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La Defensoría del Pueblo, dirigida por Iris Marín Ortiz, emitió la Alerta Temprana Especial Electoral 2025–2026, un documento en el que advierte sobre posibles riesgos y vulneraciones a los derechos y libertades civiles y políticas, así como infracciones al Derecho Internacional Humanitario antes, durante y después de las elecciones.
Según la Defensoría, el propósito de esta alerta es analizar y formular recomendaciones concretas a las entidades competentes “con el fin de fortalecer acciones que permitan mitigar o superar las situaciones de riesgo y así garantizar el desarrollo de unas elecciones libres, seguras y en paz en todo el territorio nacional”.
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Durante la presentación, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, mostró mapas de las siete regiones del país y expuso un análisis de riesgo basado en las distintas dinámicas territoriales, haciendo mención de los grados y expresiones de la gobernanza armada ilegal, con el objetivo de entender sus efectos sobre los procesos electorales.
El informe señala que 62 municipios están en acción inmediata frente al riesgo actual. Y 162 municipios están en acción urgente frente a un riesgo probable.
Según indicó la Defensoría, el suroccidente del país, conformado por los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño, es la región más crítica. De sus 148 municipios, 36 se encuentran en acción inmediata, 43 en acción urgente, 59 en acción prioritaria y 10 permanecen en observación permanente.
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Asimismo, señaló que los grupos armados con mayor incidencia en esa región son las disidencias de las Farc, entre ellas el Estado Mayor Central, la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano y el Frente 57. Asimismo señaló que allí también opera el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Comuneros del Sur, el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y otras estructuras de crimen organizado.
Marín explicó que este estudio se adelanta de manera continua desde enero de 2025, y que espera poder presentar un nuevo informe en febrero de 2026. Durante su presentación, la defensora señaló que “esta alerta no es un llamado al miedo, es un llamado a la acción”.
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Por ello, la Defensoría formuló 20 recomendaciones agrupadas en seis ejes temáticos, que apuntan a una acción coordinada y efectiva del Estado. Entre ellas, pidió al Ministerio del Interior fortalecer la articulación interinstitucional y territorial en las instancias de garantías electorales, y al Ministerio de Defensa, garantizar la seguridad en vías, puestos de votación y territorios con mayor nivel de riesgo.
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