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Casos como el de Hilary Castro, la joven de 17 años que denunció que fue robada con cuchillo y obligada a practicarle sexo oral a su agresor en una estación de Transmilenio, en Bogotá. O el de Lina María Quintero, una mujer que vendía arepas en Villavicencio y terminó violada y empalada luego de que denunció que le tiraron excremento a su asador, son algunos de los rostros que deja la violencia de género en Colombia. El escenario no es alentador, como demuestran cifras de Medina Legal que afirmó que, durante lo corrido del año, alrededor de 827 mujeres fueron asesinadas.
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De acuerdo con el órgano forense, las conductas de violencia en las niñas, adolescentes y mujeres se registran por parte de su pareja sentimental o miembros cercanos de su núcleo familiar. Y por lo general, según el reporte, las víctimas se encuentran entre 20 y 29 años. En el día internacional de la lucha contra la violencia de género, un informe de ONU Mujeres llama la atención sobre el panorama que se cierne especialmente en Colombia, pues según Bibiana Aido, representante de la entidad en Colombia, existe todo tipo de violencia en contra del género.
Las violencias física, política, verbal, sicológica y sexual, son apenas unas de las conductas que padecen las mujeres en el país. “Nos preocupa la violencia política en las mujeres, la violencia sobre las defensoras de derechos humanos. Por eso, es importante crear una acción conjunta de manera colectiva desde las entidades gubernamentales, las familias y la comunidad”, dijo Aido en diálogo con este diario. La delegada de la organización internacional destacó que, si bien Colombia tiene un marco normativo jurídico robusto para combatir brotes de violencia contra las mujeres, el meollo del asunto radica en los recursos que brinda el Estado.
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No obstante, esa realidad, para Aido, se puede comenzar a transformar con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, del gobierno de Gustavo Petro, en el que cabe la oportunidad de que sea incorporado un capítulo de género que garantice los derechos de las mujeres y la igualdad, así como también que permita la implementación y seguimiento de las leyes que se destinaron para proteger al género. No obstante, el reto para garantizar el respeto de los derechos de las mujeres también está en la capacitación a la comunidad.
Para Aido, fortalecer los canales de denuncia, realizar acompañamiento integral a las mujeres víctimas y capacitar a las entidades de velar por su seguridad, a la vez de fomentar sanciones en caso de incumplimientos, son algunas soluciones con las que se podría cambiar el panorama que padece el país no solo en zonas urbanas sino también rurales. El reporte de ONU Mujeres, por ejemplo, da cuenta de que en territorios como Cauca, Chocó, Riohacha, Maicao, Santa Marta y Barranquilla, las mujeres son víctimas en su gran mayoría por violencia física, sexual y sicológica.
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En ese sentido, uno de los retos más importantes que afronta la administración actual, según ONU Mujeres, es suplir los vacíos de institucionalidad que existen en los territorios que han sido golpeados por el conflicto armado y en los que se ha presentado explotación, violencia y abuso sexual contra niñas, mujeres y adolescentes. En América Latina las tasas de feminicidio se concentran en Honduras, Salvador, República Dominicana y Bolivia y la región concentra 14 de los 25 países con tasas más altas de feminicidios en el mundo.