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Según la Procuraduría, la restricción a la libre circulación fue la que más afectó la vida social de las personas. / AFP / Raul ARBOLEDA
Foto: AFP - RAUL ARBOLEDA
“El ordenamiento jurídico colombiano cuenta con vacíos que es urgente resolver, en lo que se refiere al alcance y el control de los estados de emergencia económica, social y ecológica, así como de la emergencia sanitaria. La posibilidad de restringir drásticamente derechos fundamentales a través de medidas de confinamiento o aislamiento estricto y obligatorio, mediante el poder reglamentario ordinario, es (un) vacío normativo que requiere ser subsanado cuanto antes”. Esta es una de las principales conclusiones a las que llegó la Procuraduría General de la Nación al hacer un estudio sobre el estado de los derechos en el marco de la pandemia de COVID-19 y del estado de emergencia que fue necesario decretar en 2020 para atenderla.
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