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A través de alianzas para reforzar el volumen de sus filas y garantizar a muerte los corredores geográficos estratégicos para transportar drogas y armas, los grupos armados en Colombia se han ido reconfigurando después de la firma del Acuerdo de Paz en 2016.
Este mapa cambiante se evidencia en un documento de las Fuerzas Militares conocido por este diario. El informe detalla cómo el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se ha unido con grupos del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), de las disidencias de las Farc lideradas por Alexander Díaz, alias “Calarcá Córdoba”, para enfrentar a los hombres de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocidas como Clan del Golfo, en regiones como el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Bolívar.
Otras alianzas serían entre frentes del Estado Mayor Central (EMC), de las disidencias de las Farc lideradas por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”, con la Segunda Marquetalia, dirigida por Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, para atacar al ELN. Asimismo, la Segunda Marquetalia tendría sus propias alianzas con otros grupos.
Según estos reportes, los grupos armados organizados estarían tejiendo alianzas tácticas para mantener el control de finanzas ilegales derivadas del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Estas dinámicas, registradas en 13 departamentos y 3 regiones de Colombia, han dificultado la efectividad operacional de la Fuerza Pública y han agudizado la violencia contra civiles en zonas históricamente afectadas por la guerra, advierten las autoridades. Este es el panorama más crítico identificado en los informes:
Catatumbo (Norte de Santander)
De acuerdo con los informes de inteligencia, en esta región fronteriza con Venezuela se registran confrontaciones entre el ELN y el frente 33 del EMBF, de alias “Calarcá Córdoba”. A su vez, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocidas como Clan del Golfo, mantienen enfrentamientos tanto con el EMBF como con el ELN.
La crisis ha escalado desde enero de este año, llevando al Gobierno del presidente Gustavo Petro a decretar estado de conmoción interior, una medida excepcional para proteger la seguridad, el orden público y los derechos humanos. No obstante, la Defensoría del Pueblo advirtió que el aumento de la presencia militar ha generado temor en la población civil debido al recrudecimiento de los combates, lo que incrementa el riesgo de vulneraciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
El punto de quiebre se produjo el pasado 16 de enero, tras un ataque en Tibú en el que fueron asesinados Miguel Ángel López Rojas, su esposa Zulay Durán Pacheco y su bebé de nueve meses. Ese crimen fue interpretado por el ELN como una acción del Frente 33 y desencadenó una ofensiva armada en municipios como Teorama, Convención, San Calixto y Hacarí.
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Sur de Bolívar
El documento registra que en esta región el ELN y estructuras del EMBF de “Calarcá” mantienen alianzas tácticas, pero a la vez se enfrentan con el Clan del Golfo, que busca arrebatarles el control territorial y económico. Esta triple puja armada ha desatado una de las peores crisis humanitarias del año.
Más de 5.000 personas han tenido que abandonar sus hogares o están bajo confinamiento forzado por los continuos enfrentamientos. La violencia en este corredor estratégico —que conecta el Magdalena Medio con el Catatumbo y la frontera con Venezuela— incluye ataques con drones, hostigamientos constantes y combates que han dejado uniformados muertos y heridos.
El control del oro es el combustible de esta guerra territorial. Según inteligencia militar, solo en el sur de Bolívar se producen al menos 500 toneladas anuales de oro legal e ilegal, lo que convierte al territorio en una de las mayores fuentes de financiamiento para los grupos armados.
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Bajo Cauca antioqueño
Lo que ocurre en el sur de Bolívar se asimilia en el Bajo Cauca antioqueño, donde el ELN y estructuras del EMBF han tejido alianzas coyunturales, pero al mismo tiempo entran en confrontación con el Clan del Golfo por el control de rutas del narcotráfico y la minería ilegal. Esa disputa armada también se ha extendido hacia el nordeste de Antioquia, donde la disidencia del EMBF, liderada por alias “Calarcá Córdoba”, avanza en una retoma territorial.
