El problema de los Ocad-Paz no sería solo de corrupción, sino también de derechos

De corrupción a vulneración de derechos. Así están en entredicho los contratos que se han firmado a través de lo que se conoce como los Ocad-Paz, que no es otra cosa que el sistema que aprueba proyectos destinados para la implementación del Acuerdo Final. Los entes de control tienen la lupa puesta sobre funcionarios y convenios que se habrían suscrito de manera irregular. Mientras las investigaciones avanzan en la Fiscalía y Procuraduría, para determinar si existen delitos o faltas disciplinarias, a la Corte Constitucional llegó una tutela que dejaría entrever que, además de presuntos actos de corrupción, en la adjudicación de esos proyectos se violaron derechos fundamentales.

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En el sistema de procesos del alto tribunal ya existe una tutela en la que se asegura que en la asignación de un proyecto para una comunidad indígena en Norte de Santander, de más de 4.100 miembros, se afectaron la vida, la integridad y el territorio. Detrás del recurso está el pueblo barí, ubicado en la frontera colombo-venezolana, en Norte de Santander, y que está dividido en dos resguardos: el Motilón Barí y Catalaura La Gabarra. Con la tutela, que ya fue seleccionada y hoy reposa en el despacho de la magistrada Natalia Ángel, la comunidad busca que se amparen derechos que vieron vulnerados tras la construcción de un sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales y la puesta en marcha de una planta en la quebrada Honduras, en el municipio de Convención.

El proyecto, que buscaba la optimización del sistema de acueducto y alcantarillado de los corregimientos de Honduras y Trinidad, fue financiado, según la tutela, a través del Ocad-Paz. La administración municipal de Convención contrató a la unión temporal Honduras-Trinidad para llevar a cabo el contrato. Aunque el convenio culminó con éxito y se subsanaron las advertencias que hicieron desde el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) y el Departamento de Planeación Nacional (DNP) sobre el deterioro en las instalaciones del sistema existente y falta de agua potable, quedó un saldo pendiente con la comunidad barí.

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La población reclama que no se tuvo en cuenta que las aguas residuales desembocarían en afluentes hídricos que son de uso cotidiano de la comunidad. La quebrada Honduras, que termina su cauce en el río de Oro, es usada para “proveer seguridad alimentaria” a más de 300 familias, entre ellos más de 1.500 personas, de las cuales 300 son menores de edad. Eso sin contar que para la comunidad indígena son de vital importancia la pesca, la caza y otro tipo de escenarios que realizan a las orillas de los ríos y quebradas con las que suelen fortalecer su cultura y ancestralidad. Prácticas que, con el vertimiento de las aguas sucias, quedaron estropeadas.

“Contaminar la quebrada Honduras y el río de Oro, como consecuencia del vertimiento de aguas residuales del alcantarillado construido, significará una grave afectación en los sistemas de salud. Con esta afectación, los médicos tradicionales no contarán con medios, capacidades ni condiciones para la atención de enfermedades (…) también significará una grave afectación al sistema alimenticio y nutricional de los habitantes, especialmente de su población infantil”, resalta la comunidad en el documento, en el que añaden que la violación de los derechos es parte de las afectaciones que han padecido años atrás.

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La comunidad también ha sido víctima de desplazamiento forzado por cuenta de la presencia de hombres del Eln, las extintas Farc, el Epl y los Pelusos, grupos que son parte de la cadena del narcotráfico en esa zona del país. Históricamente, el pueblo barí ha tenido que abandonar sus territorios por cuenta de las consecuencias que trae para su comunidad la siembra de cultivos ilícitos en el Catatumbo. De ahí que consideren que, una vez más, son atropellados. Esta vez, de manera indirecta, por iniciativas que dejó el posconflicto con las Farc. Para evitar ese tipo de daños, previo a llegar a la tutela, tomaron medidas que no surtieron efecto.

Los líderes de la población indígena, mientras avanzaba la construcción del sistema de acueducto y alcantarillado, le solicitaron a la Alcaldía de Convención y el Ministerio del Interior que revelaran detalles de las licencias ambientales, los estudios de suelo, las fuentes de financiación con las que se desarrollaría el proyecto, y adelantar el proceso de consulta previa con el que se determinaría si la comunidad estaba o no de acuerdo de avanzar con la obra que hoy los tiene desconociendo su propio territorio.

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“La obra entonces constituye una interferencia externa que impide el goce pacífico y tranquilo del territorio, la modificación del paisaje, han transformado la composición del territorio que se verá aún más afectado con el vertimiento de aguas residuales a la quebrada Honduras que surte sus aguas al río de Oro. El impacto al territorio constituye una afectación directa al pueblo barí, puesto que no habrá un beneficio directo de la instalación de la planta de tratamiento de aguas residuales y, por el contrario, se sufrirán todos los impactos negativos de su instalación”, reposa en el documento.

Para la comunidad, es claro que las autoridades locales y nacionales desconocieron su existencia como pueblo indígena que habita en los territorios donde construyeron el proyecto. Si bien tiene claro que está financiado desde los Ocad-Paz como parte de la ejecución de la reforma rural integral que dejó el Acuerdo de Paz, también es cierto que debían tener su consentimiento. Con las cartas sobre la mesa, la Corte Constitucional tendrá que definir si, además de corrupción, los proyectos que prometían ser un avance para territorios históricamente abandonados por el Estado y afectados por el conflicto terminaron afectando, una vez más, a sus habitantes.

