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Luego de salir de la presidencia de Ecopetrol, Ricardo Roa dio varias entrevistas a medios para pronunciarse sobre los procesos judiciales que enfrenta. El exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 tiene abiertos dos frentes penales: uno por presunto tráfico de influencias, en el que la Fiscalía lo llamó a juicio por el delito de tráfico de influencias de servidor público, y otro por presunta violación de topes electorales.
Por este último proceso, en el que el ente acusador le imputó el delito de violación de los límites de gastos en campañas electorales, el abogado de Roa, Juan David León, confirmó a El Espectador que, por el momento, no existe ningún acuerdo con la Fiscalía para acceder a beneficios judiciales, y que el equipo jurídico continúa trabajando en la estrategia de defensa del exdirectivo.
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En su última entrevista como presidente de Ecopetrol, Roa se refirió a los procesos judiciales que marcaron su paso por la compañía y que, según él, distrajeron la atención sobre los logros alcanzados durante su mandato. Tras dejar su cargo el 30 de julio, el exdirectivo defendió su permanencia en la empresa hasta el último momento, argumentando que no existían motivos éticos ni legales para retirarse antes.
Aunque admitió que su situación personal generó cierta opacidad sobre Ecopetrol, Roa fue enfático en que su continuidad estaba justificada. “Me voy sin estar condenado ni sancionado ni imputado por ningún delito relacionado con Ecopetrol. Esa es la tranquilidad que tengo y por eso estuve hasta el último momento”, afirmó.
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Uno de los puntos críticos de las entrevistas fue la adquisición de un apartamento en Bogotá, cuya compra la Fiscalía vincula con posibles favores contractuales. Roa rechazó tajantemente las acusaciones: “Nunca favorecí ni promoví ningún contrato en favor de quienes los medios dicen que eran los dueños de este apartamento”.
El expresidente de Ecopetrol insistió en que la operación fue un negocio privado y explicó que desconocía los vínculos de los vendedores con la industria petrolera en aquel momento. “Yo nunca pertenecí a la industria petrolera. No conocía al señor Serafino Iacono ni al señor Juan Mancera”, puntualizó, reiterando que la transacción se realizó a través de una empresa legal y que los pagos están debidamente registrados.
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Sobre el caso de la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro, en la cual se desempeñó como gerente, Roa explicó que las cifras manejadas por la Fiscalía y los entes de control contienen errores de interpretación. “No se violaron los topes. Hay unos movimientos y recursos que están contabilizados indebidamente”, argumentó.
Roa aclaró que la diferencia de casi COP 14.000 millones que señalan los informes financieros responde a traslados de cuentas entre las fases de la campaña y a devoluciones de créditos que no fueron descontadas correctamente por los auditores. Según el exdirectivo, mantiene la disposición de entregar todas las pruebas necesarias para demostrar que los gastos se ajustaron a la ley.
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Pese a que en algunas de sus declaraciones públicas Roa dejó abierta la posibilidad de evaluar una eventual negociación con el ente acusador en el marco de la investigación por la campaña de Petro, su defensa fue clara al precisar que, hasta el momento, no se ha explorado ni concretado ningún acercamiento en ese sentido.
El abogado Juan David León insistió en que la estrategia jurídica sigue enfocada en desvirtuar los señalamientos de la Fiscalía, y no en buscar beneficios judiciales que impliquen algún tipo de aceptación de responsabilidad.
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