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Es miércoles, día de El Espectador le explica. En tiempos de campaña todos los políticos hacen promesas. Y entre esas, Abelardo de la Espriella, hoy presidente de Colombia, habló de ponerle fin a las negociaciones de paz que venía adelantando la administración Petro, en materia de seguridad proponía un modelo como el del Plan Colombia pero versión 2.0 con la novedad de uso de tecnología en drones y operaciones de inteligencia, habló de su interés por construir megacárceles, también de reactivar la aspersión para atacar los cultivos ilícitos, crear una figura de “bloque” en contra de la extorsión y, de la mano de una Fuerza Pública “fortalecida”, “retomar” el control territorial del país tras el avance de los grupos armados ilegales, a grandes rasgos. Ahora, con el timón del barco en sus manos, ¿cómo está el país en materia de seguridad? De eso se trata este boletín, justo después de la tercera alocución presidencial, en donde hizo un especial énfasis en ese sentido con balance de por medio. Comencemos.
América
EE. UU. anuncia más de USD 1.000 millones para Colombia, cifra más alta desde el 2000
Judicial
“Mano dura” y aspersión: las primeras órdenes que impartió el presidente De la Espriella
Política
Así fue el primer consejo de seguridad de De la Espriella: definió estrategia y articulación
Judicial
Defensoría del Pueblo alerta por escalada violenta tras ataques armados en el país
Desde el día de la llegada del nuevo presidente, empezaron a conocerse las noticias. “El Departamento de Estado anunció después de la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, un “paquete de seguridad” de USD 1.000 millones para los “objetivos comunes” de ambos gobiernos. “Con más de 200 años de amistad, la administración Trump espera trabajar estrechamente con la nueva administración para garantizar la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos, Colombia y nuestro hemisferio”, afirmaba el comunicado del Departamento de Estado. Esto, de entrada, evidenciaba el giro en las relaciones entre los dos países. El objetivo, dicen, es el “desmantelamiento de las redes transnacionales de narcoterrorismo”, que también es la meta del llamado “Escudo de las Américas”, liderado por Estados Unidos y al que se unió Colombia con la llegada de De la Espriella.
En su primer discurso, el nuevo mandatario puso otro tema de debate nacional: “La erradicación de los cultivos ilícitos por todas las vías será posible, es una prioridad nacional. La coca no se combate con estadísticas maquilladas, ni con mapas manipulados, sino arrancándola de la tierra, donde hoy alimenta la violencia y el crimen. Voy a implementar la fumigación con herbicidas de última generación que no causan daño a la salud humana. No contravienen el mandato de la Honorable Corte Constitucional. Y no afectan de ninguna manera el medio ambiente”, dijo. Analistas hablaban de “bioherbicida” a través de drones. Por eso, les dejamos este análisis y las inquietudes que ya aportan expertos en el tema en medio del debate por esa decisión: “Glufosinato: el herbicida que podría reemplazar al glifosato y que ya genera dudas”.
Las noticias que hablaban de la situación en el país no paraban: “Destruyeron con explosivos un peaje en Santander de Quilichao, norte del Cauca”, “Dos explosiones sacudieron Manizales: autoridades identifican a sospechosos”, “Atentado con dron en Cesar deja un policía muerto y un herido durante posesión presidencial”, “De la Espriella condenó atentados en el peaje de Mondomo y en el Cesar: “No habrá impunidad””, “Procurador Eljach rechazó atentados en Cauca y Cesar y pidió celeridad en investigaciones”. Esto resulta, a todas luces, lamentable. No es nuevo. Llevamos décadas en ellos, la diferencia es que ahora entró la tecnología por medio de los drones para las acciones armadas.
