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La Fiscalía General de la Nación solicitó una audiencia de imputación contra el periodista Jorge Alfredo Vargas, expresentador de Noticias Caracol, por el delito de acoso sexual. Según el ente investigador, el comunicador habría acosado sexualmente a cuatro personas que trabajaron con él entre 2024 y 2026.
Vargas salió del canal en marzo de este año, en medio de investigaciones internas por hechos relacionados con violencia sexual. Ese mes, se conocieron denuncias en redes sociales de periodistas colombianas que, bajo las etiquetas #MeTooColombia y #YoTeCreoColega, empezaron a relatar presuntos episodios de acoso sexual ocurridos dentro de distintos medios de comunicación, entre ellos Noticias Caracol.
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En ese contexto, el canal emitió un comunicado anunciando la activación de sus protocolos internos y de las gestiones legales pertinentes. Días después, el martes 24 de marzo, Noticias Caracol dio a conocer las medidas laborales adoptadas frente a los implicados: Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego.
A través de un mensaje publicado en X, la empresa informó la salida definitiva de Orrego y la terminación, por mutuo acuerdo, del contrato de Vargas, aclarando que ninguna de estas decisiones representaba un pronunciamiento sobre la veracidad de los hechos ni sobre eventuales responsabilidades.
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Tras destaparse los presuntos casos de acoso sexual al interior del canal, su presidente, Gonzalo Córdoba Mallarino, anunció el 26 de marzo la apertura de una investigación independiente sobre lo denunciado. En sus palabras: “El canal ha decidido avanzar en una investigación independiente que, a partir de lo ocurrido, ponga el foco en los ajustes necesarios para afrontar el futuro. Este proceso será adelantado por una comisión externa liderada por Catalina Botero Marino y contará con todas las garantías para que cada persona pueda ser escuchada con respeto, confidencialidad y sin revictimización”.
Al presentar la comisión, Córdoba Mallarino resaltó la hoja de vida de Botero Marino, quien ha ejercido como magistrada auxiliar y conjuez de la Corte Constitucional, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otras posiciones.
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El directivo señaló, además, que la organización aprovechará este proceso para revisar y reforzar sus mecanismos internos de denuncia, buscando que sean más efectivos, confiables y estén centrados en proteger a quienes los usan.
Paralelamente, y ante el creciente número de testimonios, entre ellos los de las periodistas Catalina Botero, Juanita Gómez, Johana Fuentes y Mónica Rodríguez, la Fiscalía anunció una iniciativa propia de investigación, que incluye un canal de denuncias por correo electrónico y la articulación de los casos bajo un enfoque de género.
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