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La Defensoría del Pueblo alertó sobre el desplazamiento forzado de al menos 11 familias, unas 30 personas, que llegaron a Cúcuta tras huir de la vereda Mineiro, en zona rural de Tibú (Norte de Santander), como consecuencia de enfrentamientos entre el Eln y el frente 33 de las disidencias de las Farc. La entidad solicitó a la Alcaldía de la capital nortesantandereana brindar atención humanitaria a las víctimas.
Según la defensora Iris Marín, este nuevo desplazamiento evidencia el alto riesgo que enfrentan las comunidades del Catatumbo por las confrontaciones entre grupos armados ilegales. En ese contexto, la defensora advirtió que los ceses al fuego anunciados por el Eln y por el frente 33 resultan insuficientes, ya que no contemplan la suspensión de hostilidades entre estas estructuras.
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“Si no hay ceses de los grupos ilegales entre ellos, no tendremos unas festividades de fin de año tranquilas para la gente de los territorios más sufridos. En todo caso, esto no debería pasar nunca, ni en navidad, ni en año nuevo, ni en enero ni el junio. Nunca”, señaló Marín.
La situación humanitaria en la región también se vio afectada por el paro armado nacional de 72 horas decretado por el Eln, que finalizó el pasado 17 de diciembre. De acuerdo con el balance preliminar, durante esa jornada se registraron al menos cinco personas muertas, entre ellas dos policías en Cali y un civil en Norte de Santander, además de una mujer herida en el ataque al peaje de La Lizama, en Barrancabermeja. También se investiga la muerte de dos jóvenes en Cúcuta.
Durante los tres días de acciones violentas, al menos 13 departamentos del país resultaron afectados por ataques, bloqueos con explosivos, amenazas y restricciones a la movilidad, impactando tanto corredores viales como centros urbanos y zonas rurales. Las autoridades reportaron cerca de 60 acciones atribuidas a ese grupo armando en departamentos como Santander, Norte de Santander, La Guajira, Sucre, Chocó y Antioquia.
A estos hechos se sumaron dos explosiones ocurridas en el sur de Cali, en inmediaciones de un CAI de la Policía y contra una patrulla que se encontraba en la zona, ataques que causaron la muerte de dos uniformados y generaron pánico entre la población.
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Este panorama, advirtió la Defensoría, refuerza el deterioro de la situación de seguridad y la crisis humanitaria en regiones como el Catatumbo, donde el proceso de paz entre el Gobierno y el Eln permanece congelado tras la reciente escalada violenta.
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