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Y poco a poco fueron llegando otras que, sin la necesidad de mucho análisis de fondo, iban marcando el ritmo de la nueva administración: ““Epa Colombia” fue enviada a la cárcel de Ibagué por orden del presidente De la Espriella”, ““Douglas” y “Carlos Pesebre”: jefes criminales de Medellín fueron trasladados de cárcel”, “Capturan a alias “Bonito”, uno de los jefes criminales de “Comandos de Frontera”, en Meta”, “De la Espriella confirma la muerte de jefes de disidencia de “Mordisco” y del Clan del Golfo” y ya se ponía sobre la mesa la posibilidad de que el Gobierno revisara las condiciones del contrato de los 17 Gripen y trazara un nuevo objetivo, el de comprar seis Black Hawk. Las movidas oficiales iban en línea con las promesas de campaña: mover a los presos de sus actuales sitios de reclusión, tratando de eliminar controles internos y, por supuesto, beneficios que no deberían tener como privados de la libertad.
Un anuncio de carácter internacional también ocupó agenda y tenía que ver, en el fondo, con seguridad: Colombia reconoce la soberanía israelí sobre el Golán, territorio ocupado desde 1967. Más allá de la decisión y si se mira con clave de estrategia, el nuevo Gobierno estaba dejando claro que su relación con Israel buscaba volver sobre la base de la diplomacia y amistad -de la inteligencia en materia de seguridad-, pues la confrontación entre Israel y Palestina (Franja de Gaza) hizo que la relación binacional fuera diametralmente distinta durante la administración Petro. Y entonces se nos vino el terremoto y la atención y foco del país cambió de inmediato, no sin antes recordar el llamado de atención que se tenía desde la Defensoría del Pueblo, desde donde le pedían al nuevo Gobierno fortalecer la respuesta estatal para proteger a las comunidades, teniendo en cuenta que Cauca, Nariño, Cesar, Antioquia y otros departamentos habían sido atacados en esos primeros días de agosto. En paralelo se daba la atención del terremoto y se veían acciones en materia de seguridad:
Judicial
Defensoría y autoridades en Catatumbo alertan que un bombardeo habría dejado civiles heridos
Internacional
El lío diplomático que De la Espriella abrió por los Altos del Golán en medio del terremoto
Judicial
Mindefensa señala que bombardeo en Catatumbo respetó normas de DIH y protegió a población
Mundo
De la Espriella autorizó acciones militares con EE. UU. en contra del narcotráfico: Hegseth
Un detalle no menor se conoció en el país: un bombardeo en contra de la guerrilla del Eln que habría dejado población civil herida, según la información recopilada por la Defensoría del Pueblo. La acción militar fue en zona rural de Tibú y San Calixto, Norte de Santander. “La operación fue planeada y ejecutada bajo los principios y normas aplicables del DIH, observando las reglas de distinción, proporcionalidad, precaución y humanidad, con especial énfasis en la protección de la población civil, las personas protegidas y sus bienes”, dijo la Fuerza Pública a través de un comunicado de prensa. Para la Defensoría, tres campesinos fueron afectados, entre ellos una mujer de 44 años que, al parecer, resultó herida durante los bombardeos. Según la Alcaldía de El Tarra, se presentaron “detonaciones prolongadas” que generaron preocupación en los habitantes de la región y habrían causado daños en algunas viviendas.
Se informaba, desde el ministerio de Defensa, que Colombia y EE. UU. tendrían operaciones conjuntas contra el narcotráfico, mientras se sabía de un ataque con explosivos contra el Ejército en Huila donde un soldado resultó muerto y varios heridos. “Colombia formalizó su ingreso a la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C), en el marco de la iniciativa Escudo de las Américas, siguiendo las directrices del presidente de la República, Abelardo De La Espriella”, se leía en un comunicado oficial. Según el ministerio, “esta decisión reafirma el compromiso de Colombia con una respuesta hemisférica coordinada frente al terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y las demás amenazas que afectan la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de nuestros pueblos”.
La duda, entonces, es si vendrán tropas de EE. UU. a Colombia en este anuncio de operaciones militares conjuntas. La respuesta todavía no estaba clara, por eso el 13 de agosto la redacción Judicial indagó a varios expertos qué implicaciones traía ese anuncio, pues para ese instante, no se conocía un documento formal a ejecutar, las misiones previstas, los grupos que serían perseguidos, el número de efectivos ni las reglas bajo las cuales actuarían. Aquí están las dudas y riesgos que dejaba el anuncio.