Uno de los hechos más graves se registró el 21 de agosto en la vereda Los Toros, en Amalfi, cuando un helicóptero de la Policía fue atacado en pleno operativo. Trece uniformados murieron y cuatro más resultaron heridos. Tras el ataque, al menos 20 familias huyeron hacia el casco urbano por miedo a quedar atrapadas en la confrontación.
El desplazamiento forzado no es un caso aislado. La Gobernación de Antioquia reporta que 691 personas han sido expulsadas de sus hogares este año en municipios como Amalfi, Segovia, Anorí y Remedios. Estos dos últimos concentran la mayor cifra de víctimas, con 290 y 371 personas afectadas, respectivamente, lo que evidencia un deterioro acelerado de las condiciones de seguridad en la región.
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Arauca
En Arauca, los informes de inteligencia advierten que el departamento no existen alianzas, sino una triple confrontación entre el ELN, el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc —bajo el mando de alias “Iván Mordisco”— y la Segunda Marquetalia de alias “Iván Márquez”. La disputa territorial ha intensificado la violencia contra la población civil en zonas rurales fronterizas con Venezuela.
La Defensoría del Pueblo alertó el pasado 24 de octubre sobre la crítica situación de 35 familias de la vereda El Perocero, en Puerto Rondón, que permanecen atrapadas entre los combates. Los enfrentamientos involucran a integrantes de los Frentes 10, 28 y 45 del Comando Conjunto de Oriente del EMC y a miembros del Frente de Guerra Oriental del ELN.
La entidad advirtió que los habitantes se han visto obligados a salir con banderas blancas para evitar ser atacados mientras buscan alimentos. Por ello, pidió una respuesta inmediata y articulada de todas las autoridades para atender la crisis humanitaria en la región.
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Vichada y Guainía
En Vichada y Guainía —dos departamentos que comparten la frontera del río Atabapo con Venezuela—, los informes de las Fuerzas Militares registran confrontaciones entre el ELN y la Segunda Marquetalia. La violencia se concentra en zonas donde los grupos ilegales buscan controlar la minería ilegal de coltán y estaño, minerales estratégicos para la tecnología y la transición energética, que les generan millonarias rentas.
Sin embargo, otro informe de inteligencia, revelado por El Espectador en abril, señala que en paralelo se habría consolidado una alianza táctica entre el Frente José Daniel Pérez Carrero del ELN y el Frente Acacio Medina de la Segunda Marquetalia. El documento, sustentado en información de agentes infiltrados, indica que desde enero de 2025 las estructuras acordaron operaciones coordinadas para garantizar la explotación de yacimientos y evitar los operativos del Estado.
Según esta fuente, los jefes de ambos grupos habrían sostenido reuniones en territorio venezolano para pactar respeto a las áreas de influencia, a las redes de apoyo y la suspensión de ataques entre sus integrantes y familiares, permitiendo estabilidad criminal en sus corredores binacionales.
Pacífico chocoano
En la región las Fuerzas Militares advierten una compleja dinámica de alianzas y choques armados. Por un lado, reportan que el ELN habría tejido acuerdos con la banda Los Shottas, originaria de Buenaventura (Valle del Cauca). Pero también mantienen enfrentamientos directos con el Clan del Golfo por el control de corredores estratégicos que conectan con la costa y los ríos.
Desde febrero, autoridades del departamento permanecen en alerta por los combates entre el ELN y el Clan del Golfo, que han provocado confinamientos masivos y riesgos de desplazamiento forzado. Organizaciones humanitarias que monitorean la zona estiman que los combates afectan las movilidad de más de 50.000 personas.
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Solo en los últimos dos años, el Chocó ha soportado 12 paros armados decretados por el ELN. En 2025 van tres: el primero en febrero y el segundo entre el 2 y el 5 de mayo. En el tercer y último paro, el Frente de Guerra Occidental Oblí Padilla anunció un bloqueo armado de 48 horas entre el 25 y el 27 de julio.
Cauca
En este departamento las autoridades advierten alianzas fluctuantes entre estructuras disidentes de las Farc. De acuerdo con inteligencia militar, el EMC bajo el mando de alias “Iván Mordisco”, y la Segunda Marquetalia de alias “Iván Márquez” han coordinado acciones en algunos territorios. Sin embargo, al mismo tiempo, ambos mantienen confrontaciones con el ELN por el control territorial.
