El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la Nación por su responsabilidad en la avalancha y la tragedia humanitaria posterior que tuvo lugar en el municipio de Mocoa (Putumayo) el 31 de marzo de 2017. El falo condenatorio ordena que el Estado repare a 85 víctimas y 10 familias que resultaron afectadas por el desbordamiento de tres ríos que se ubican alrededor del territorio que compone este municipio.
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El fallo de este Tribunal declaró que los responsables de la avalancha y la posterior crisis humanitaria son la Nación, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd), la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia), el departamento de Putumayo y el municipio de Mocoa, de manera solidaria. ¿La razón? Por no prevenir la tragedia que dejó como saldo la muerte de 330 personas y alrededor de 400 heridos.
Según el Tribunal, las indemnizaciones que deberán pagar estas instituciones son por daños morales, materiales (en la modalidad de daño emergente) y daños a la salud. El fallo, además, estableció que para el tiempo anterior a la tragedia, en este municipio existía “el conocimiento generalizado de la vulnerabilidad y predisposición de la zona ante estos fenómenos naturales. Por eso, la Ungrd presentó informe técnico en el que expuso que el desastre sí era previsible, pero tenía características de imprevisible a irresistible, no se sabe el momento exacto en que ocurrirá, pero sí la vulnerabilidad de la zona”.
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El fallo, además, señaló que las diferentes entidades desconocieron su responsabilidad a la hora de manejar adecuadas gestiones de riesgo. Según el fallo, estas entidades fueron responsables de “una omisión en el deber de vigilancia y cuidado para adoptar las medidas de prevención requeridas en el caso concreto. Ni siquiera se contaba en el momento de los hechos con un Sistema de Alertas Tempranas en el municipio”.
Según la sentencia, Corpoamazonía, la Ungrd, el departamento de Putumayo y el municipio de Mocoa eran directamente responsables de la realización de acciones y estrategias para prevenir el daño que causó el desbordamiento de los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco. A pesar de su clara responsabilidad a la hora de prevenir esta tragedia, estas entidades “no ejecutaron las acciones necesarias y pertinentes, tendientes a conjurar la destrucción descomunal presentada en Mocoa por los hechos”.
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Finalmente, el Tribunal resaltó lo inaceptable que resulta la negligencia de las entidades demandadas. En el fallo, aseguró que estas entidades tienen total responsabilidad por lo ocurrido en Mocoa: “es inaceptable el comportamiento negligente de las hoy demandadas, cuando con pleno conocimiento de los eventos naturales que alertaban la presencia de un posible desastre, vulnerando su obligación de prevención y protección tomaron una conducta pasiva en cuanto a la realización o toma de medidas preventivas, tendientes a salvaguardar la vida y bienes de los habitantes del municipio de Mocoa”.
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