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Para Jorge Mantilla, investigador y doctor en Criminología, Derecho y Justicia, “Colombia va a ser responsable políticamente de lo que pueda ocurrir y creo que lo que puede ocurrir es que al igual que en el uso unilateral de la fuerza que hemos visto en el Caribe, va a haber una zona gris entre lo que son objetivos a terroristas o narcotraficantes y lo que son ejecuciones extrajudiciales, teniendo en cuenta que muchos de esos ataques serán contra poblaciones o contra objetivos donde pueden caer personas inocentes”.
Fuentes oficiales reportaban la muerte de alias “Max Max”, disidente de las Farc, señalado por estar detrás de una bomba contra una base aérea en Cali en 2025. Y las comunidades de Cajibío, en el Cauca, pedían protección tras quedar en medio de ataques con drones. El primer mandatario se reunía por primera vez con la fiscal general Luz Adriana Camargo. “Este será un Gobierno que trabajará de la mano con la Fiscalía, respetando su independencia, para combatir con firmeza el crimen y la impunidad”, dijo el mandatario. Según la propia Fiscalía, en el encuentro “dialogaron sobre la agenda judicial conjunta y revisaron los principales retos de la política criminal, en un marco de pleno respeto por la autonomía y la independencia”.
El Ejecutivo informaba sobre la llegada de varios nombres de oficiales que llegaban a los más altos cargos de la institucionalidad. Se trataba de Alejandro Barrera, Norberto Mujica y Ricardo Alarcón. “Según el decreto, el general Barrera será el nuevo director general de la Policía, mientras que Mujica será el subdirector de la institución. Por su parte, el general Alarcón estará en la Jefatura Nacional del Servicio de Policía. El documento también ordenó el traslado del actual director, William Rincón, a la Dirección de Talento Humano”, contó la redacción Judicial. El 14 de agosto la noticia era que alias Momo, presunto líder del Clan del Golfo, había muerto en una operación militar en Antioquia.
El 18 de agosto se supo que la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, había confirmado “que en los próximos días llegará a la ciudad el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, como parte del plan piloto que el gobierno de Abelardo de la Espriella anunció que se iniciará en 10 ciudades”. Dicha estrategia busca “enfrentar de manera directa varios delitos urbanos”, entre ellos el “homicidio, el hurto, la extorsión y el tráfico de estupefacientes, algunos de los cuales registran un incremento en la ciudad durante el 2026”.
No paraba la información de violencia y más violencia, como la historia del militar muerto y cinco más heridos en ataque con drones en Norte de Santander, o la alerta de la Defensoría por agresiones en contra de civiles y personeros en el Catatumbo, el caso de los tres policías de la Dijín secuestrados en vía Cúcuta-Ocaña o la captura de alias “Claudia”, jefa de finanzas de las disidencias de alias “Iván Mordisco”.
Judicial
Respeto y trabajo armónico: la reunión entre presidente De la Espriella y las altas cortes
Judicial
Alias “Bonito”, presunto jefe de Comandos de Frontera, fue enviado a prisión
Judicial
Entre bombardeos y ataques: así arranca la estrategia de “mano dura” de De la Espriella
Política
“Delincuente que no se someta, será dado de baja”: De la Espriella habló desde Barranquilla
El primer mandatario se sentó con los magistrados de las altas cortes. El Consejo de Estado, la Corte Suprema y la Comisión de Disciplina Judicial. “Nunca los señalaré ni pretenderé invadir competencias que la Constitución les ha confiado a otras autoridades. Mi relación institucional y personal con la Rama Judicial estará regida por la colaboración armónica y el respeto recíproco”, dijo. Desde una de esas corporaciones “señalaron que el encuentro permitió reafirmar la voluntad de mantener un diálogo institucional respetuoso, con independencia y dentro de las competencias que establece la Constitución y la ley”, contaron los colegas de Judicial.
