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El nombre de Juan Esteban Mejía, un periodista de Medellín quien durante un tiempo trabajó como corresponsal de la revista Semana, saltó a los titulares de noticias en 2015. El médico general, Carlos Ramos Corena, lo denunció por injuria después de que en 2011, Semana publicara un artículo titulado “El médico de las barbies”, en el que no solo cuestionaban sus títulos como cirujano, sino también como médico. A pesar de que la revista rectificó la información y asumió plena responsabilidad por el error cometido, el médico Ramos Corena no dejó descansar el tema. Esta semana, el Juzgado Noveno Penal Municipal de Conocimiento de Bogotá lo llamó a audiencia para acusarlo formalmente. (Lea: Esteban Mejía de denunciante a imputado)
El artículo de Mejía fue uno de los primeros en poner el dedo en la llaga de los títulos engañosos de miles de cirujanos en el país, cuya convalidación por parte del Ministerio de Educación ha levantado numerosas voces de protesta. En él, el periodista denunciaba que el médico Carlos Ramos Corena habría causado la muerte de dos mujeres y que al menos diez habrían sufrido lesiones tras ser operadas por él. El problema fue que quienes estaban a cargo de la edición del artículo escribieron que Ramos Corena no contaba con título de médico general, afirmación falsa que la misma revista Semana reconoció en la rectificación de la nota.
No obstante, el proceso avanzó, y fue así como en junio 16 de 2015, la Fiscalía le imputó cargos a Juan Esteban Mejía por el delito de injuria. La imputación causó la indignación del gremio periodístico. La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) señaló en su momento que dicha imputación era un “el uso de los recursos judiciales que buscan silenciar a la prensa, como ocurre en este caso, constituye en una forma de censura porque el objetivo no es la obtención de una sentencia, sino que la prensa deje de hacer cuestionamientos sobre un determinado asunto”.
Además, mientras se iniciaba un proceso judicial contra un periodista por un error que él no cometió, las investigaciones contra el médico al que Mejía expuso apenas se movían en la Fiscalía. Solo hasta el 29 de abril de 2016, a Ramos Corena le imputaron cargos por los delitos de estafa, lesiones culposas y falsedad en documento privado, por las heridas que le causó a Paula Andrea Restrepo, una mujer colombocanadiense que tras operarse en el quirófano de Ramos Corena, tuvo serias complicaciones en los pechos, abdomen y brazos, las partes de su cuerpo que el supuesto cirujano había intervenido. (Lea: Imputan cargos al “médico de las barbies”)
Fue por esos días, en abril pasado, cuando el proceso contra Juan Esteban Mejía parecía llegar a su fin. En la audiencia programada, la fiscal delegada solicitó al juez la preclusión de la investigación en contra del comunicador, al considerar que, tras la rectificación del director de la revista Semana, Alejandro Santos, era él quien debía asumir “la responsabilidad del error detectado en el artículo en cuestión para los efectos legales del caso”.
No obstante, el juez no admitió la solicitud de la Fiscalía, y el proceso contra Mejía sigue su curso. Esta semana al periodista le llegó una notificación en la que solicitaban su asistencia a la audiencia de acusación en el Juzgado Noveno Penal Municipal de Conocimiento de Bogotá, para acusarlo del delito que ya le imputaron. El periodista le dijo a El Espectador: “Me ha llamado mucho la atención en este proceso que todo este tiempo la Fiscalía ha intentado precluir dos veces: una antes de la acusación y otra ahora, y en cada intento llega un funcionario nuevo que la impide”.
En el primero caso, le explicó Mejía, fue por la llegada de un nuevo fiscal que solicitó acusarlo, y en el segundo el juez que negó al ente acusador la petición para acabar esta investigación. Mejía agregó que si bien siente un “gran respeto” por las instituciones y la autonomía de jueces y fiscales, en el proceso en su contra “se ha hecho evidente que en realidad la Fiscalía no tiene los suficientes elementos para continuar”, y no obstante, el proceso sigue andando en los juzgados.