La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la información sobre presuntos vínculos entre miembros del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) al mando de alias “Calarcá”, con funcionarios del Estado y miembros de la Fuerza Pública. La entidad señaló que estos supuestos nexos, revelados por Noticia Caracol, obligan a hacer reflexiones profundas sobre los mecanismos y garantías del proceso de paz que se adelanta con esta disidencia de las Farc.
“Necesitamos hechos de paz. Para dar confianza, además de los resultados prontos en las investigaciones, solicitamos la entrega inmediata, masiva e incondicionada de menores de edad que permanecen en las filas del llamado Estado Mayor de los Bloques y el Frente”, publicó la defensora del pueblo, Iris Marín, en su cuenta de X.
El organismo señaló frente a los diálogos con esta disidencia existen dos imágenes contrapuestas del proceso: “en el papel”, el EMBF se comprometió a suspender el reclutamiento, concentrarse en zonas temporales, respetar el proceso electoral y avanzar hacia la paz, e incluso ha liberado personas secuestradas.
Pero en la realidad, señaló la Defensoría, se observa un incremento de sus hombres en distintas regiones, dificultades para la concentración en zonas de ubicación temporal, continuación del reclutamiento de menores, expansión territorial y mayor control sobre la población en departamentos como Caquetá, Huila, Tolima, Meta, Guaviare y Catatumbo. ¿A cuál debemos darle mayor credibilidad?“, cuestionó la defensora Marín.
El organismo se refirió sobre los hechos donde fueron descubiertos chats y correos donde se señala al general (r) Juan Manuel Huertas y a Wilmar Mejía, funcionario de la DNI, como supuestos aliados en un plan para crear una fachada de seguridad que les permitiría operar con vehículos blindados y armas legales.
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El 23 de julio de 2024 en Anorí (Antioquia) unos militares detuvieron una caravana de vehículos custodiados por escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en la que se transportaba Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá” y otros disidentes. Allí, fueron capturados y se les incautaron computadores, teléfonos, discos duros y otros dispositivos electrónicos. En las camionetas también se encontraron armas, dinero y un menor de edad.
Horas después alias Calarcá fue dejado en libertad junto con la mayoría de los capturados, por un oficio emitido por la fiscal general Luz Adriana Camargo donde señaló que al ser “gestores de paz”, en diálogos con el Gobierno Petro, no podían ser detenidos.
“El Presidente de la República tiene la facultad y obligación de garantizar el orden público en todo el país. (...) De otra parte, de manera complementaria puede acudir a los procesos de paz negociada. Es de su resorte evaluar la conveniencia de acudir a estos mecanismos”, señaló la entidad, y recordó que “en todo caso, (el mandatario) nunca puede renunciar a su deber de proteger a la población”.
La defensoría señaló que a estas dudas de los diálogos y beneficios para las disidencias, se incluye la preocupación sobre “algunos voceros del grupo armado, con roles de liderazgo y participación en el proceso de paz, (que) han manifestado públicamente su rechazo a la dejación de armas. A ello se suma el reciente informe de Caracol TV, que plantea presuntos planes que se apartarían del camino de la paz”.
De confirmarse estos señalamientos, la entidad señaló que esto “indicarían, no solo un plan distinto de parte del grupo (de alias ‘Calarcá’), sino cuestionamientos sobre la integridad de todo el Gobierno en un proceso incorruptible que conduzca a la paz”.
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Mientras la Fiscalía y la Procuraduría ya adelanten las investigaciones penales y disciplinarias con para esclarecer estos presuntos nexos, la defensora Marín sugirió que se evalúe el retiro de la función “de las personas que pudieran estar comprometidas en los presuntos hechos de corrupción”.
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