En medio de todos los cambios en los altos cargos, el nuevo Gobierno mantenía al director del Inpec en medio de remezón de funcionarios de Petro, el coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas. El 20 de agosto de conoció la cúpula militar completa y sobre la que les contamos aquí, con los perfiles detallados de cada uno. Ahí estaban Erick Rodríguez Aparicio como comandante de las Fuerzas Militares, Carlos Carrasquilla como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, José Bertulfo Soto como comandante del Ejército, Rodolfo Morales como segundo comandante del Ejército, Óscar Murillo como director de la Escuela Superior de Guerra, Juan Jaime Martínez Ossa como comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y Javier Alfonso Jaimes Pinilla como comandante de la Armada.
Su reto es claro: “Recuperar capacidades y frenar el control criminal”. Hasta ese instante, con 12 días gobernando, ya se contaban trece operativos contra grupos criminales en todo el país. El balance: bombardeos, capturas, incautación de material de guerra y muerte de jefes criminales. Pero también “comunidades heridas y confinadas en territorios como Cajibío, Cauca”, contaron los reporteros de Judicial.
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La violencia en las ciudades no se detiene. Mientras el 21 de agosto reportamos una masacre en Barranquilla en donde dos menores de edad aparecían entre los asesinados en el barrio Las Nieves, ese mismo día en el departamento del Magdalena se lanzaba una estrategia para enfrentar el reclutamiento forzado de menores, otro flagelo que durante décadas ha mantenido a la población civil en medio de la guerra. Hay que recordar que desde 2021, cerca de 1.500 menores de edad han sido reclutados, según datos de la Defensoría del Pueblo. En un caso judicial que vinculaba a un uniformado, se hicieron públicos hechos por los que será imputado el brigadier general Federico Mejía y que se habrían desarrollado el 31 de enero de 2024. La razón: al parecer el militar habría dejado libre a un narcotraficante en el Cauca.
Aunque el dato no está relacionado de manera directa con el tiempo que lleva este Gobierno al mando, la Defensoría entregó uno de sus informes y allí se reportó que 17.892 personas fueron desplazadas en Colombia entre enero y julio de 2026. También informaron que en zonas rurales de Nariño se han registrado ataques con artefactos explosivos. Y que un ataque del Eln cerca de colegio en Norosí había dejado ocho policías heridos. La guerra entre actores armados ilegales también deja resultados lamentables: En Ituango, Antioquia, 130 personas tuvieron que desplazarse por culpa de los combates entre el Clan del Golfo y las disidencias. La razón: control territorial. Detrás de eso, todas las rentas ilegales con las que se sostienen, como el tráfico de drogas, el microtráfico y la extorsión.
Así las cosas, el mismo De la Espriella, quien prometió “mano dura” contra los ilegales, dijo: “No vamos a entregar a Colombia”. Y desde su cuenta de redes sociales afirmó: “Desde el 7 de agosto, ya son 1.574 capturas, 10 extradiciones y 23.642 kilos de estupefacientes incautados, entre ellos 12.296 kilos de cocaína. Esta es la Fuerza Pública que Colombia necesita: rápida para reaccionar, contundente para golpear al crimen y siempre del lado de los ciudadanos. La orden es una sola: perseguir a los criminales, rescatar a quienes estén en sus manos, destruir sus estructuras y llevarlos ante la justicia. No les vamos a entregar un solo centímetro de Colombia”. El 23 de agosto se trazó una estrategia tras el consejo de seguridad: “Anunció que en su administración el narcotráfico, la extorsión y el contrabando serían tratados como terrorismo; además de cuerpos élites en cada ciudad que facilitarán la coordinación entre la Fiscalía, jueces y Fuerzas Militares”, además de un “fortalecimiento de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)”.
