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5 May 2021 - 2:17 a. m.

Expertos coinciden con Duque: el país necesita mesas de diálogo

Expertos internacionales evaluaron con ojo crítico el manejo que el gobierno del presidente Iván Duque le ha dado al Paro Nacional de 2021, especialmente sobre el uso de la fuerza.
A soldier rises a Colombian flag on an Army tank in the outskirts of Bogota on May 4, 2021.  The UN rights office condemned Tuesday the "excessive use of force" by security officers in Colombia, after numerous deaths during days of protests against a proposed tax reform launched by President Ivan Duque. / AFP / DANIEL MUNOZ
A soldier rises a Colombian flag on an Army tank in the outskirts of Bogota on May 4, 2021. The UN rights office condemned Tuesday the "excessive use of force" by security officers in Colombia, after numerous deaths during days of protests against a proposed tax reform launched by President Ivan Duque. / AFP / DANIEL MUNOZ
Foto: AFP - DANIEL MUNOZ

“Instalaremos un espacio para escuchar a la ciudadanía y construir soluciones. [Aquí] no deben mediar diferencias ideológicas, sino un profundo patriotismo. Es vital contar con todas las instituciones, los partidos, el sector privado, los gobernadores, los alcaldes, y los líderes de la sociedad civil”. Con esas palabras, el presidente Iván Duque anunció tras siete días de Paro Nacional, más de 800 heridos entre civiles y fuerza pública y no menos de 24 muertos, que abrirá “una mesa de diálogo nacional”. Según el mandatario, su deber es “convocar al país a rechazar la violencia, promover el plan de vacunación, alcanzar la reactivación, mantener sólidas las finanzas públicas y edificar un país”.

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Su propósito como gobernante, sin embargo, dista de la percepción que la gente en el exterior parece estar teniendo de Colombia y de su administración. El excesivo e indiscriminado uso de la fuerza en las movilizaciones ha puesto al país en el ojo del huracán y ha generado un sinfín de críticas hacia las decisiones que el presidente Duque ha tomado para manejar esta bomba social que estalló desde que una parte de la ciudadanía optó por tomarse las calles el pasado 28 de abril en contra de la reforma tributaria que el Gobierno promovía. “No era el momento adecuado para esa dimensión de reforma”, admitió el nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. La iniciativa se cayó ya, pero el inconformismo no.

Al cierre de esta edición Paola Gómez, jefe de redacción del diario El País de Cali, anunciaba disparos en la ladera de Siloé y sobrevuelos de helicópteros. “Parece que nos espera otra noche dolorosa”, aseguró la periodista. “Otra”, porque la del pasado 3 de mayo fue probablemente la más difícil que haya visto la ciudad desde que comenzó el Paro Nacional: un saldo de cinco muertos y 33 heridos lo confirma. Según el fiscal Francisco Barbosa aseguró que “se ha logrado determinar que [detrás de] los desórdenes y hechos vandálicos acontecidos en la ciudad de Cali en los últimos días hay estructuras ligadas al narcotráfico, al Eln y a las disidencias Farc que operan en Cauca”, aunque no dio más detalles o soportes al respecto.

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Entre las voces internacionales que se han pronunciado con preocupación por lo que está sucediendo en Colombia está la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA), la cual expresó su “condena por los casos de uso desproporcionado de la fuerza pública que se han registrado en el marco de las movilizaciones y protestas que desde el 28 de abril se adelantan en el país”. La entidad señaló que reiteraba “el llamado a las autoridades a garantizar el derecho fundamental a la protesta pacífica, sin desmanes ni vandalismo […] al tiempo que insiste en que toda acción de la Fuerza Pública debe enfatizar la observancia, protección y respeto de los Derechos Humanos”.

Organizaciones como Wola, por su parte, fueron aún más fuertes y directas, pidiéndole al gobierno de Joe Biden que suspenda toda venta de equipos y entrenamientos a las fuerzas de seguridad colombianas, entre ellos el Esmad de la Policía, hasta que se asegure que no se usarán “inapropiadamente”. Wola aseguró estar recibiendo “reportes de uso excesivo de la fuerza policial en varias ciudades colombianas. Cali es la más grave, pero se reportan incidentes en […] otros lugares”. Adam Isacson, quien dirige el Programa de Defensa y Vigilancia de Wola, escribió en Twitter que, tan difícil como es el control antidisturbios, el Gobierno parece haber escogido el camino de “tratar las ciudades como zona de fuego libre”.

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“Cuando este tipo de tácticas ‘aciertan’ a reprimir la protesta social, causan un daño grave y difícil de reparar a la democracia y a la reputación internacional de un Estado”, advirtió Isacson. “Hay que quitar el velo de la ignorancia sobre la cual el ciudadano muchas veces está sometido a decisiones en las cuales su participación se ve invisibilizada. Tienen que poder participar, accionar. Y el gobierno entender cuáles son las demandas ciudadanas. Se supone que los impuestos no deben tener carga degenerativa sino progresiva hacia la instalación de políticas sociales”, le dijo a El Espectador Felipe Asanza, un abogado ecuatoriano experto en temas como desobediencia civil y derechos fundamentales.

Asanza reconoce, eso sí, que una opción clave para bajar la tensión del momento es llamar a mesas de diálogo. “Creo que es necesario una actitud propositiva que enmiende errores que puede estar generando debilidad en la participación y detrimento en los derechos políticos, sobre todo en la libertad de expresión, la reunión y asociación, y la protesta pacífica”, anotó. “Lo que sí está claro es que quien tiene la potestad de hacer un cambio social es el ciudadano con el gobierno que lo representa, pero tiene que atender esas necesidades”, agregó. Aunque Érika Guevara-Rosas cree que lo que ha pasado en la última semana en Colombia es que “el presidente Iván Duque ha mostrado su incapacidad de diálogo con la ciudadanía”.

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Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, le dijo a El Espectador que “la respuesta militarizada y de represión violenta del gobierno a las masivas protestas en todo el país constituyen una grave crisis de derechos humanos”, y que el presidente Duque, en su criterio, ha utilizado “a las fuerzas de seguridad como herramientas de represión para castigar y silenciar a quienes hoy se atreven a tomarse las calles ejerciendo sus derechos a la libertad de expresión y asamblea pacífica”. Aun así, está de acuerdo tanto con Asanza como con el propio presidente colombiano: “La única solución es generar mecanismos de diálogo, genuinos, en donde se atiendan las demandas”, con la comunidad internacional como garante.

De esta manera, la propuesta que planteó el presidente Duque sobre una mesa de diálogo nacional parece ser clave para los días por venir, tanto como una estrecha vigilancia a todo lo que vaya pasando con las manifestaciones ciudadanas. El ataque a una comisión en Cali el pasado 3 de mayo, de la que hacían parte la ONU, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y organizaciones civiles, fue un punto de no retorno en cuanto a excesos de la fuerza pública. “Agentes de Policía dispararon sus armas de fuego en contra de la misión humanitaria, luego llegó el Esmad y les lanzó una aturdidora. La Misión fue socorrida por habitantes de calle que hicieron de escudos humanos”, denunciaron las organizaciones que los acompañaban.

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