"Estos hechos no son aislados": Defensoría sobre ataque con drones a Ejército en Bolívar

Después de que el cantón militar de Santa Rosa, al sur de Bolívar, fuera atacada con drones cargados con explosivos, la Defensoría del Pueblo se pronunció sobre el hecho. Además de rechazar lo sucedido, expuso que la escalada de violencia en la zona viene desde hace tiempo y que el ataque contra la fuerza pública no fue un hecho aislado. Hasta el momento, se tiene información de que tres uniformados murieron y cinco fueron trasladados a centros médicos de otras ciudades para ser atendidos por la gravedad de sus heridas. Según las autoridades, hay más de 35 heridos.

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"Expresamos nuestra preocupación por el ataque con explosivos contra el Cantón Militar del Ejército Nacional, en Santa Rosa del Sur, Bolívar. Nos solidarizamos con los integrantes de la Fuerza Pública afectados por estos hechos y sus familias. El ataque en la cabecera municipal ocurrió mientras las autoridades adelantaban un consejo de seguridad en la Alcaldía, convocado tras el asesinato de tres personas el día anterior. Estos hechos no son aislados", expuso la entidad en un comunicado.

La Defensoría resaltó también que han documentado el deterioro de la situación humanitaria en el departamento "particularmente en la Serranía de San Lucas, donde las confrontaciones entre el Eln, el Clan del Golfo y disidencias al mando de alias Calarcá, que disputan el control territorial, las rentas de la minería y corredores estratégicos, han generado graves afectaciones a la población civil".

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La información de la entidad da cuenta de que "entre mayo y septiembre de 2026, tuvimos conocimiento de 22 emergencias humanitarias asociadas a confinamientos y desplazamientos forzados masivos, que afectaron al menos a 11.135 personas de 4.939 familias en municipios del sur de Bolívar. También ha habido presencia de minas antipersonal, restricciones a la movilidad y al abastecimiento de alimentos y medicamentos, así como interrupciones de actividades educativas. El confinamiento ha sido una de las principales formas de afectación de las comunidades rurales".

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Por otra parte, la Defensoría sostiene que "a esta situación se suman los reiterados ataques contra instalaciones policiales en la región. En Arenal, la estación de Policía fue atacada el 29 de marzo y nuevamente el 11 de julio de 2026, con graves afectaciones a su infraestructura. El 19 de agosto, la estación de Policía de Norosí fue atacada con drones explosivos y ráfagas de fusil, en hechos que dejaron ocho policías heridos y pusieron en riesgo a la comunidad educativa de una institución cercana".

Además de esos hechos, dice la entidad, "persisten, además, amenazas contra las guarniciones policiales de otros municipios del sur de Bolívar, y se incrementa el riesgo de nuevas afectaciones a la población civil. Santa Rosa del Sur está comprendido en la Alerta Temprana 034 de 2023, cuyo más reciente informe de seguimiento fue emitido en agosto de este año". De acuerdo con lo dicho por la Defensoría, "pese a la persistencia y el agravamiento de los riesgos identificados, no se ha convocado la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT)".

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Según expuso la entidad, "la gravedad de los hechos exige que las alertas y recomendaciones defensoriales se traduzcan en medidas efectivas y oportunas de prevención y protección". Igualmente, Asimismo, aprovecharon para hacer varios llamados:

• Al Ministerio del Interior, a convocar de manera urgente la CIPRAT para evaluar los riesgos identificados en el informe de seguimiento a la Alerta Temprana 034 de 2023, revisar el cumplimiento de las recomendaciones defensoriales y coordinar medidas efectivas de prevención y protección.

• A las autoridades nacionales, departamentales y municipales, a adoptar medidas inmediatas para proteger a la población civil, tanto en la cabecera municipal como en los corregimientos y veredas de Santa Rosa del Sur, y prevenir nuevos ataques y afectaciones humanitarias.

• A la Alcaldía, la Gobernación de Bolívar y la Unidad para las Víctimas, a verificar los posibles desplazamientos, activar las rutas de atención humanitaria y garantizar la asistencia a las familias afectadas.

• A las autoridades de salud y los organismos de socorro, a garantizar la atención oportuna de las personas heridas y el acompañamiento a las familias de las víctimas.

• A la Fiscalía General de la Nación, a investigar y esclarecer los homicidios ocurridos en el municipio y los ataques contra las instalaciones militares, e identificar a sus responsables. Continuaremos haciendo seguimiento a la situación humanitaria y al cumplimiento de las recomendaciones emitidas. Las comunidades del sur de Bolívar no pueden seguir enfrentando las consecuencias de una violencia cuyos riesgos han sido identificados y puestos en conocimiento de las autoridades.

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