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Tres magistradas de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) quedaron inconformes con la última decisión que tomaron sus compañeros de imputarles delitos de lesa humanidad a 10 exmiembros de las Farc por crímenes cometidos en el norte del Cauca y el sur del Valle. Entre otros argumentos, el salvamento de voto que ya fue registrado asegura que se aparta de la decisión por “falta de rigor”, “errores de argumentación”, por utilizar una “inadecuada metodología” y por imputar “un crimen que no existía” al momento de los hechos.
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El salvamento lo escribió la magistrada Julieta Lemaitre, relatora a su vez del caso 01, en el que se investigan los secuestros cometidos por la antigua guerrilla de las Farc, que le ha permitido conocer la estructura interna de ese grupo armado. De allí que cuestione, por ejemplo, que luego de cinco años de abierto el caso, la Sala solo haya imputado a diez miembros de dos estructuras, las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis, que ni siquiera eran las más importantes en la zona. También salvaron el voto las magistradas Lily Rueda y Catalina Díaz, pero aún no han radicado sus escritos.
En la imputación, el magistrado Raúl Sánchez encontró que las Farc sometieron a la población civil a través de asesinatos, desapariciones forzadas, la instalación de minas antipersonal, a la vez que se ensañaron contra indígenas y afros, confinándolos y asesinando a sus líderes. “El objetivo de estas dos columnas fue crear un corredor entre el centro y el occidente de Colombia y ejercer dominio y control para construir una sofisticada estructura armada en el sur del país que les permitiera tomarse Cali, Popayán, Pasto y el litoral pacífico”, explicó la JEP en un comunicado.
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Ahora, las magistradas que se apartaron de la decisión no tienen reparos frente a la mayoría de los hechos, que además han sido reconocidos ante las víctimas por los exmiembros de la guerrilla imputados. A su juicio, los problemas que tiene el más reciente auto de la Sala de Reconocimiento son más técnicos. Por ejemplo, la magistrada Julieta Lemaitre escribió que salvaba el voto por tres razones: por los problemas que ve en la metodología del caso, porque habría errores en los delitos que fueron imputados, así como en el nivel de participación que concluyó la Sala que tuvieron los diez exFarc en los crímenes.
“Sorprende que después de cinco años de instrucción el auto solo determine los hechos y conductas respecto a dos de las seis estructuras de las Farc-Ep que operaron en el área”, cuestionó la magistrada sobre la imputación. Además, en otros casos, como el 01, la JEP ha demostrado la influencia que tuvo el frente 6 en los municipios del sur del Valle y norte del Cauca, pero ningún miembro de esa estructura de la guerrilla fue vinculado en este escrito. Lemaitre asegura que esto deriva en una “imputación parcial” que no es apropiada porque no se corresponde con el trabajo contrarreloj que debe hacer la JEP.
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Asimismo, la magistrada cuestiona la decisión de su colega Sánchez de imputar hechos de violencia sexual en un escrito aparte, que según ha dicho presentará más adelante. Esta decisión ha sido también criticada por organizaciones que representan a víctimas y por la Procuraduría. “Esta inadecuada metodología tiene además un efecto preocupante en la asignación de recursos de la JEP. Se trata de recursos públicos y finitos”, añade el salvamento de voto, pues la imputación de la Sala de Reconocimiento posterga indefinidamente la vinculación de otros actores y, en consecuencia, el cierre del caso.
De otro lado, el salvamento asegura que la Sala de Reconocimiento cometió una “imprecisión” al concluir que los diez exmiembros de las Farc eran coautores mediatos, en lugar de coautores. El tecnicismo jurídico se refiere a que, tal y como quedó la imputación asegura que estos mandos medios actuaron como un “hombre de atrás”. En contraste, la magistrada Lemaitre considera que, tal como ha establecido la JEP previamente, “los mandos medios usualmente tuvieron una intermediación directa en la ejecución de las ordenes de las instancias superiores a través de su dirección en el plano territorial”.
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Finalmente, la magistrada cuestiona la calificación de las conductas. Por ejemplo, la Sala de Reconocimiento concluyó que varios asesinatos de líderes indígenas y afros, así como la salida del territorio de cientos de civiles constituían los delitos de lesa humanidad de persecución y traslado forzoso de la población, respectivamente. Pero a juicio de Lemaitre no hay evidencia de que lo primero ocurriera por motivos discriminatorios, y en lo segundo mezcla casos de desplazamiento por amenazas con salidas del territorio de personas que no comulgaban con el “autoritarismo” de la guerrilla.
Lemaitre añadió que esta serie de “errores” también se presentaron con otros cuatro delitos: el de asesinato, el de ataques a bienes civiles, el de reclutamiento y el de daño al medio ambiente. En el caso del delito de reclutamiento de niños y niñas la secundó en sus reparos la magistrada Lily Rueda. Por otra parte, la magistrada Catalina Díaz cuestionó en sala los argumentos frente al delito de daño al medio ambiente, pues a su juicio las conductas que se describen parecen más bien haber sido, por ejemplo, actividades de minería ilegal de las que las Farc se lucró a través de extorsiones.
El problema es que esas conductas podrían ser amnistiables y no delitos de guerra para la época en la que fueron cometidas, explica Lemaitre en su salvamento. Si bien la defensa de los diez exmiembros de las Farc puede echar mano de estos argumentos para apelar la imputación de la JEP, lo cierto es que la Sala de Reconocimiento solo tiene la facultad de determinar hechos y la discusión de fondo, sobre qué delitos son, debe zanjara al Tribunal para la Paz. Así ocurrió con la imputación a las antiguas Farc por el delito de esclavitud en el caso de secuestro y, probablemente, este caso siga el mismo curso.
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