El abogado Diego Cadena, exdefensor de Álvaro Uribe Vélez, fue condenado este viernes por el delito de soborno en actuación penal, uno de los mismos por los que el expresidente tendrá que pagar 12 años de prisión domiciliaria. El juez tercero penal con función de conocimiento de Bogotá, Fabián Moreno, leyó el sentido de fallo contra el abogado que ofreció beneficios jurídicos y dinero al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve a cambio de que hablara a favor de Uribe Vélez.
Aunque el caso era también por el delito de fraude procesal, la justicia encontró que había duda razonable sobre los hechos relacionados con pagos y ofrecimientos al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor”. La defensa de Cadena dijo que en las declaraciones de este hombre hubo contradicciones y que era difícil verificar el nivel de credibilidad.
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Dentro de la audiencia, adelantada en el complejo judicial de Paloquemao (Bogotá), el juez Moreno también definió el caso en contra del abogado Juan José Salazar, uno de los juristas que trabajó en su despacho en Cali y quien, según determinó la justicia, habría participado en la red de soborno a testigos para favorecer al líder natural del Centro Democrático, el expresidente Uribe. Sin embargo, por estar vinculado al mismo hecho de alias “Víctor”, Salazar fue absuelto y queda libre de responsabilidades, en principio.
El proceso contra Cadena tuvo el mismo origen que el de Álvaro Uribe: la investigación que en 2018 abrió la Corte Suprema de Justicia sobre la presunta relación del expresidente con grupos paramilitares en Antioquia, hacia los años 2000. En el caso de Uribe Vélez, la jueza determinó que había sido “el arquitecto” de una red de manipulación de testigos con el objetivo de limpiar su nombre.
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Cadena, según los argumentos de la jueza Heredia, quien condenó a Uribe Vélez, habría sido la persona utilizada por el expresidente en calidad de determinador, para que ofreciera dinero y beneficios jurídicos en cárceles de Colombia y Estados Unidos, para que exparamilitares y personas como Juan Guillermo Monsalve, preso en la cárcel La Picota (Bogotá), desmintieran esas versiones que lo relacionaban con paramilitares y hablaran en contra del senador Iván Cepeda.
Esa versión fue confirmada por el juez Moreno, quien de nuevo se refirió a la relación entre el expresidente y el abogado, con un solo objetivo: torcer a testigos para que limpiaran las versiones que relacionaban a la familia Uribe Vélez con grupos paramilitares en Antioquia. “Diego Javier Cadena Ramírez realizaba gestiones en favor de los intereses judiciales del expresidente Álvaro Uribe Vélez, hecho que no fue objeto de controversia y que además se encuentra acreditado a través de pruebas testimoniales”, dijo el togado.
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Sobre el episodio de Juan Guillermo Monsalve, el juez argumentó que sí hubo presiones de parte del abogado Cadena para que el hombre que estaba preso en la cárcel La Picota actuara de tal forma. Esto, en coautoría con el enjuiciado secuestrador, Enrique Pardo Hasche. “El despacho encuentra acreditado que Diego Cadena actuó en común acuerdo con Enrique Pardo Hasche y le ofreció a Juan Guillermo Monsalve un recurso de revisión a cambio de su retractación”, dijo el juez.
Agregó que esa actuación fue con dolo, pues aunque Monsalve no tenía interés ni intención de retractarse de lo dicho sobre Uribe Vélez, Cadena lo presionó y le ofreció beneficios jurídicos. “Se impone un fallo condenatorio contra el abogado Diego Cadena como coautor del delito de soborno en actuación penal, por los hechos relacionados con el ofrecimiento de beneficios jurídicos a Juan Guillermo Monsalve Pineda”, dijo el juez.
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En cuanto al segundo episodio por el que eran investigados los abogados Cadena y Salazar, el juez Moreno resolvió que no eran suficientes los elementos para declararlos culpables o inocentes. Decidió, entonces, absolverlos por duda razonable de su responsabilidad en los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, relacionados con las “ayudas humanitarias” ofrecidas al exparamilitar “Víctor”, a cambio de buscar testigos que mintieran a favor de Álvaro Uribe.
Pese a que en principio el juez resaltó la exatitud y coherencia de los testimonios entregados por Vélez en el marco del proceso, atendiendo argumentos de la defensa resolvió que había elementos suficientes para desestimar su credibilidad. “Al igual que frente al soborno en actuación penal, surge una duda razonable sobre la configuración del punible de fraude procesal”, dijo el juez en la lectura del sentido de su fallo.
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La Fiscalía pidió la tasación de la pena de siete años de prisión. Los representantes de las víctimas se sumaron a esa solicitud y solicitaron que, además de la pena máxima, su captura se efectúe de forma inmediata, recurso que fue negado por el juez. El delegado de la Procuraduría pidió que la pena se ajuste al cuarto mínimo; pero no será hasta el 30 de septiembre a las 2:00 de la tarde que se conozca el monto de la pena. Para esa fecha quedó agendada la diligencia en la que se conocerá la sanción.
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