Y también se refirió a un asunto no menor: “No voy a aceptar a inmigrantes ilegales, de donde sea que vengan, que estén cometiendo fechorías. En Colombia se van y los deportamos […] Yo lo asumo. Aquí no voy a aceptar migración ilegal. Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”. Acto seguido, fue nombrado el coronel (r) José Luis Castañeda como director de Migración Colombia:
Judicial
Denuncian que disidencias de las Farc estarían amenazando a alcalde de Planadas
Bogotá
Bogotá recibirá a 20 reclusos trasladados desde Barranquilla por orden presidencial
Judicial
El pulso territorial de “Mordisco” que estaría detrás del desplazamiento en Ituango
Judicial
Imputan a tres militares por presuntamente vender información al Clan del Golfo
Una de las estrategias del Ejecutivo es el traslado de los presos de alto calibre, con el objetivo de moverlos a prisiones lejos de sus áreas de influencia, pues está más que probado que muchos de ellos siguen delinquiendo desde los sitios de reclusión. “Se trata de personas señaladas de pertenecer a las bandas delincuenciales de “Los Pepes” y “Los Costeños”, que en los últimos años se han enfrentado por el control de las rentas ilegales de Barranquilla y su área metropolitana”, entre microtráfico y extorsión con víctimas en el comercio y el transporte. “De los presos se conoce que se trata de personas que se encuentran en estaciones de Policía y en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de Barranquilla, quienes serán trasladados por el Inpec a distintos centros penitenciarios en los próximos 15 días”, contaron los colegas de Bogotá y Judicial.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó que por órdenes del presidente ya adelanta la elaboración de un documento que sirva como estatuto para definir a las organizaciones terroristas. También se supo del retiro de Wilmar Mejía de la dirección de la UIAF. Y de la capturan de ocho militares activos y uno retirado por presunta corrupción en el Ejército.
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Sobre la Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad, que sería una especie de buques cárcel, se supo que ya está navegando. En eso trabajan los ministerios de Defensa y Justicia. Usarían las naves de la Armada y se llevarían a los privados de la libertad a alta mar. “La lista de los primeros 40 en ser trasladados ya está en los escritorios de los funcionarios del Gobierno, que además también ultiman los detalles para adecuar las fragatas como lugar de reclusión para estas personas. La Armada y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ya tienen experiencia en este asunto”. Todos los detalles están en este enlace.
El 25 de agosto, enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el Eln en Chocó dejaban 1.300 personas desplazadas y tres civiles heridos por el ataque de un dron con explosivos. Tres días después, atacaron con drones cargados con explosivos la estación de Policía de El Tambo (Cauca). Luego, se supo de la captura de alias “Águila”, presunto jefe de la Segunda Marquetalia y aliado de “Zarco Aldinever”. Este hombre es “señalado como uno de los jefes de una estructura de la Segunda Marquetalia con presencia en Meta” y se trata del grupo que “estaría relacionado con el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay”.
El nuevo director de la Policía Nacional informó más de 30 nombramientos entre jefaturas nacionales, comandancias regionales, metropolitanas y departamentales. Un día pasó y Jenca Miroslav, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, se reunía con el canciller Omar Bula. Sin detalles al respecto, este encuentro cobra especial relevancia porque dicha Misión se encarga de hacer seguimiento y verificar la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las Farc.
Y las noticias judiciales no paraban:
Política
De la Espriella firmó extradición de alias Araña: cabecilla disidente va para Estados Unidos
Judicial
De la Espriella confirma bombardeo contra disidencias de Calarcá: anunció ocho muertos
Política
Gobierno De la Espriella trazó línea para que ministros tramiten denuncias de corrupción
Política
Ante situación de orden público, De la Espriella convocó consejo de seguridad en Valledupar
La extradición bajo la firma del nuevo mandatario está en el escritorio. “Tras cuestionar los procesos de diálogo del gobierno de Gustavo Petro, el presidente anunció que se firmó la extradición de cinco cabecillas de grupos criminales”, contaron los colegas de Política. “Willington Henao Gutiérrez, alías Mocho Olmedo; Carmen Evelio Castillo Carrillo, alías Muñeca; y Geovanny Andrés Rojas, alías Araña fueron los tres primeros, resaltando que todos se encuentran bajo custodia de las autoridades. Ellos serán entregados de forma inmediata a la justicia de Estados Unidos. El presidente también dejó en firme los decretos de Gabriel Yepes Mejía, alias HH y Fredy Castillo, alias Pinocho, quienes están prófugos de la justicia”. “Los espacios de diálogo y de falsa paz no son refugios judiciales”, aseguró.
