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Defensoría alerta por riesgo de disputa territorial entre grupos armados en Jamundí

Según la entidad, Jamundí podría convertirse en escenario de una disputa territorial entre el Frente Jaime Martínez, el Frente 57 Yair Bermúdez y el Ejército de Liberación Nacional (Eln). Ante este panorama, la Defensoría emitió 36 recomendaciones.

La Defensoría del Pueblo Puntualmente explicó que el escenario de riesgo está marcado por el dominio hegemónico del Frente Jaime Martínez, del Estado Mayor Central (EMC), una de las disidencias de las Farc.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
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Jamundí (Valle del Cauca) podría convertirse en escenario de una disputa territorial entre grupos armados. Así lo advirtió la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana 023 de 2026, emitida este 15 de octubre, con el objetivo de impulsar acciones de prevención frente a posibles violaciones graves de los derechos humanos.

Puntualmente, la entidad en cabeza de Iris Marín Ortiz explicó que el escenario de riesgo está marcado por el dominio hegemónico del Frente Jaime Martínez, del Estado Mayor Central (EMC), una de las disidencias de las Farc. Este control territorial podría derivar en enfrentamientos ante las pretensiones de expansión del Frente 57 Yair Bermúdez y el tránsito del Ejército de Liberación Nacional (Eln) por la zona.

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En la alerta, la Defensoría señala que, desde comienzos de 2024, el Frente Jaime Martínez avanza hacia las zonas plana y periurbana de los corregimientos de Robles, Potrerito y Timba. El objetivo sería asegurar un corredor de comunicación con el Naya y el Pacífico.

Además, la entidad alertó que este grupo armado impone un orden social y político que “suplanta la autoridad estatal”. Según esta institución, la estructura exige carnés veredales, instala peajes ilegales para realizar cobros extorsivos y restringe el paso de misiones médicas.

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La Defensoría también denunció que las juntas de acción comunal (JAC), los cabildos y los consejos comunitarios son intimidados para que actúen como intermediarios y escudos en asonadas. A esto se suma la llegada del Frente 57 a Jamundí en mayo de 2026, un hecho que, según la entidad, genera “un riesgo inminente de guerra abierta, masacres, quema de vehículos y asesinatos”.

La alerta también señala que el Frente Jaime Martínez es “pionero” en ataques con drones equipados con cargas explosivas, que han impactado los cascos urbanos de Robles, Potrerito y Timba. Asimismo, la Defensoría advirtió sobre la instalación de minas antipersonal (MAP) en entornos escolares.

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El avance de estas estructuras y las dinámicas de confrontación ponen en riesgo los derechos a la vida, la libertad y la integridad de diversas comunidades de Jamundí. Entre ellas están los cabildos Kwethe Fxinxis Sek Naw y Sxabuse Yu Lux de la Meseta, así como el Resguardo Kwe’sx Kiwe Nasa. Según confirmó la Defensoría, sus integrantes de la Guardia Indígena reciben amenazas por ejercer labores propias de control territorial.

Asimismo, la entidad alertó que 15 consejos comunitarios de la zona plana sufren graves afectaciones por la minería ilegal en sus ríos, los retrasos en las consultas previas relacionadas con el Complejo Carcelario y Penitenciario (Cojam) y el desplazamiento de pequeños núcleos familiares, en lugar de desplazamientos masivos.

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Los líderes sociales y defensores de derechos humanos también enfrentan amenazas constantes, retenciones y atentados. A su vez, los menores de edad son blanco de reclutamiento forzado por parte del Frente Jaime Martínez. Según la Defensoría, el grupo los atrae mediante ofrecimientos de celulares o motocicletas, el uso de redes sociales y entrenamientos en manejo de drones e instalación de minas en “campos de concentración” en el Naya.

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La Defensoría también advirtió que en el sector residen 19 firmantes del Acuerdo de Paz, quienes están en riesgo de revictimización en medio de las hostilidades. El personal de salud también es blanco de agresiones: sus integrantes sufren retenciones y cobros extorsivos en peajes ilegales. Además, los hostigamientos armados contra subestaciones de Policía rurales limitan la presencia de funcionarios de la Alcaldía en el territorio.

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Ante este panorama, la Defensoría emitió 36 recomendaciones dirigidas a las autoridades, que incluyen la coordinación interinstitucional, la disuasión de las amenazas, el fortalecimiento de la investigación y el acceso a la justicia, la mitigación de las vulnerabilidades de las comunidades afectadas y el acompañamiento de la Procuraduría.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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