La Defensoría del Pueblo, dirigida por Iris Marín Ortiz, presentó ante el Congreso de la República su concepto sobre el Proyecto de Ley de Sometimiento, “por medio de la cual se establece un tratamiento penal diferenciado para el desmantelamiento y sometimiento de organizaciones al margen de la ley, y reglas para la consolidación de la paz total, el orden público y la seguridad ciudadana”. Una iniciativa clave para el proyecto bandera del presidente Gustavo Petro.
La entidad aseguró que “valora positivamente” el inicio de la discusión del proyecto en el Congreso, ya que “es necesario dar una base jurídica sólida a los esfuerzos actuales por la búsqueda de la paz”. Señaló que este debate debe resultar en la creación de un marco jurídico sólido para la investigación, juzgamiento y tránsito a la legalidad de los miembros de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (Gaoml) y de Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (Eaocai).
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La Defensoría destacó además que el proyecto contiene avances importantes para el sistema colombiano, como la articulación de medidas judiciales y extrajudiciales como requisito para acceder a beneficios y la incorporación de la responsabilidad penal de financiadores y colaboradores o “terceros”. Un asunto clave para organizaciones ilegales que funcionan, en gran parte, apalancadas por redes de apoyo.
Sin embargo, también señaló que es necesario realizar ajustes a la propuesta “para garantizar plenamente los derechos de las víctimas y evitar riesgos de inconstitucionalidad”. Entre los nueve “puntos críticos” por mejorar, la entidad advirtió la necesidad de convocar audiencias regionales y adelantar una consulta previa con comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueras y Rrom o Pueblo Gitano.
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Además, señaló que se debe restringir la posibilidad de ofrecer medidas de libertad condicional “por el simple hecho de haber estado privado de la libertad por 5 años”, asegurando que esta medida permitiría una excarcelación de responsables de crímenes graves, sin que las autoridades judiciales evalúen el riesgo que representan para la comunidad.
También advirtió que la legitimidad de este proyecto dependerá tanto de su contenido, como de la participación efectiva de las víctimas, “quienes deben estar en el centro de la discusión”. Además, que “algunos contenidos del proyecto deberían tramitarse mediante normas estatutarias, dado que regulan instrumentos de justicia transicional”, un asunto importante para evitar que, a la hora de poner en marcha la Ley de Sometimiento, no se quede varada por problemas ejecutivos para su ejecución.
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La Defensoría también aseguró que debe garantizar la ejecución de penas, sin dejar de lado la difícil situación del sistema penitenciario colombiano. “No es claro cómo se ejecutará la sanción penal teniendo en cuenta las capacidades limitadas del Sistema Penitenciario y Carcelario. Esto, en lo que tiene que ver con espacios de reclusión, proyectos de resocialización y custodia y vigilancia alternativos que se están proponiendo”, se lee en el concepto.
Advirtió además que las decisiones que tome el Congreso sobre este proyecto deben ser equilibradas e ir en línea con las plenas garantías de la justicia. “Hace un llamado a que cualquier decisión legislativa equilibre los beneficios para los responsables con los derechos de las personas y comunidades afectadas por la violencia, en especial la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”, concluye el documento.
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