La Defensoría del Pueblo, encabezada por Iris Marín Ortiz, se pronunció sobre el atentado contra el director de la cárcel de Neiva, Edgar Rodríguez Muñoz, ocurrido en la mañana de este martes 13 de enero, en la vía que comunica Neiva con el municipio de Rivera (Huila), en el que murió su hijo de 11 años.
Según indicó el ente defensor, el hecho no puede ser entendido como un caso aislado: “Se suma a una cadena de violencias que incluye, entre otros, el asesinato del director de la Cárcel Modelo en mayo de 2024 y los múltiples atentados registrados contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en 2025, que cobraron la vida de dragoneantes y servidores administrativos en Bogotá, Cali, Tuluá, Armenia y Cartagena. La persistencia de estos hechos evidencia fallas graves en las estrategias de prevención y protección”.
Contexto: Falleció el hijo del director de la cárcel de Neiva, víctima de un atentado
Asimismo, la Defensoría del Pueblo señaló la necesidad de fortalecer las condiciones de seguridad y protección del Inpec y de todo el personal penitenciario, ante el contexto de riesgo que enfrentan los funcionarios del sistema carcelario. “Quienes cumplen esta labor esencial para el Estado y la sociedad lo hacen en contextos de alto riesgo, expuestos a amenazas y agresiones, sin que existan aún respuestas estructurales suficientes que garanticen su vida e integridad, así como la de sus familias”, señaló el comunicado.
El órgano defensor también indicó que, desde octubre de 2025, ha recomendado al Ministerio de Justicia evaluar de manera integral las condiciones laborales y de seguridad del personal penitenciario, fortalecer la coordinación interinstitucional en los traslados y revisar perfiles de riesgo. Así como diseñar una ruta integral de protección a la vida y brindar acompañamiento psicosocial y jurídico a las familias de funcionarios heridos o fallecidos.
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La Defensoría del Pueblo también instó a la Fiscalía a “adelantar investigaciones prontas y eficaces que permitan esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia”. Además, señaló a las autoridades nacionales y territoriales la necesidad de adoptar de forma inmediata medidas efectivas para la protección de los funcionarios penitenciarios y sus familias.
Asimismo, pidió al Gobierno nacional y a las entidades competentes adoptar acciones de prevención, seguridad y protección en los establecimientos de reclusión. Por último, la Defensoría señaló que el Estado colombiano tiene el deber de proteger la vida, la integridad y la dignidad de los servidores públicos, y afirmó que “sin seguridad para ellos y sus familias, no es posible construir un sistema penitenciario verdaderamente humano y conforme a la Constitución”.
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