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A través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), el Estado colombiano reconoció su responsabilidad internacional por el homicidio de Jesús Ramiro Zapata, profesor, sindicalista, líder social y defensor de derechos humanos. El pasado 23 de febrero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró responsable a Colombia por las violaciones a los derechos humanos del líder social, asesinado el 3 de mayo de 2000 en Segovia (Antioquia).
En el comunicado de la ANDJE, el Estado señaló que este reconocimiento se da tras el fallo de la Corte IDH, que “notificó la sentencia del caso Zapata vs. Colombia, en la cual declaró la responsabilidad del Estado por las amenazas y el hostigamiento contra el defensor, su desplazamiento forzado y su posterior retorno sin garantías de seguridad, así como por las fallas y el retardo injustificado en la investigación penal de los hechos”.
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César Palomino Cortés, director general de la ANDJE, señaló que el fallo del tribunal internacional “reafirma el compromiso del Estado colombiano con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y con la reparación integral de las víctimas”.
Entre las medidas de reparación ordenadas al Estado colombiano por el tribunal internacional, y que aún no han sido cumplidas, está avanzar en la investigación penal, rectificar información contenida en archivos de inteligencia, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad, construir un memorial en honor al docente, producir un documental sobre su trayectoria y otorgar indemnizaciones y medidas de rehabilitación para sus familiares.
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¿Quién era Jesús Ramiro Zapata?
El asesinato del docente, según determinó la Corte IDH, se produjo luego de que fuera víctima de una serie de actos de acoso, hostigamientos y criminalización por su labor como defensor de derechos humanos. Jesús Ramiro Zapata en varias oportunidades denunció el vínculo entre el Ejército Nacional y grupos armados en las masacres de Segovia (Antioquia) de 1988 y 1996.
A raíz de ello, el docente recibió múltiples amenazas, fue objeto de allanamientos a su vivienda y enfrentó señalamientos públicos que lo vinculaban con el Ejército de Liberación Nacional (Eln), lo que dio lugar a la apertura de cinco investigaciones judiciales en su contra.
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Entre los hechos de hostigamiento en contra del sindicalista se encuentra el allanamiento a su vivienda el 26 de mayo de 1996, así como la interceptación de su télefono. El docente también denunció el 5 de marzo de 1997 la presencia de personas armadas cerca del colegio donde trabajaba. La Corte IDH indicó que todo este acoso judicial se produjo mientras el sindicalista “buscaba la obtención de la verdad y justicia con relación a las masacres ocurridas en Remedios y Segovia”.
Previo al asesinato de Jesús Ramiro Zapata, ocurrieron hechos de violencia política en contra de la población civil. En la noche del 11 de noviembre de 1988, integrantes del grupo paramilitar Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN), conocido como Los Realistas, ingresaron a Segovia y al corregimiento La Cruzada, en el municipio de Remedios (Antioquia).
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En menos de 30 minutos, los hombres armados asesinaron a 46 personas y dejaron heridas a otras 60. Asimismo, el tribunal se refirió a la masacre del 22 de abril de 1996, en la que fueron asesinadas 15 personas y otras 15 resultaron heridas. Según indicó el tribunal internacional, para ese entonces el municipio antioqueño era una zona “fuertemente militarizada”.
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