con un cargamento de coca resonara en los medios de comunicación. Para la funcionaria del búnker, en ese informe el general Mejía “contrarió la verdad” sobre una presunta orden con la que “entorpeció con su actuar la correspondiente investigación” e impidió “la práctica de los actos urgentes”. Agregó que el oficial “extrajo” al capturado “de la órbita de las autoridades competentes” y “afectó el adecuado funcionamiento de la administración de justicia”.
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Durante la audiencia de este 16 de septiembre, el general Federico Mejía (cuya defensa será liderada por la oficina del abogado Jaime Granados) decidió no aceptar los cuatro delitos imputados. El oficial ha decidido no pronunciarse sobre los señalamientos en su contra. Sin embargo, en enero de este año se conoció que el entonces director de la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, estaba adelantando investigaciones relacionadas con la posible relación de altos oficiales con las disidencias de las Farc. Una de las pesquisas de quien en su momento también fue ministro encargado de Justicia fue el hecho relacionado con el general Mejía. Y aunque esa indagación poco avanzó en las oficinas de la Casa de Nariño, hoy el nuevo capítulo del caso está en manos de la Fiscalía.
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