Casi dos décadas después de los primeros episodios de persecución por parte de integrantes del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el Estado colombiano reconoció formalmente su responsabilidad frente a Hollman Morris.
El presidente Gustavo Petro presidió este 15 de julio, en el Salón Bolívar de la Casa de Nariño, la ceremonia en la que el Gobierno ofreció excusas públicas al periodista, actual gerente del Sistema de Medios Públicos (Rtvc), y a quienes conformaban su familia en la época de los hechos: su entonces pareja, Patricia Casas, y los dos hijos de ambos, Daniela y Felipe Morris Casas.
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Tras reconocer la responsabilidad por el hostigamiento del que fue víctima la familia, el mandatario afirmó que “tiene que haber un perdón real, verdadero, una reconciliación. Si no, la falsedad lleva a la repetición”. Durante el acto de reconocimiento agregó que “los victimarios deberían estar aquí, porque un acto de perdón es del victimario a la víctima. ¿Dónde están los agentes del DAS? Tengo la teoría de que son los mismos que mataron a Jaime Garzón”.
Durante el periodo en que ocurrieron los hostigamientos, entre 2004 y 2009, Morris acudió a los tribunales colombianos. Presentó una denuncia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien responsabilizó de alimentar una campaña de estigmatización en su contra y contra Canal Capital, medio que dirigía. Como sustento citó declaraciones del entonces senador, quien había calificado al canal como un medio “servil del terrorismo”.
Incluso, durante el acto de reconocimiento de este miércoles, el presidente Gustavo Petro hizo una mención al expresidente: “Álvaro Uribe Vélez debería venir a este acto de perdón que pide la ley con un solo objetivo: la reconciliación, no la venganza”, señaló el jefe de Estado.
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Este acto obedece a un Acuerdo de Solución Amistosa que Colombia firmó con Morris dentro del expediente 13.014, que se tramita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El pacto le permitió al país evitar que el proceso terminara en la Corte Interamericana, donde habría podido enfrentar una condena formal.
El hostigamiento contra la familia Morris Casas comenzó en 2004, cuando Patricia Casas empezó a recibir llamadas amenazantes. Poco después, mientras Morris cubría una nota periodística en inmediaciones del río Putumayo, unidades de la fuerza pública lo retuvieron durante horas y le decomisaron el material que había grabado.
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La situación escaló en mayo de 2005: a su casa llegó un arreglo floral fúnebre con un mensaje de condolencias para la familia, justo después de que su programa Contravía revelara investigaciones sobre negociaciones entre el Gobierno y grupos paramilitares, así como sobre la presunta participación de la fuerza pública en la masacre de San José de Apartadó. La familia optó por salir del país durante cerca de un mes. En ese periodo, según la denuncia, también empezaron a señalar a Morris como terrorista y a vincularlo con las antiguas Farc.
Dos años más tarde, en septiembre de 2007, recibió un correo atribuido a un grupo que se hacía llamar Frente Patriótico, con la imagen de un ataúd como amenaza directa contra su vida.
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El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo asumió la representación del caso desde 2009, año en que se activaron tanto las medidas cautelares ante la CIDH como las primeras acciones judiciales en Colombia. Mientras el expediente avanzaba en el sistema interamericano, la CIDH lo admitió en 2015 al encontrar mérito suficiente en las denuncias.
Otro frente del caso involucró al exdirector del DAS, Jorge Noguera Cotes, procesado por las labores de inteligencia ilegal que esa entidad, hoy desaparecida, habría ejecutado contra el periodista. Los abogados de Morris sostienen que los ataques contra Canal Capital durante su gestión no fueron incidentes aislados, sino parte del mismo patrón de vigilancia y desprestigio atribuido al DAS.
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