José Guillermo Roncancio Rodríguez tenía 65 años, vivía en Cali y el 10 de agosto de 2026, cuando la tierra rugió con el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia, estaba en una de las salas de cirugía del cuarto piso del Hospital Universitario del Valle del Cauca. Su familia lo buscó durante casi una semana después del fuerte sismo que convirtió en polvo y escombros una de las secciones de ese centro médico.
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Sin mayores pistas de él, Roncancio fue reportado como desaparecido. Pero este 17 de agosto su cuerpo fue hallado entre las ruinas del edificio. “Aquí ya no hay nada que buscar. A todos los encontraron muertos”, expresó su hija, Helen Viviana Roncancio a El Espectador. Ahora espera de parte de Medicina Legal la identificación y entrega del cuerpo de su padre.
La historia de la familia Roncacio es solo una de los cientos que durante la última semana han buscado a sus familiares desaparecidos durante el terremoto. Hasta la noche del 18 de agosto, las cifras entregadas por Medicina Legal señalaban que esa institución tiene reporte de 290 personas que siguen desaparecidas y 265 que han aparecido vivas.
La entidad también ha recibido los cuerpos de 312 personas fallecidas, de las cuales hay 24 menores de edad y 12 ciudadanos extranjeros. De las víctimas mortales, 306 ya fueron plenamente identificadas y 300 ya fueron entregadas a sus seres queridos. Pero a una semana del terremoto, el instituto se enfrenta al reto de avanzar en la identificación.
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En diálogo con este diario, el director de Medicina Legal, el médico Ariel Emilio Cortés Martínez explicó que la institución a su cargo está entrando en una segunda fase de identificación de los cuerpos de las víctimas del terremoto. Durante la primera semana, la entrega de los informes de personas identificadas fue más ágil porque la identificación de los cuerpos se adelantó, en la mayoría de los casos, mediante cotejo de las huellas dactilares de las personas.
Las autoridades de Pereira y Cali cerraron de manera oficial la etapa de búsqueda y rescate de sobrevivientes, para iniciar con la remoción de escombros y la recuperación de cuerpos de quienes fallecieron. Ahora, las técnicas de identificación deben ser distintas.
“Durante la remoción de escombros se van recuperando cadáveres que han ido perdiendo la capacidad de identificación mediante sus huellas dactilares, porque el tejido blando se va perdiendo”, explicó Cortés Martínez. Ahora la vía que le queda a Medicina Legal para identificar a las víctimas es el cotejo genético, un proceso que, según explicó, puede tardar hasta ocho días en cada caso.
¿La razón? El análisis de ADN de las personas fallecidas durante el terremoto y cuyos cuerpos aún están siendo buscados implica buscar a sus familiares para pedirles una muestra de sangre, ingresarla a un banco de información genética y luego cruzarlas con las muestras tomadas de los huesos de las víctimas sin identificar.
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A la complejidad de ese proceso, explicó el doctor Cortés Martínez, se suman las capacidades limitadas de Medicina Legal, que solo tiene cuatro centros de genética en el país, ubicados en Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cali. La situación en el Valle del Cauca, donde familias como la de José Guillermo Roncancio Rodríguez esperan la identificación y entrega de sus familiares, es aún más compleja.
El terremoto también causó graves afectaciones en la sede de Medicina Legal en Cali, por lo que durante la primera semana los cuerpos tuvieron que ser trasladados a los municipios de Palmira y Buga para su identificación. Pero ahora, para el cotejo genético, las muestras de ADN tendrán que viajar hasta Bogotá y el proceso se alargaría.
Para el director de Medicina Legal, la situación en Cali representa “la mayor dificultad para la institución en este momento”. En el municipio de Palmira y en Pereira (Risaralda), otro de los sitios fuertemente afectados por el terremoto, el alto volumen de cuerpos que esperan para su identificación o entrega se ha solventado con la instalación de dos contenedores refrigerados que permiten su conservación temporal.
Para agilizar ese proceso, según explicó Cortés Martínez, la institución empezará a contactarse con las familias de las 290 personas que continúan desaparecidas para avanzar en la toma de muestras de sangre y acelerar el cotejo genético con los cuerpos, por lo que le pidió a las personas “estar atentas al llamado de Medicina Legal”.
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El doctor Carlos Valdés, quien estuvo al frente de Medicina Legal hasta diciembre de 2018, explicó en diálogo con este diario que la situación a la que se enfrenta el país respecto a la búsqueda de los desaparecidos es “un tema de carácter humanitario”.
Agregó que requiere no solo fortalecer las capacidades de la institución, sino también hacer un llamado a la comunidad científica a involucrarse de manera activa a las soluciones para esta crisis y a las autoridades competentes a garantizar las condiciones para que la prolongada búsqueda de los desaparecidos no termine convirtiéndose en un problema de salud pública en ciudades como Pereira, donde la gente asegura que “el aire ya se siente pesado” o que “huele a muerte”.
“Ahora parte de la atención está puesta en la reconstrucción de viviendas, locales, colegios, etc. Pero es fundamental el aspecto humanitario, la búsqueda de los desaparecidos, la identificación de los cuerpos y devolverlos a sus familias”, dijo el doctor Valdés.
Señaló que en casos como el de Pereira, donde han circulado en redes sociales videos en los que la gente pide que aún no usen maquinaria amarilla para remover los escombros porque puede haber vida debajo de las ruinas, es necesario avanzar con celeridad para recuperar los cuerpos de las personas fallecidas: “Entiendo el dolor de quienes piden que no se remuevan los escombros, pero es la única forma de encontrar a los desaparecidos y entregarlos a sus familias”.
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Sobre todo, agrega Valdés, en un escenario en el que las lluvias del último fin de semana aceleran la descomposición de los cuerpos y dificultan su identificación. “La humedad es el primer enemigo de la genética, porque facilita el crecimiento de bacterias que destruyen el ADN”, explicó el doctor Valdés. Y concluyó que la única alternativa, además del fortalecimiento institucional, es “trabajar de forma organizada y pronto”, por lo que hizo un llamado a la comunidad científica a agruparse.
“Debemos dejar de trabajar cada uno por su lado, debemos estructurar un plan científico y humanitario entre científicos e instituciones para que, por lo menos en un año, no estemos hablando de que aún hay desaparecidos”, señaló. La meta es clara: que en medio de la desesperación y la tragedia, todas las familias encuentren a sus seres queridos.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