De corrupción a vulneración de derechos. Así están en entredicho los contratos que se han firmado a través de lo que se conoce como los Ocad-Paz, que no es otra cosa que el sistema que aprueba proyectos destinados para la implementación del Acuerdo Final. Los entes de control tienen la lupa puesta sobre funcionarios y convenios que se habrían suscrito de manera irregular. Mientras las investigaciones avanzan en la Fiscalía y Procuraduría, para determinar si existen delitos o faltas disciplinarias, a la Corte Constitucional llegó una tutela que dejaría entrever que, además de presuntos actos de corrupción, en la adjudicación de esos proyectos se violaron derechos fundamentales.

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En el sistema de procesos del alto tribunal ya existe una tutela en la que se asegura que en la asignación de un proyecto para una comunidad indígena en Norte de Santander, de más de 4.100 miembros, se afectaron la vida, la integridad y el territorio. Detrás del recurso está el pueblo barí, ubicado en la frontera colombo-venezolana, en Norte de Santander, y que está dividido en dos resguardos: el Motilón Barí y Catalaura La Gabarra. Con la tutela, que ya fue seleccionada y hoy reposa en el despacho de la magistrada Natalia Ángel, la comunidad busca que se amparen derechos que vieron vulnerados tras la construcción de un sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales y la puesta en marcha de una planta en la quebrada Honduras, en el municipio de Convención.

El proyecto, que buscaba la optimización del sistema de acueducto y alcantarillado de los corregimientos de Honduras y Trinidad, fue financiado, según la tutela, a través del Ocad-Paz. La administración municipal de Convención contrató a la unión temporal Honduras-Trinidad para llevar a cabo el contrato. Aunque el convenio culminó con éxito y se subsanaron las advertencias que hicieron desde el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) y el Departamento de Planeación Nacional (DNP) sobre el deterioro en las instalaciones del sistema existente y falta de agua potable, quedó un saldo pendiente con la comunidad barí.

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La población reclama que no se tuvo en cuenta que las aguas residuales desembocarían en afluentes hídricos que son de uso cotidiano de la comunidad. La quebrada Honduras, que termina su cauce en el río de Oro, es usada para “proveer seguridad alimentaria” a más de 300 familias, entre ellos más de 1.500 personas, de las cuales 300 son menores de edad. Eso sin contar que para la comunidad indígena son de vital importancia la pesca, la caza y otro tipo de escenarios que realizan a las orillas de los ríos y quebradas con las que suelen fortalecer su cultura y ancestralidad. Prácticas que, con el vertimiento de las aguas sucias, quedaron estropeadas.

“Contaminar la quebrada Honduras y el río de Oro, como consecuencia del vertimiento de aguas residuales del alcantarillado construido, significará una grave afectación en los sistemas de salud. Con esta afectación, los médicos tradicionales no contarán con medios, capacidades ni condiciones para la atención de enfermedades (…) también significará una grave afectación al sistema alimenticio y nutricional de los habitantes, especialmente de su población infantil”, resalta la comunidad en el documento, en el que añaden que la violación de los derechos es parte de las afectaciones que han padecido años atrás.

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La comunidad también ha sido víctima de desplazamiento forzado por cuenta de la presencia de hombres del Eln, las extintas Farc, el Epl y los Pelusos, grupos que son parte de la cadena del narcotráfico en esa zona del país. Históricamente, el pueblo barí ha tenido que abandonar sus territorios por cuenta de las consecuencias que trae para su comunidad la siembra de cultivos ilícitos en el Catatumbo. De ahí que consideren que, una vez más, son atropellados. Esta vez, de manera indirecta, por iniciativas que dejó el posconflicto con las Farc. Para evitar ese tipo de daños, previo a llegar a la tutela, tomaron medidas que no surtieron efecto.

Los líderes de la población indígena, mientras avanzaba la construcción del sistema de acueducto y alcantarillado, le solicitaron a la Alcaldía de Convención y el Ministerio del Interior que revelaran detalles de las licencias ambientales, los estudios de suelo, las fuentes de financiación con las que se desarrollaría el proyecto, y adelantar el proceso de consulta previa con el que se determinaría si la comunidad estaba o no de acuerdo de avanzar con la obra que hoy los tiene desconociendo su propio territorio.

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“La obra entonces constituye una interferencia externa que impide el goce pacífico y tranquilo del territorio, la modificación del paisaje, han transformado la composición del territorio que se verá aún más afectado con el vertimiento de aguas residuales a la quebrada Honduras que surte sus aguas al río de Oro. El impacto al territorio constituye una afectación directa al pueblo barí, puesto que no habrá un beneficio directo de la instalación de la planta de tratamiento de aguas residuales y, por el contrario, se sufrirán todos los impactos negativos de su instalación”, reposa en el documento.

Para la comunidad, es claro que las autoridades locales y nacionales desconocieron su existencia como pueblo indígena que habita en los territorios donde construyeron el proyecto. Si bien tiene claro que está financiado desde los Ocad-Paz como parte de la ejecución de la reforma rural integral que dejó el Acuerdo de Paz, también es cierto que debían tener su consentimiento. Con las cartas sobre la mesa, la Corte Constitucional tendrá que definir si, además de corrupción, los proyectos que prometían ser un avance para territorios históricamente abandonados por el Estado y afectados por el conflicto terminaron afectando, una vez más, a sus habitantes.