La excongresista y expresidenta de la Comisión de Acusaciones, Gloria Elena Arizabaleta, se pronunció a través de redes sociales donde aseguró que está dispuesta a responder ante las autoridades y la Corte Suprema de Justicia. Esto, por unas supuestas reuniones que habría sostenido con diferentes funcionarios, en las que supuestamente pidió puestos y prebendas a cambio de tomar decisiones a favor del presidente Gustavo Petro.
En el video distribuido en redes sociales, la excongresista señaló: “Atenderé todos los llamados de la justicia con plena disposición y en un marco de colaboración eficaz con las autoridades. Para tal efecto, he conferido poder al abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, quien ejercerá mi defensa técnica y adelantará las actuaciones necesarias para garantizar el respeto de mi presunción de inocencia”. El abogado llega en reemplazo del jurista Hollman Ibáñez, quien renunció a ser apoderado de Gloria Arizabaleta.
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El cambio se da en medio de una reciente polémica que se conoció el pasado 1 de agosto, luego de que se difundieran en redes sociales documentos sobre las pruebas que viene recopilando la Corte Suprema de Justicia dentro de la investigación contra la excongresista. En estos se señala que Arizabaleta habría sostenido reuniones con la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Nhora Mondragón; el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y Alejandro Carranza Cepeda, abogado del presidente Gustavo Petro.
En uno de los documentos se lee: “Además del acercamiento y reuniones privadas con un abogado que actúa ante la Comisión de Investigación y Acusaciones, los elementos acopiados en la investigación previa dan cuenta de que Arizabaleta Corral habría realizado distintas solicitudes a la directora Nhora Mondragón Ortiz (Dapre) y al ministro Ávila Plazas (MinHacienda)”.
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Asimismo, la Corte Suprema detalla: “Frente a la primera, habría empleado indebidamente su influencia para que se nombrara a una persona en un cargo directivo en la Fiduprevisora. Al segundo, le habría solicitado insistentemente recursos económicos para impulsar decisiones de archivo o de cierres de proceso en la Comisión de Investigación y Acusaciones”.
La alta corte explica que, en febrero de 2026, cuatro personas se reunieron en el despacho de la directora del Dapre, entre ellas, la exrepresentante a la Cámara. Según el documento, la funcionaria aseguró: “Tras la retirada de Carranza Cepeda, la conversación continuó entre la representante Arizabaleta, el señor Corzo Ordóñez y yo. En ese lapso, la representante me planteó que nombrara a una directora para la Fiduprevisora y me envió por Signal la hoja de vida correspondiente, presentando ese nombramiento como parte de un acuerdo político del que, según ella, el movimiento estaba al tanto”.
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La directora del Dapre también mencionó: “Recibí la petición y, posteriormente, consulté el asunto con el presidente de la República, quien me entregó la hoja de vida de una persona distinta, que fue la que finalmente se vinculó”.
Por su parte, según la Corte, el ministro Germán Ávila declaró que, tras conocer a Gloria Arizabaleta en agosto de 2025, recibió de forma indirecta mensajes de la excongresista en los que le solicitó reunirse “urgentemente” con ella.
“Esa reunión finalmente ocurrió el 5 de febrero de 2026 (...). El testigo reconstruyó el desarrollo y sentido de ese encuentro y sostuvo que Arizabaleta Corral empleó expresiones que, si bien en apariencia aludían a gestiones propias de la labor legislativa o de acuerdos políticos, se referían a pedidos de recursos económicos para lograr que, dentro de la Comisión de Investigación y Acusaciones, se adoptaran decisiones favorables para el presidente de la República”, se lee en el documento.
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La excongresista fue denunciada luego de que, en su calidad de investigadora, ordenara la suspensión del presidente Gustavo Petro el pasado 10 de junio. Según detalló en su momento el abogado Alejandro Carranza, las actuaciones de Arizabaleta resultaban “inexplicables para la presidenta de una Comisión de Acusaciones”. Además, señaló que el auto era “un golpe de Estado, porque ordena la suspensión del presidente, le da órdenes al Dapre, diciéndole que tiene que desvincularlo”.
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