Los bombardeos, está claro, también están en la línea de decisiones para enfrentar a los grupos armados ilegales. El primer mandatario dijo que se llevó a cabo un bombardeo contra las disidencias de las Farc al mando de alias “Calarcá” en Guaviare. “Nuestra fuerza pública ejecutó la Operación AMÓN en zona rural de El Retorno, contra campamentos utilizados por estructuras del Bloque Jorge Suárez Briceño”, se lee en el trino. Según detalló el jefe de Estado, el balance tras la operación es de ocho “terroristas dados de baja hasta ahora, 11 fusiles y cinco ametralladoras incautadas, además de abundante material de intendencia”. Con este serían ya dos acciones de este tipo, pues la primera fue en contra del Eln. Se supo, de acuerdo con información oficial, que alias “Urías Perdomo”, mano derecha de “Calarcá”, fue uno de los muertos en el ataque en Guaviare.
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Terminando agosto, el Gobierno tumbó el decreto que prohibía la aspersión aérea con glifosato. Con esta decisión quedaba claro el camino de la nueva administración: extradiciones, glifosato y cooperación con Donald Trump como ejes centrales. Y, en consecuencia, se cancelaban los diálogos con las disidencias de “Calarcá” y otros dos grupos. El mes no acababa aún y, otra vez, se reportaba un ataque con dron en Suárez (Cauca) que dejó siete civiles heridos, cuatro de ellos menores de edad.
Y así vamos, reportando de a pocos más y más violencia. Como en las últimas décadas en Colombia. Lo más cruel es saber que, por ejemplo, de acuerdo con las estadísticas, al menos una persona desaparece cada dos días por los conflictos armados en Colombia. Y todo se va volviendo un número olvidando la vida que se perdió. La familia que se rompió. El país entero recordó “Las Delicias en sus 30 años del ataque que estremeció al Ejército”. Y también los “Cuarenta años del asesinato de la primera víctima de la UP: un crimen sin verdad ni justicia”.
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El 30 de agosto se confirmó que “tres menores de edad murieron en el segundo bombardeo ordenado por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella contra estructuras armadas ilegales”. Contaron los colegas de Judicial que para ese momento “no se conocían sus nombres ni las edades de los menores”. Pero al día siguiente, desde el ministerio de Defensa se aseguró que “la operación militar observó todos los estándares legales para los ataques aéreos estratégicos durante el planeamiento y la ejecución y también se realizaron los actos urgentes en el sitio de los hechos que exige la ley”. Según las palabras del ministro, Jorge Mora, “se estableció que tres de los 10 combatientes ilegales en función continua de combate muertos en desarrollo de la operación militar son menores de edad (dos de 15 años y uno de 16 años)”.
Y, sobre el hecho puntual, advirtió: “El reclutamiento y la utilización de menores de edad en el conflicto constituye un crimen de guerra y una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario”. De la Espriella, respaldando la operación, dijo: “Los bandidos que durante décadas han reclutado menores para convertirlos en combatientes o en escudos humanos deben pagar por esos crímenes que violan el Derecho Humanitario”. Se supo, casi al tiempo, que, tras 20 días de los hechos, un menor de edad también murió en el primer bombardeo. La Defensoría registraba 97 casos de reclutamiento de menores en Colombia durante 2026 y que tres jóvenes secuestrados en Anorí, Antioquia, fueron liberados luego de un operativo militar.
El debate, por supuesto, es amplio y no es nuevo. De entrada, es obligación del Estado proteger a sus ciudadanos y no deberían estar menores de edad con armas en mano. Pero es fácil ver este asunto desde un escritorio. La realidad en que en una zona apartada, donde los ilegales son ley, el reclutamiento forzado es pan de cada día. ¿Quién, al final, pierde en todo esto? Sí, son los menores de edad y sus familias, víctimas del conflicto armado colombiano.
