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A través de un pronunciamiento público, la Defensoría del Pueblo pidió, en la mañana de este 18 de julio, priorizar la implementación de la sancionada Ley 2590 de 2026, que modifica las penas por los delitos de reclutamiento ilícito y utilización de menores de edad para la comisión de delitos. Según señaló la entidad en un comunicado, “esta ley representa un avance significativo en la protección integral de la infancia y la adolescencia afectadas por el conflicto armado y otras formas de violencia organizada”.
La norma, sancionada por el Gobierno nacional, busca fortalecer las medidas para prevenir las afectaciones a los menores e incorpora nuevas acciones para robustecer la respuesta institucional frente a esta problemática. Asimismo, establece que, cuando la Defensoría identifique escenarios de riesgo de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, “los programas que integran la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes (Ciprunna) deberán priorizar obligatoriamente los territorios señalados”.
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Sin embargo, la entidad señaló que la sanción de la ley apenas es el primer paso. A su juicio, su verdadero impacto dependerá de la capacidad del Estado para reglamentar, financiar e implementar los instrumentos que esta establece. En esa línea, la Defensoría hizo un llamado al Gobierno entrante de Abelardo De la Espriella para priorizar el cumplimiento de las medidas previstas en la norma.
Entre las peticiones de la entidad se encuentra la actualización de la Línea de Política Pública para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes, dentro del año siguiente a la entrada en vigor de la Ley. Según explicó la Defensoría del Pueblo, una política de prevención efectiva requiere un plan a largo plazo, recursos suficientes y una adecuada articulación entre el Estado y los territorios.
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La entidad también pidió poner en marcha una estrategia preventiva para la protección de niñas, niños y adolescentes dentro del año siguiente a la expedición de la ley. Asimismo, instó al Gobierno a desarrollar, en ese mismo plazo, un plan para fortalecer la infraestructura educativa, ampliar la planta docente e identificar y delimitar las instituciones educativas, priorizando los municipios con mayor riesgo de reclutamiento forzado.
La Defensoría reiteró que “la prevención no puede limitarse a la reacción institucional una vez consumada la vulneración de derechos”. Para la entidad, la protección efectiva de los menores exige una presencia integral del Estado en todos los territorios, así como el fortalecimiento de la educación, el acceso a oportunidades, la protección de las comunidades y una respuesta institucional temprana.
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Cifras de reclutamiento forzado entre enero y mayo de 2026
La Defensoría del Pueblo presentó el 26 de junio un nuevo balance sobre el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados ilegales. Según la entidad, entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2026 se registraron 51 casos. Del total, el 65 % corresponde a niños, mientras que el 35 % restante corresponde a niñas.
Además, el 17 % de las víctimas pertenece a pueblos indígenas, el 12 % es afrocolombiana y el 71 % no se reconoce como parte de ningún grupo étnico. La Defensoría señaló que el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc sería el grupo armado que presuntamente más menores habría reclutado durante ese periodo, al concentrar el 23,5 % de los casos registrados en el país. En la misma proporción se ubica el Ejército de Liberación Nacional (Eln), también con el 23,5 %.
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En cuanto a los reportes por departamento, Norte de Santander registra el mayor número de casos de reclutamiento forzado, con 15 denuncias. Le siguen Cauca, con 14 reportes, y Antioquia, con cuatro. Además, la Defensoría indicó que febrero fue el mes con el mayor número de casos de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, al concentrar el 35 % del total.
Durante 2025, la entidad reportó un total de 410 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Del total, el 57 % correspondió a niños y adolescentes, mientras que el 43 % restante correspondió a niñas. Durante ese período, el mayor número de casos se registró en el departamento del Cauca, con 182 reportes.
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