En la noche del pasado jueves 6 de abril, el exministro de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega recuperó su libertad, luego de haber estado detenido en el Batallón de Infantería de Marina en la Base Naval de Cartagena durante más de tres años. La juez tercera penal de ejecución de penas de la capital de Bolívar le otorgó su libertad luego de haber cumplido tres quintas partes de su condena y de haberse comportado de buena manera mientras estuvo preso.
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La historia de cómo un ministro de Justicia terminó condenado a seis años y ocho meses de cárcel tiene que ver con el escándalo de la Yidispolítica. La Corte Suprema de Justicia lo encontró culpable del delito de concusión en 2015 luego de que lograra probar que Sabas Pretelt influyó de manera ilegal en el trámite del proyecto de ley mediante el cual se pretendía que el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez fuera reelegido de forma inmediata, una iniciativa promovida en 2004.
En el fallo condenatorio, el alto tribunal explicó que el exministro ofreció una serie de dádivas en 2004, como notarías, a un grupo de representantes a la Cámara para que votarán favorablemente el proyecto que creaba la figura de reelección presidencial inmediata. Desde el comienzo del proceso, el exfuncionario ha dicho que es totalmente inocente y que todo se trató de una persecución en su contra.
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Hace dos años, Pretelt volvió a aparecer en medios de comunicación y fue allí en donde insistió en su inocencia. Explicó además que estaba en la búsqueda de tribunales internacionales para que conocieran su caso para que la Corte Suprema aceptara la dobel instancia en su caso. “Espero que eso me sirva en lo penal para que la justicia cambie este rumbo perverso que ha llevado en tanto tiempo (...) Yo soy inocente, créanme", precisó.
Sabas Pretelt de la Vega recupera su libertad solo un mes después de que Diego Palacio, también exministro del gobierno de Uribe Vélez y procesado por este mismo caso, saliera del centro carcelario. El exjefe de la cartera de Protección Social, fue condenado por la Corte Suprema a seis años y ocho meses de cárcel por los delitos de cohecho, también por sus vínculos con la “yidispolítica”.