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Niños reclutados y bombardeos: “Nunca son responsables por su reclutamiento”
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Judicial
De la Espriella inicia en Barranquilla su estrategia de seguridad urbana con 50 integrantes
En esta guerra que no para, detonaban un camión cargado con explosivos en El Patía (Cauca) y por eso se cerraba la Vía Panamericana. Además, una persona moría en un atentado con carro bomba en Los Patios, área metropolitana de Cúcuta. El Eln sería el responsable. Más de 16 personas eran reportadas como heridas. Asesinaban a María Palechor y James Flor, pareja de líderes sociales, en zona rural de Cajibío. La Fiscalía reactivaba órdenes de captura contra alias Calarcá, Araña y otros gestores de paz. El Gobierno confirmaba su idea de campaña: no va más la llamada “paz total” de Petro. De la Espriella, tras atentados, confirmaba que el Ejército había logrado frenar un intento de otro hecho de este tipo, en Agua Clara, con un vehículo hurtado y cargado con explosivos.
Y como en otros temas que son protagonistas de la vida diaria de los colombianos, parecemos vivir en un bucle en temas de seguridad y de inseguridad. Los mismos titulares sobre los mismos delincuentes, con los mismos actores ilegales cometiendo el mismo tipo de delito y las mismas víctimas de siempre: “Ordenan prisión contra alias “Calarcá”, jefe criminal de las disidencias de las Farc”, “Imputan a alias “Bonito” por su presunta participación en asesinatos de dos firmantes de paz”, “Tres soldados mueren en combate tras ataque del Eln con drones en Norte de Santander”, “Mueren siete presuntos disidentes de las Farc de “Mordisco” en operación militar en Nariño”, “Un soldado muerto y otros dos heridos deja detonación de explosivos en la Vía Panamericana”.
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Ahora, lo que ha venido pasando es que el Ejecutivo y su estrategia de mano dura, en un poco más de un mes, va mostrando todos los dientes posibles. Para unos es bueno, para otro no. Pero más allá de los gusto, el “Gobierno prepara un estatuto antiterrorista que será radicado ante el Congreso: esto se sabe”, “Gobierno terminó mesas de diálogo con Comuneros del Sur y bandas de Medellín”, “Mindefensa anuncia nuevas medidas de seguridad tras ataque con drones del Eln en Ocaña”, “Reactivan órdenes de captura a miembros de Comuneros del Sur que estaban en diálogos de paz”.
El asunto, con mucho de fondo y de ancho, es que ya vamos en que por la vía judicial ordenaron a De la Espriella suspender bombardeos en zonas donde pueda haber menores de edad y un nuevo juez restringió también ese tipo de estrategia por lo que sucedió en Guaviare y el riesgo de menores reclutados por las disidencias. Se supo, además, que dos menores murieron en operativo militar contra alias “Mordisco” en Guaviare.
Ahora, más allá del listado de acciones bélicas, De la Espriella está usando, como lo prometió en campaña, toda la fuerza del Estado en contra de los delincuentes. Por ejemplo, el primer mandatario confirmó muerte de “Bendito Menor”, jefe de las Autodefensas de la Sierra, y quien públicamente desde redes sociales desafiaba a la institucionalidad. Está claro que el nuevo Ejecutivo volcó al Estado hacia una descentralización durante su primer mes de mandato. Y que tiene, también como un reto, entender otras posturas que también hacen parte de la institucionalidad, como cuando la Defensoría dijo que el Estado no puede entrar en una competencia por demostrar quién es más cruel, haciendo alusión a la imagen del presidente caminando entre cuerpos dados de baja en operaciones militares, tanto que Marín, la defensora del Pueblo, pide mesura, mientras el Ejecutivo dice que no puede ser comparado con bandas criminales.
¿Y en qué vamos?
Judicial
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Trump proveerá “todo” para apoyar a Colombia en lucha contra narcos: Rubio en Barranquilla
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Judicial
Gobierno da luz verde a plan piloto para fumigación de cultivos de uso ilícito en Colombia
Vamos en que el Ejecutivo dice que ha firmado 70 extradiciones en 32 días de mandato, que quedó en firme el nombramiento del general (r) Jorge Andrés Zuluaga como director de la DNI, que acabó con la Zona de Ubicación Temporal para las disidencias en Putumayo, que se levanta la suspensión del permiso de porte de armas (preocupa, sobre esta última, que ese porte de armas aterriza en Bogotá entre alza de muertes por riñas y violencia intrafamiliar), que un informe de organizaciones de DD.HH alertan por expansión de grupos criminales en un 90 % y que le ordenaron a la Presidencia y al Dapre retirar imágenes de De la Espriella caminando entre cadáveres.
