El Instituto de Medicina Legal reveló este viernes los resultados de la autopsia hecha al cuerpo del gobernador indígena del Chocó, Aulio Isarama Forastero, quien fue asesinado el pasado 25 de octubre. Según dijo el director de la institución, Carlos Valdes, la muerte de Isarama fue el resultado de un disparo a quemarropa y por la espalda, contradiciendo la versión del Eln de que los hechos se presentaron tras un forcejeo.
“La causa de la muerte obedece a un daño vascular severo a nivel del tórax, producido por el paso de dos proyectiles de arma de fuego de alta velocidad. Estos disparos se realizaron de atrás hacia adelante, de la espalda hacía adelante, en una modalidad de contacto firme. Es decir, con la boquilla del arma firmemente apoyada sobre la pared posterior del tórax en momentos en los cuales se evidencia que el tórax estaba desnudo. Se encuentra evidencias de un disparo a contacto firme de un tórax desnudo”, aseguró Valdes.
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El director de Medicina Legal también dijo que el arma usada fue un fusil de largo alcance y que los resultados de la autopsia, que “constituyen una evidencia científica del estado de indefensión” de Isarama cuando fue asesinado, ya fueron entregadas a la Fiscalía.
Aunque en un primer momento el Eln, que ajustaba 25 días de haber iniciado un cese al fuego bilateral y temporal con el Gobierno, no aceptó la autoría del asesinato, el 30 de octubre admitió que Isarama fue retenido por la guerrilla, tras sospechar que era un “informante” de las autoridades. El Eln aseguró que el gobernador “se niega a caminar y se abalanza sobre uno de nuestros guerrilleros, con el trágico desenlace conocido”.
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Juan Camilo Restrepo, jefe de la delegación del Gobierno en las negociaciones con el Eln en Quito (Ecuador), calificó en su momento el hecho como “deplorable desde todo punto de vista y decepcionante”. Pero Restrepo no fue el único, el asesinato, a manos del Eln, también fue criticado por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA), que exigió “una investigación oportuna”, mientras que la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia) advirtió que el crimen es una muestra de que en el país “continúa el exterminio con los pueblos”