Las víctimas y sus familiares, la comunidad internacional, y la sociedad colombiana tienen derecho a conocer en qué hemos invertido los recursos públicos asignados a lo largo de estos ocho años de funcionamiento. La transparencia es un deber de todo funcionario público; tanto más de un tribunal de justicia transicional.
Recordemos que nuestro mandato constitucional consiste en investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos cometidos un conflicto armado de más de 60 años. Hablamos aproximadamente, de 250.000 delitos atroces, entre desapariciones forzadas, homicidios, secuestros, ejecuciones extrajudiciales, reclutamiento de menores, y violencias basadas en género. Delitos que, a pesar de los esfuerzos realizados por la justicia ordinaria, contaban con elevadísimos niveles de impunidad.
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Ante la JEP se encuentran sometidos cerca de 10.000 exintegrantes de las antiguas Farc-EP, un poco más de 5.000 miembros de la fuerza pública y una centena de civiles. Es decir, más de tres veces el número de postulados a Justicia y Paz. Más allá de las macroinvestigaciones, la JEP ha tramitado miles de beneficios penales a estos comparecientes, con miras a garantizarles su seguridad jurídica.
Sumado a lo anterior, el Acuerdo de Paz señala que las víctimas son el centro del sistema y que debemos aplicar los enfoques étnico, territorial y de género. Además, gestionamos dos modelos de justicia complementarios: el restaurativo y el adversarial.
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Para poder enfrentar tan magnánimo desafío, la JEP ha invertido los dineros públicos en implementar varias estrategias:
Nos volcamos a los territorios. Actualmente, contamos con oficinas regionales que han garantizado la representación legal de más de 20.000 víctimas, que han brindado asesoría jurídica a otras 18.000 y psicojurídica a 17.460. Asimismo, se ha garantizado el derecho a la defensa de casi 9.000 comparecientes.
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La implementación de la justicia transicional restaurativa ha implicado también que la JEP garantice a miles de víctimas su participación efectiva en cientos de diligencias judiciales y audiencias públicas, lo cual ha sido esencial, dado que se trata, en su inmensa mayoría de población vulnerable. Esta participación es acompañada por nuestros equipos psicosociales, los cuales también ayudan a los comparecientes. Actualmente, participan ante la JEP cerca de 15.000 víctimas individuales y 424 colectivas, que suman más de 300.000 personas.
De otro lado, contamos con nuestra propia Fiscalía (la UIA), encargada de investigar y acusar a quienes no acepten su responsabilidad. Entidad que, además, cuenta con el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) que enfrenta condiciones difíciles de búsqueda en lugares como La Escombrera. Allí, tras remover cerca de 60.000 m³ de tierra, recuperamos siete cuerpos de desaparecidos y los entregamos a las familias.
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Adicionalmente, para poder armar los macrocasos, disponemos de un Grupo de Análisis de la Información (GRAI) que realiza análisis de contexto, identifica y caracteriza los patrones de conducta criminal y gestiona información, para contribuir a la toma de decisiones de la magistratura.
En ocho años de funcionamiento, y tras siete auditorías de la Contraloría, y 14 informes entregados a la Procuraduría, la JEP no registra hallazgos con incidencia fiscal o penal. En cambio, el año pasado fuimos una de las entidades públicas con más alto nivel de ejecución del gasto (88.5%), y en 2024 la OCDE nos reconoció como un modelo de innovación en materia de justicia en la región.
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Por último, en cuanto a los resultados, más allá de los intangibles (verdades reveladas, reconciliación y sanación espiritual), hemos imputado a 338 máximos responsables y expedido tres sentencias condenatorias, y en los próximos meses saldrán otras. Estas serán vigiladas por el Sistema de Monitoreo por medio de visitas in situ, cámaras de video y dispositivos con ubicación de los comparecientes.
En definitiva, somos una entidad que ha invertido con pulcritud los recursos públicos y cuyos resultados se sustentan con datos verificables.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Alejandro Ramelli Arteaga