Como se esperaba, en el primer mes de mandato el presidente Abelardo de la Espriella puso fin a la paz total del gobierno Petro. La imagen positiva del nuevo gobernante de los colombianos es del 54 % durante su primer mes de acuerdo con AtlasIntel, que se anunció un plan piloto para fumigación aérea de coca que iniciará en Putumayo con dos avionetas y que le confirmaron orden a De la Espriella de suspender bombardeos en zonas donde pueda haber menores.
Vimos la denuncia por la destrucción de la estación de Policía en Guamalito tras evacuación de uniformados, también el desmonte de la paz total con el freno total de todas las mesas de diálogo, además de cuestionarse por gastos millonarios y la decisión de un juzgado que le ordenó al Ejecutivo frenar aspersión aérea en Putumayo. Entre tanto, las disidencias imponen nuevas restricciones en Anorí y la Defensoría alerta por control social y las restricciones para movilizarse, usar celulares o conectarse a internet.
Vamos en que la Fiscalía reactivó órdenes de captura contra tres jefes del Clan del Golfo, en que la Defensora del Pueblo en entrevista con El Espectador deja claro que “No quiero condescendencia del Gobierno”, en que se concretó una masacre en Cesar con cuatro personas asesinadas en un estadero, pero que precisamente la Defensoría ya había alertado.
Y ahora, en lo más nuevo, el primer mandatario volvió sobre otro tema espinoso en el país: “La autonomía universitaria no está por encima del orden público”, dijo, avisando de esa forma que la Fuerza Pública entraría a las universidades públicas cuando la protesta sobrepase los límites y se promueve la violencia. En esa misma alocución, el presidente dijo que en lo que va corrido de su administración van 17.000 capturas y 73 extradiciones.
Vamos en que el Gobierno ultima detalles de proyecto de ley de sometimiento y que se anticipa que “no habrá negociaciones”, todo esto mientras “Colombia, una vez más, es el país donde más líderes ambientales asesinaron: Global Witness”.
Está clara la estrategia trazada por el Ejecutivo. ¿Qué podría funcionar y qué no? Hay un respaldo de EEUU. También ha puesto a Israel de su lado. Todo tiene su más y sus menos. Que los bombardeos estén en el camino y el traslado de presos, las operaciones conjuntas, los bloques para la seguridad en las capitales. A muchos les gusta. A muchos no. Por ahora, son cartas puestas sobre la mesa, directrices, pero es muy prematuro para saber si darán resultados positivos o no. Como en los informes de seguridad, una cosa es la percepción de cada persona y otra lo que pasa en la ciudad o departamento en donde vive, de acuerdo con sus propias experiencias. Muchos sentimos miedo de sacar tan solo un teléfono en la calle, claro, a los que vivimos en las ciudades; mientras millones de colombianos sienten miedo por quedar en medio de las balas no solo por la lucha territorial de los armados ilegales sino en los combates mismos en contra de la fuerza pública. Aquí les seguiremos informando, detalladamente, más allá de las cifras, qué pasa en el país en materia de seguridad, porque no hay herramienta más usada en el conflicto que el miedo. ¿Hasta cuándo?
¿Qué tema le gustaría que tratáramos la próxima semana? Escríbanos a ebohorquez@elespectador.com
Por Edwin Bohórquez Aya
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Ramon(78770)•16 de septiembre de 2026 – 16:55La seguridad no es abstracta,por el contrario es muy concreta y por eso defenderla es frenar todo lo q atente contra la vida de la población,así es que combatirla es una decisión q exige contundencia y acción del Estado y eso requiere recursos y tácticas claras y precisas contra los q la generan El presidente es muy claro en este tema y por eso ya hay un avance en su control porque ya hay una decisión presente q como nunca se anuncia con claridad en boca del máxima autoridad del pais