Los primeros tres capturados por la quema de buena parte del palacio de justicia de Tuluá (Valle del Cauca) fueron enviados a la cárcel. Los tres hombres, presuntamente implicados en este hecho son Hugo Ferney Carrión Trejos, Jhon Jairo Toro Méndez y José Mauricio Ramírez Lozada, a quienes la Fiscalía les imputó los delitos de terrorismo, hurto calificado y asonada; y un juez decidió imponerles medida de aseguramiento. Además del incendio, estarían involucrados en saqueos a locales comerciales del municipio en la noche del 25 de mayo.
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“Quiero decirles a los vallecaucanos y a los tulueños que la Fiscalía capturó, con la Policía, a nueve personas. Tres de ellas implicadas en la quema y ataque terrorista contra el Palacio. Se les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por parte de juez de garantías”, dijo desde Tuluá el fiscal general, Francisco Barbosa. En la noche del 25 de mayo, cuando una protesta fue saboteada por desconocidos y los desmanes se tomaron las calles del municipio, estas tres personas al parecer llegaron cubriendo sus rostros hasta el palacio de justicia y participaron de la quema.
#ATENCIÓN | Capturadas 9 personas que estarían involucradas en actos vandálicos en Tuluá. Tres de los detenidos fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario por su presunta participación en los hechos que desencadenaron en el incendio del Palacio de Justicia. pic.twitter.com/dDq2JPkRfo
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 27, 2021
“Las investigaciones dan cuenta de que, cubriendo sus caras, supuestamente participaron en los hechos que desencadenaron la quema de la sede judicial y generaron zozobra en la comunidad. Asimismo, los tres procesados serían los presuntos responsables del saqueo a un establecimiento comercial de motocicletas. En el momento de la captura se logró la recuperación de cinco de los vehículos que habrían sido hurtados del lugar”, dijo la Fiscalía en un comunicado.
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Otras seis personas que fueron capturadas por los hechos del 25 de mayo, continúan siendo judicializadas, pero el ente investigador les imputará los delitos de terrorismo, amenazas, obstrucción y daño en bien ajeno. Estas personas habrían participado de los ataques que sufrieron varias entidades públicas y sedes bancarias del municipio. “También, atacaron las sedes de la Alcaldía, la Fiscalía y parte del mobiliario público de este municipio”, dijo el fiscal Barbosa, quien de nuevo rechazó las acciones violentas que esa noche afectaron una protesta pacífica.
Según el director de Seguridad Ciudadana de la Policía, esa noche fueron vandalizados 18 establecimientos, entre públicos y privados y se hurtaron 60 motocicletas en un concesionario. Además, se registró la muerte del joven Camilo Arango, en hechos que están por esclarecerse, al parecer por arma de fuego. Las autoridades ofrecen recompensas hasta por $200 millones por información que ayude al avance de las investigaciones.