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6 Nov 2020 - 12:07 a. m.

En segunda imputación, policías que interceptaron al “Ñeñe” Hernández no aceptaron cargos

En esta oportunidad los dos oficiales de la policía son señalados de interceptar de forma ilegal las comunicaciones privadas de dos ciudadanos que no tenían nada que ver sus investigaciones.
Tanto el mayor Yefferson Tocarruncho como el sargento Wadith Velásquez pertenecen a la Dijín. / Imagen de referencia
Tanto el mayor Yefferson Tocarruncho como el sargento Wadith Velásquez pertenecen a la Dijín. / Imagen de referencia

El mayor de la Policía Yeferson Fabián Tocarruncho y el subintendente Wadith Miguel Velásquez, quienes se desempeñaban en la Dijín y que fueron conocidos por todo el país como los investigadores que recogieron los audios que destaparon la Ñeñepolítica, enfrentaron una nueva imputación de cargos en su contra. Al proceso judicial que afrontan por haber “chuzado” las comunicaciones de cinco de sus compañeros, ahora se suma uno nuevo por la presunta interceptación ilegal a los teléfonos de dos civiles.

En audiencia virtual, el fiscal Daniel Hernández, formuló imputación formal en contra de los oficiales de la Policía por el delito de violación ilícita de comunicaciones en calidad de determinador, para el caso de Tocarruncho, y de autor, en lo que corresponde a Velásquez. El delegado de la Fiscalía indicó que el 26 de mayo de 2018, Tocarruncho le ordenó a su subalterno Velásquez “violentar ilícitamente” las comunicaciones de dos ciudadanos. Para ello, el subintendente habría presentado documentación falsa en un proceso que adelanta la Fiscalía 21 especializada contra el Crimen Organizado en el que se investiga el homicidio de Óscar Rodríguez, asesinado en agosto de 2011.

Según la Fiscalía, Velásquez expidió un documento con información falsa en el que manifestaba que un informante, conocido alias La Penca (José Carlos García), le entregó datos sobre dos posibles integrantes de una organización criminal a quienes les otorgó alias y características específicas dentro de la banda delictiva. Fue así como a partir del 26 de mayo de 2018 y durante un mes, las comunicaciones privadas de dos civiles fueron interceptadas.

La primera presunta víctima de estas diligencias fue, según la Fiscalía, el presidente del sindicato de la Universidad del Valle, Dilman Paz Potes, quien se desempeñaba dentro de la institución como aseador. No obstante, asegura el ente investigador que en el “informe falso” de Velásquez, el número celular de Paz pertenecía a un hombre conocido como “el doctor”, encargado de administrar el dinero de la organización criminal producto de los cobros extorsivos. El otro interceptado sería Deiby Brayan Hernández quien, según el subintendente, era el hombre encargado de organizar las extorsiones.

Anotó la Fiscalía que estos ciudadanos nada tienen que ver con el homicidio de Óscar Rodríguez y, aun así, el mayor Tocarruncho le ordenó a Velásquez que “intercepte, controle o impida una comunicación privada dirigida a otra persona”. Con base en lo anterior, determinó que Tocarruncho era responsable en calidad de determinador, mientras que Velásquez figuraba en calidad de autor. En ese sentido, fueron notificados de la apertura de una nueva investigación formal en su contra.

“Para la época de los hechos ustedes afectaron el bien jurídico de la libertad individual sin tener una justa causa y ustedes tenían total capacidad de comprensión y por ende capacidad de determinación y aún así quisieron ejecutar estas actividades delictivas. También, para la época de los hechos ustedes sabían y conocían que interceptar ilícitamente e interceptar a ciudadanos colombianos que no tuvieran relación con las investigaciones que se adelantan y más aún generando falsedades en documentos públicos era un delito, más basado en la función que ustedes desempeñaban para época de los hechos”, indicó el fiscal Hernández.

A propósito de varios cuestionamientos realizados por el abogado defensor de los uniformados, Miguel del Río Malo, el delegado de la Fiscalía aclaró que en este proceso no habló de falsedad ideológica en documento público, ni del posible fraude procesal porque esos delitos ya fueron imputados en el otro proceso que ya avanza y que está próximo a audiencia preparatoria. (Le pude interesar: Los testimonios que hay contra los policías que interceptaron al “Ñeñe” Hernández)

“(Este proceso) lo centré especifica y únicamente a las dos líneas que, como lo dijo el mismo defensor, en la primera audiencia de imputación no habían sido verificadas. Tenía que verificar si esas dos líneas correspondían a integrantes de la organización criminal que manifestó alias La Penca en su información vía telefónica el 25 de mayo al señor Velásquez o si, por el contrario, tal como se demuestra en esta audiencia de formulación de imputación, pertenecían a particulares”, explicó Hernández.

Agregó que, aunque las solicitudes del abogado a la Fiscalía sobre cómo inició la investigación, de dónde proviene, no hacen parte de la audiencia de imputación, esta investigación surgió por la denuncia presentada por el patrullero Edwin Calderón, quien manifiesta haber sido interceptado ilegalmente por sus superiores jerárquicos y que este hecho fue el que llevó a verificar a los abonados telefónicos que terminaron perteneciendo a civiles. “Los celulares fueron verificados con posterioridad a la (primera) imputación”.

Finalmente, dijo el Fiscal Hernández que el haber acusado a lo uniformados en la audiencia de acusación que surtió el 19 de octubre (por el primer proceso) habría violentado la garantía fundamental de la congruencia fáctica pues “los hubiera sorprendido con adicionarles dos concursos por hechos que ni siquiera conocían. Manifesté en (primera) imputación que los dos abonados telefónicos que se imputan el día de hoy como interceptaciones ilícitas, por lo tanto, la Fiscalía en un acto de lealtad lo que hace es presentarle los hechos concretos frente a esos dos abonados telefónicos exclusivamente que no habían sido imputados y se imputan hoy y que la Fiscalía presume como interceptados de manera ilícita”.

Finalmente, la juez del despacho evaluó la actuación de la Fiscalía y consideró que la misma se hizo de forma correcta y acorde a los lineamientos legales. Luego, al preguntarle a los uniformados si se allanaban a los cargos, estos indicaron que no aceptaban. Desde el pasado 10 de junio los oficiales se encuentran privados de la libertad en detención domiciliaria mientras el primer proceso penal en su contra avanza. En este caso, los dos policías son señalados por la Fiscalía de interceptar ilegalmente las comunicaciones de cinco de sus subordinados que eran sospechosos de haber cometido irregularidades durante algunos operativos en mayo de 2019.

Según el ente investigador, lo hicieron para establecer si cinco de sus compañeros que trabajaban en Cali habrían robado un dinero mientras realizaban un allanamiento en la capital del Valle del Cauca. En el afán de establecer la responsabilidad de los uniformados, agregó la Fiscalía, el mayor Tocarruncho “creó esta idea criminal” de interceptarlos sin que el permiso de un juez, como lo exige la ley, y mintiéndole a la fiscal que llevaba el caso, Jenny Ortiz Ladino.

Tocarruncho y Velázquez fueron durante cerca de dos años las personas que encabezaron las pesquisas para determinar quién asesinó a Óscar Rodríguez Pumar el 18 de agosto de 2011 en el barrio El Prado de Barranquilla. Dentro de esa investigación, ellos y la Fiscalía lograron vincular a Marcos de Jesús Figueroa, más conocido como Marquitos Figueroa en el mundo del crimen. Además, estaban tras la pista de José el Ñeñe Hernández, un ganadero señalado de ser el testaferro de Figueroa y de tener nexos con el narcotráfico.

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