La Defensoría del Pueblo publicó el 29 de octubre un informe en el que mantiene 26 alertas tempranas activas en todas las subregiones del departamento —Norte; Sur, Macizo y Piamonte; Pacífico caucano; Centro y Oriente— debido al alto riesgo para la población civil. El documento expone que la disputa territorial involucra al EMC, al ELN, e incluye a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), liderada por José Vicente Lesmes, alias “Walter Mendoza”, que anteriormente hizo parte de la Segunda Marquetalia.
A la presencia de estos actores se suma el EMBF de “Calarcá”, así como estructuras del crimen organizado con alianzas directas con carteles mexicanos, entre ellos Jalisco Nueva Generación y Sinaloa. Según la Defensoría, la pugna está centrada en corredores estratégicos hacia el Pacífico y en el control de economías ilícitas como narcotráfico, minería ilegal y extorsión.
Nariño
En Nariño, las Fuerzas Militares advierten alianzas entre la Segunda Marquetalia y las Autodefensas Unidas de Nariño (AUN), una estructura conformada presuntamente por exintegrantes de Comuneros del Sur. A este grupo se le atribuyen vínculos con otros actores armados y actividades ilícitas como la extorsión y el control de economías ilegales. Estas facciones se enfrentan contra el Estado Mayor Central (EMC), liderado por alias “Iván Mordisco”.
La Defensoría del Pueblo alertó en 2024 que la presencia simultánea del EMC, la Segunda Marquetalia, las AUN y también del ELN ha limitado la capacidad de los gobiernos locales para tomar decisiones, especialmente en materia de seguridad y en la ejecución de los planes de desarrollo en áreas rurales de la cordillera nariñense.
El organismo también registró denuncias de torturas, violencias basadas en género y tratos crueles contra civiles acusados de colaborar con el grupo que ejerce dominio en cada zona. La disputa territorial se concentra en áreas que, por su geografía y clima, favorecen la siembra de coca y las actividades relacionadas con el narcotráfico, generando un panorama de riesgo elevado.
Putumayo y Caquetá
El informe militar no registra alianzas entre los grupos ilegales que operan en los departamentos, pero sí confrontaciones abiertas entre el Estado Mayor Central (EMC), la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF). La Defensoría del Pueblo, en su primera Alerta Temprana de 2025, advirtió que en los últimos meses las disidencias al mando de alias “Iván Mordisco” han acusado a la facción dirigida por alias “Calarcá Córdoba” de actuar como “estructuras paramilitares”.
Ese señalamiento, advirtió la entidad, podría desencadenar represalias y estigmatizaciones contra las comunidades, especialmente en zonas rurales donde los grupos armados buscan imponer control. La preocupación es que líderes sociales, organizaciones civiles y hasta funcionarios que interactúen con la Fuerza Pública queden expuestos a ataques directos bajo el argumento de favorecer al “bando contrario”.
La Defensoría también alertó que esta confrontación se suma a otras disputas simultáneas que avanzan en el territorio. En la cordillera de San Vicente del Caguán y Puerto Rico (Caquetá), continúan los choques entre el Bloque Jorge Suárez Briceño y la Segunda Marquetalia.
En tanto, el Frente Carolina Ramírez se enfrenta con los Comandos de Frontera en el Bajo Putumayo, el eje hacia el Amazonas y la cuenca del río Caquetá, afectando municipios como Puerto Guzmán (Putumayo), Piamonte (Cauca), Solita, Curillo y San José del Fragua (Caquetá). La combinación de estos frentes de conflicto ha desatado un escenario de riesgo permanente para la población civil, atrapada entre actores armados que compiten por el control de rutas estratégicas.
La Guajira y Magdalena
En el norte del país, el informe militar advierte una confrontación activa entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), también conocidas como Los Pachenca. Estas organizaciones buscan controlar corredores clave para el narcotráfico y actividades como la extorsión y el tráfico de migrantes, especialmente en áreas cercanas a la Sierra Nevada y la Troncal del Caribe.
