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Con la elección de hoy en la Corte Suprema de Justicia de Francisco Barbosa como el nuevo fiscal general terminó un periodo de interinidad en el organismo investigativo que comenzó el 15 de mayo del año pasado, cuando quien era su cabeza, Néstor Humberto Martínez, dimitió tras conocer la decisión que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acababa de tomar: negar la extradición del exjefe guerrillero Jesús Santrich y ordenar su libertad inmediata. “Este desafío al orden jurídico no puede ser refrendado por el suscrito. Mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden”.
A la dimisión “irrevocable” de Martínez le sucedió la de su mano derecha, la vicefiscal María Paulina Riveros. Así las cosas, una de sus últimas decisiones como fiscal general fue nombrar como vicefiscal encargado a Fabio Espitia, quien para entonces era el coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema y quien luego, confirmada la salida de Martínez del ente investigativo, pasó por inercia a ser el fiscal general encargado mientras a la Corte llegaba la terna del presidente Iván Duque, la cual tardó siete meses en aterrizar en el alto tribunal.
::Otra versión de la renuncia del exfiscal general Néstor Humberto Martínez::
Con Espitia liderando la Fiscalía, esta adquirió un tono distinto al que le imprimió Néstor Humberto Martínez. Al exfiscal titular era común verlo hablando en ruedas de prensa semanales sobre temas que consideraba claves; Espitia organizó pocas. Nunca dio una entrevista a medios de comunicación; de hecho, gente cercana a él asegura que ni siquiera los revisa y sus asesores son quienes lo mantienen al día acerca de los asuntos en los que debe estar actualizado. Espitia, considerado un hombre erudito, mantuvo el perfil más bajo que podía en el cargo de más visibilidad que hay en la justicia colombiana.
La terminación abrupta del periodo de Néstor Humberto Martínez significó para Espita recibir en su regazo muchas “papas calientes”. La primera, por supuesto, Odebrecht. Y fue con Espitia a la cabeza de la Fiscalía que Otto Bula, uno de los testigos estrella de la Fiscalía en este proceso, alcanzó por fin que un juez diera luz verde a su preacuerdo con el ente investigador, algo que la Fiscalía de Martínez no pudo obtener ni en 2017 ni en 2018. Bula se comprometió a dar información en sobre la Ruta del Sol II y la adición de Ocaña- Gamarra de ese tramo.
Pero Espitia, a su vez, le deja “papas calientes” a Barbosa, pues él tampoco decidió si imputaba o no cargos a las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez. Mientras Leonardo Espinosa fue fiscal ad hoc de tres expedientes del caso Odebrecht (de diciembre de 2018 a mayo de 2019), tomó la determinación de reversar el archivo del caso de estas dos altas exfuncionarias, lo cual ocurrió en junio de 2018. La administración Martínez concluyó que no había razones para abrir investigación formal contra Parody y Álvarez por su papel en la aprobación de los Conpes que tuvieron que ver con el tramo Ocaña-Gamarra.
A Espitia le tocó, además, ser protagonista de un episodio insólito: el pasado 19 de noviembre llegó al búnker de la Fiscalía un grupo de 20 funcionarios de la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, por orden de un magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, para hacer una visita especial en los despachos de dos fiscales que fueron claves en la administración de Néstor Humberto Martínez: Daniel Hernández y Álvaro Betancur. Nunca antes el Ministerio Público había realizado una diligencia de esa naturaleza dentro del búnker.
En ese momento, el vicefiscal Jaime Camacho interrumpió la diligencia y el asunto escaló a tal punto que el propio Espitia se comunicó con el procurador general, Fernando Carrillo, para pedirle que todas las decisiones relacionadas con esa visita especial las tomaran solo ellos dos. La Judicatura indaga una denuncia anónima en la que se señaló que tanto Hernández como Betancur han ordenado interceptaciones de comunicaciones de manera ilegal. Poco después de la cuasi inspección, cayó otra denuncia contra Hernández y Betancur aun más grave.
Según ha declarado Luis Carlos Gómez Góngora, un exfuncionario del CTI condenado él mismo por interceptaciones ilegales, le dijo a la JEP que esos dos fiscales se prestaron para “chuzar” a personas relacionadas con el proceso paz por petición del exfiscal Martínez. Todos los implicados salieron a negar de inmediato tremenda acusación, pero el tema, que lleva menos de dos meses en la palestra pública, sigue crudo. Otra “papa caliente” que le cae a Barbosa en las manos, pues de su administración se espera que este delicado señalamiento se investigue a fondo para confirmarse o descartarse.
::“Lo que quieren es que no se sepa la verdad”: Álvaro Betancur y Daniel Hernández::
Fabio Espitia fue un hombre silencioso mientras fue coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema y ese mismo perfil mantuvo cuando quedó como fiscal encargado. No se involucró en polémicas, no casó peleas con otros altos funcionarios. Hizo la tarea como el más aplicado de los alumnos, aunque la calidad de su gestión aún está por evaluarse. Recién salido Martínez de la Fiscalía se alcanzó a decir que sería incluido en la terna, pero el rumor fue desvirtuado rápidamente. Fiscales de regiones le dicen a este diario que él nunca viajó a hablar con ellos: “Él sabía que estaba de paso”
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