La Defensoría del Pueblo, en una alerta temprana emitida en julio, advirtió que el riesgo para la población surge de dos dinámicas simultáneas: por un lado, una disputa abierta entre ambos grupos por el dominio territorial; y por otro, la intención de cada estructura de afianzar su presencia militar, económica y social. Mientras el Clan del Golfo intenta expandirse hacia zonas estratégicas, las ACSN intensifican su control hegemónico en áreas urbanas y rurales.
Ese escenario ha derivado en un aumento de homicidios, secuestros, extorsiones y amenazas. La Defensoría alertó también sobre el reclutamiento y utilización de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en estas dinámicas ilegales, profundizando la vulnerabilidad de las comunidades que quedan atrapadas entre los dos bandos.
Valle del Cauca
El suroccidente del país enfrenta un panorama complejo marcado por alianzas y confrontaciones simultáneas entre estructuras armadas ilegales. Reportes de inteligencia militar indican que el Frente 57 Yair Bermúdez, una facción de las disidencias de las Farc presente en zonas rurales del departamento, mantiene coordinación con la Segunda Marquetalia, mientras sostiene enfrentamientos con el ELN, el Clan del Golfo y el Estado Mayor Central (EMC) de “Mordisco”.
La creación del Frente 57 fue anunciada públicamente en 2024, tras la ruptura interna de la antigua Compañía Adán Izquierdo del EMC. Fuentes de seguridad señalan que la división se habría originado en tensiones por control territorial e intereses dentro de las economías ilegales del Pacífico.
La capital del Valle ha sido de las más afectadas por los grupos armados este año. El 21 de agosto, un ataque con explosivos cerca de la Base Aérea Marco Fidel Suárez en Cali dejó siete personas muertas y 76 heridas, incluidos ocho menores.
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Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la acción fue ejecutada por estructuras comandadas por alias “Iván Mordisco”. El funcionario señaló como responsables directos a alias “Marlon”, presunto autor intelectual del atentado, y a alias “Kevin”, líder de la estructura Carlos Patiño y señalado reclutador de menores, que se entregó a las autoridades el pasado 27 de agosto.
Guaviare y Meta
En Guaviare y Meta no hay pactos entre los grupos armados: las confrontaciones entre las disidencias del EMC, lideradas por “Iván Mordisco”, y el EMBF de “Calarcá”, se han intensificado. Un ejemplo ocurrió en la madrugada del 14 de octubre, cuando Calamar (Guaviare) fue escenario de cuatro ataques con drones cargados con explosivos.
El primer objetivo fue el Batallón de Selva 24, General Luis Carlos Camacho Leyva. La respuesta militar evitó un saldo mayor, aunque un soldado resultó herido. Minutos después, otro dron lanzó una granada contra la vivienda del alcalde, Farid Camilo Castaño. Tres personas terminaron lesionadas: una trabajadora del hogar, un hermano del mandatario y su madre, Lucinda García. Un cuarto artefacto, dirigido nuevamente contra la unidad militar, fue derribado por tropas antes de detonar.
El Ejército atribuyó la ofensiva a la estructura Armando Ríos, del EMC, que opera drones con sistemas de lanzamiento remoto de granadas. Las autoridades consideran estos hechos una ofensiva calculada para sembrar miedo entre los habitantes de la zona.
La Defensoría del Pueblo recordó que desde enero advirtió riesgo extremo para Calamar, único municipio del departamento con esa alerta, debido al avance de las facciones de “Calarcá Córdoba” y las presiones criminales sobre líderes sociales y comerciantes. La disputa entre ambos grupos ha endurecido el control social y las intimidaciones contra la población civil.
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Para el investigador Jorge Mantilla, Guaviare representa la proyección del conflicto que podría enfrentar el país en los próximos años: grupos armados fragmentados y una violencia impulsada no solo por el narcotráfico, sino por el acaparamiento de tierras y la expansión de la frontera agrícola a través de infraestructura ilegal.
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